Posponen votación sobre transgénicos
Por Samuel Mayo y Renzo D’Alessandro, Milenio, 28 Mayo de 2012
Pudo frenarse en el último momento esta reforma impulsada, según especialistas, por intereses privados y corporativos que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de México.
San Cristóbal de las Casas • El 14 de mayo pasado, 19 hombres decidieron cambiar el rumbo de la producción agrícola en México. Con sus firmas, los miembros de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados ratificaron la minuta sobre la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), la apuesta más firme por la privatización de las semillas en el país.
Cuatro meses antes, en noviembre de 2011, la reforma fue aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados para su debate en el pleno. Los senadores argumentaron la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones sociales en México, como son el aumento de población o la reducción de la superficie agrícola, entre otros factores.
No hubo ninguna consulta a productores, científicos ni académicos del país, pero la decisión de los senadores ponía en jaque al sistema productivo agroalimentario de 30 millones de mexicanos que dependen de la tierra para vivir. “Estamos ante un atraco contra las variedades nativas, contra todo lo que hemos ido trabajando durante miles de años”, afirma el doctor Alejandro Espinosa, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Espinosa pasó tres días en la Cámara de Diputados tratando de aplazar la votación y el “sí” definitivo a la reforma. Estaba nervioso y expectante. “Les dije que se tocaran el corazón y la conciencia como mexicanos, que si votaban esta ley estarían propiciándole a México un mal terrible”, recuerda. Y lo consiguió. El 26 de abril, “después de una álgida discusión con legisladores”, se consiguieron las firmas necesarias para retirar la minuta de la orden del día. La votación se pospuso hasta nuevo aviso. Los opositores respiraron.
Ante un momento trascendental en el devenir de los modos de producción en el país, M Semanal expone la opinión de cuatro investigadores vinculados al estudio de variedades vegetales como el maíz, producto del que dependen más de 10 millones de mexicanos para su subsistencia diaria. Sus voces coinciden en algo: la reforma está impulsada por intereses privados y de grandes corporativos que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de México.
Puntos clave de la reforma
La LFVV se creó en 1996 con el objetivo de establecer las bases para la protección de los derechos de obtentor, es decir, de aquellos que desarrollen y mejoren variedades vegetales a partir de las ya existentes.
La ley provocó entonces interpretaciones contrapuestas. Para algunos especialistas, se trataba de una regulación necesaria para poner orden al flujo comercial de la producción agrícola; para otros, la atribución de derechos significaba ceder terreno a grupos empresariales que podrían estandarizar el uso de cultivos comerciales en detrimento de las variedades de uso común, desarrolladas por la población indígena y campesina.
“En México hay una gran diversidad que ha ido cambiando con base en un manejo comunal que es esencial para mantener la capacidad de adaptación de la semilla a las dinámicas sociales y ambientales. Pero este manejo comunal está siendo alterado sin consultar, violando los derechos indígenas y originarios de México”, afirma Elena Álvarez Buylla, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular del Instituto de Ecología de la UNAM.
La doctora Álvarez desarrolla estudios genéticos en plantas desde los años ochenta. Premiada por la American Society of Naturalists y la Academia Mexicana de Ciencias, Álvarez pone en tela de juicio el uso del conocimiento científico para facultar este tipo de leyes. “Más que proteger los recursos genéticos, la nueva ley otorga a las empresas títulos de propiedad para ejercer un mayor control sobre los acervos genéticos”.
La reforma a la LFVV, ahora en la Cámara de Diputados, pretende fortalecer los derechos del obtentor y penalizar el uso comercial y reproductivo de las variedades sujetas a derechos de propiedad (artículo 5 bis). Si la semilla que desarrolla el campesino tuviese genes de una variedad sujeta a derechos de propiedad, este campesino podría ser sancionado económicamente con hasta 20 mil días de salario mínimo (más de un millón de pesos). A través de esta ley, manifiesta Espinosa, el campo mexicano podría someterse a las reglas y la oferta alimentaria impuesta por la empresa privada.
