Posponen votación sobre transgénicos

Amenaza a la biodiversidad

México es el principal centro de origen de productos como el maíz. Durante más de tres mil 500 años las poblaciones nativas han consumido y desarrollado cientos de variedades, 75 por ciento de la cuales se mantienen aún están en manos del campesino.

El germoplasma de las variedades nativas tiene un vigor único, capaz de resistir a condiciones climatológicas y geográficas adversas. Pero la nueva ley no sólo ignora estos acervos, sino que promueve el ingreso de empresas privadas que puedan poner nombre y apellidos a las variedades, acaparar estos recursos e invadir el suelo cultivable de México con semillas comerciales, transgénicas o no.

“Las leyes se dirigen a reducir los derechos de los agricultores introduciendo patentes en el caso de los transgénicos. No es descabellado pensar que en un periodo de 40 a 80 años los agricultores no tengan semilla propia y todas estén en manos de esos intereses privados”, afirma el doctor Hugo Perales Rivera, director de la División de Sistemas de Producción Alternativos del Colegio de la Frontera Sur.

Doctorado en la Universidad de California en 1998, Perales Rivera investiga desde hace 32 años aspectos relacionados con la conservación de los recursos genéticos del maíz en estados del sur de México. Perales se refiere entonces a la resistencia de las variedades desarrolladas por campesinos, aptas, por ejemplo, para alturas mayores a los mil 400 metros sobre el nivel del mar, donde las semillas comerciales no pueden resistir.

“Desde este punto de vista hay una ignorancia extrema del gobierno sobre la importancia que tienen las semillas nativas. Las estructuras del sistema de semillas son a escala comunitaria, pero la ley no está preocupada por eso. Esa semilla no es importante porque, para el gobierno, la comercial siempre será mejor”, afirma.

Entre las razones del Senado para promover la reforma se encuentra la adhesión de México al Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), revisada en 1991. El sistema UPOV surgió para reconocer en todo el mundo derechos de los obtentores sobre sus variedades; en otras palabras, crear un marco legal para que las trasnacionales puedan acceder a los distintos mercados y así llegar a homogeneizar el sistema de variedades vegetales.

“¿Qué implica sumarse a esa acta? Que se descobijarían y no se podrían proteger los recursos filogenéticos; es un acta que no va en paralelo con otras leyes mexicanas, porque en México no se patentan los seres vivos”, afirma Espinosa.

Los derechos de semilla, según Perales, empiezan a ser “patentes de semilla”, un fenómeno avanzado en Europa o Estados Unidos, donde los agricultores tienen que pagar a compañías privadas por la reproducción de una variedad. “Poco a poco vamos nos dirigimos hacia allá. México tiene más población campesina, y, sin embargo, están empujando un proceso de privatización para que esta semilla pase a intereses privados”.

“Beneficio” de la ley

La reforma de ley (artículo 49) prevé penalizaciones por comercializar o reproducir variedades sin la autorización del obtentor. Las sanciones oscilan entre los 200 y 20 mil días de salario mínimo, y la clausura parcial o definitiva de los lugares donde se hayan cometido las infracciones. Para vigilar el cumplimiento de la ley, la reforma fortalece las facultades del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, responsable último de decidir sobre la expedición de los títulos de obtentor.

Un ejemplo cercano de los efectos penalizadores se da en Estados Unidos, donde Monsanto, principal proveedor de tecnología y productos agrícolas en el mundo, demandó a más de dos mil agricultores por violación a la leyes de la propiedad privada. Campesinos que explotaban libremente su propia semilla, hoy luchan por evitar la cárcel.

Para el 2008, el 82 por ciento del mercado global de semillas estaba bajo propiedad intelectual (patentes o certificados de obtentor), y sólo tres empresas: Monsanto, Syngenta y DuPont (los mayores productores de transgénicos), controlaban 47 por ciento del mercado. La presencia de Monsanto en México es ya una realidad: en 2005 compró el principal banco de semillas del país, Seminis, operación con la que pudo acceder al germoplasma y suministro de tres mil 500 variedades de semillas.

“Si Monsanto toma una variedad y le mete un transgeno, reclama propiedad sobre todo el genoma. Lo podrías pelear si tuvieras un equipo de 40 abogados, pero el campesino no tiene esta posibilidad”, afirma el antropólogo Ronald Nigh Nielsen, de la Universidad de Stanford y miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.