Posponen votación sobre transgénicos
Nigh alerta sobre la amenaza y el soporte que este tipo de leyes otorga a los cultivos transgénicos. El seis de marzo de 2009, un decreto presidencial puso fin a la moratoria que prohibía la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en México, por ser centro de origen. A partir de ahí, el gobierno mexicano no tardó en autorizar proyectos experimentales en estados como Sinaloa, Tamaulipas o Sonora. Monsanto se encontraba entre los beneficiados.
“Hay muchas solicitudes para la siembra de maíz transgénico, y el gobierno está en disposición de autorizarlas. Ni las compañías ni los agricultores van a asumir responsabilidades respecto a contaminación o escape de sus materiales. Los transgénicos reducen costos, pero no van a compensar el costo que va a tener para la sociedad”, afirma Perales.
Aunque la biotecnología genética es expuesta por el gobierno como un medio para generar una agricultura más productiva y reducir la pobreza, para muchos científicos el objetivo no es otro que generar beneficios. “La ciencia real, la que no traiciona un valor epistémico por un valor económico, tiene soluciones totalmente distintas, que no requieren de estas leyes y que, justamente, estarían asentadas en un intercambio de conocimientos mucho más integrativo, sistémico y dinámico”, afirma Elena Álvarez.
Las corporaciones buscan que los agricultores compren los insumos más recientes y se prohíba la compra o venta de semillas con derechos de propiedad intelectual (llamados custodios, propietarios u obtentores), bases de la nueva reforma de ley. Para muchos investigadores, la desigualdad y la falta de acceso a la comida o la tierra son las causas reales del hambre. Pero ninguno de estos factores está contemplado en la reforma, una ley ratificada por 19 hombres que pueden decidir el destino alimentario de 114 millones de mexicanos.
