Subsidios al Campo: Cuatro Conclusiones

Por Jonathan Fox y Libby Haight, La Jornada del Campo, Septiembre 18, 2010

La serie de estudios publicados por el nuevo libro Subsidios para la desigualdad: Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio analiza los programas de subvenciones agrícolas en México, y deriva en cuatro conclusiones centrales:

1.- Mientras el gasto federal agrícola en México casi se duplicó entre 2001 y 2008, el empleo agrícola cayó notablemente. Durante los años 90s, de toda América Latina, México fue el que destinó una mayor proporción de su presupuesto al agro. Por sí solos, los pagos directos a productores sumaron 20 mil millones de dólares desde 1994 (en dólares de 2009). Aun así, el país perdió 20 por ciento de sus empleos agrícolas entre 1991 y 2007, al pasar de10.7 millones a 8.6 millones. Una comparación entre los censos agrícolas de 1991 y 2007 muestra que el número de empleos creados en el sector agro-exportador fue mucho menor que el de los perdidos en la economía campesina.

Además, entre 1990 y 2008 el peso relativo de la agricultura en la Población Económicamente Activa cayó de 23 a 13 por ciento. Pero en 2008 la población rural todavía representaba 23.5 por ciento del total nacional, ya que disminuyó mucho más despacio. Algo que subyace de la creciente brecha entre ambos indicadores es que millones de familias se han visto obligadas a separarse y desmembrarse, un proceso cuyos costos sociales y culturales son incuantificables.

La crisis en el empleo agrícola no puede atribuirse a la falta de gasto, sino que el fomento del empleo en el campo no ha figurado en las prioridades de política pública.

2.- En el sector agrícola la aplicación de reformas en materia de transparencia gubernamental y rendición de cuentas ha sido dispareja. En razón de su vasto alcance y gran complejidad, los programas agrícolas representan un reto formidable para las capacidades del Estado. De ahí que este tipo de reformas tengan un potencial considerable para mejorar el desempeño del sector público. Sin embargo, los programas agrícolas más importantes tienden a tener largas listas de metas, que no siempre son convergentes ni consistentes, lo cual maximiza la discrecionalidad de los tomadores de decisiones y la influencia de los intereses creados. En cumplimiento con los estándares mínimos que requiere la transparencia gubernamental, los dos mayores programas de subsidios directos mexicanos (Procampo e Ingreso Objetivo) parecen ser de entrada muy transparentes, ya que presentan en línea sus padrones de beneficiarios de manera muy detallada. Estos datos son suficientemente públicos para revelar que numerosos funcionarios reciben subsidios agrícolas. En la práctica, sin embargo, siguen siendo bastante opacos. La imprecisión de los datos oficiales impide y vuelve confusa la tarea de averiguar cuántos productores realmente reciben pagos. Por otra parte, los muchos otros programas de subsidios no son ni siquiera transparentes en apariencia, lo cual incluye los pagos directos a grandes empresas y los importantes programas de inversión agrícola que manejan en forma descentralizada (y discrecional) los gobiernos de los estados.

La falta de sistemas consistentes de registro de productores y de claves únicas de beneficiarios impide que un analista pueda averiguar el monto total de apoyos que ha recibido cierto productor o empresa. Pero además, las dependencias agrícolas no cuentan con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sólo Procampo tiene un sistema de vocalías de pequeños productores, que en la práctica tiende más a representar a la dependencia ante estos últimos que a la inversa.

En síntesis, si bien los programas de subsidios agrícolas más importantes parecen ser bastante transparentes, en los hechos carecen tanto de transparencia como de rendición de cuentas.

3.- El Procampo, que fue diseñado para compensar pérdidas provocadas por el libre comercio y que ha sido ampliado hasta 2012, es (por mucho) el programa agrícola que llega a la mayor cantidad de productores de bajos ingresos. Procampo desembolsa pagos anuales a alrededor de 2.5 millones de productores, sobre todo de maíz con menos de cinco hectáreas de tierras de temporal. Es el programa agrícola mexicano más orientado a los pobres. Siguiendo un principio de pagos escalonados, el monto por hectárea cultivada que reciben los productores con menos de cinco hectáreas es ligeramente más alto que el que se entrega a los demás. Sin embargo, la asignación de recursos no es progresiva, ya que está diseñada para pagarle más a quienes cuentan con más tierra.

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