El TLCAN y el maíz: una reflexión a 20 años*

Sin embargo, un factor decisivo para el futuro del maíz ya se había anclado. Sorpresivamente el titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), Carlos Hank González, veterano y astuto político, anunció en enero de 1990, que habría precios diferenciales de maíz blanco y amarillo, dando un premio al blanco (aumentó en 37 por ciento mientras que el amarillo lo hizo en 15 por ciento). El diferencial de precio se mantuvo hasta 1993, dando fuertes incentivos a la producción de maíz blanco.

Frente a los tecnócratas, incluso de la Subsecretaría de Agricultura en la propia SARH (liderada por Luis Téllez) y desde luego de Secofi, la intervención de Hank González fue una jugada que entorpeció el proyecto global, y reflejó posiciones divergentes dentro del gobierno acerca del futuro de la seguridad alimentaria en relación con el maíz: la de los neoliberales ortodoxos, que argumentaban por el abasto de alimentos básicos baratos, entonces disponibles con los futuros socios del TLCAN, y la de la vieja guardia del Estado corporativo, a favor de incrementar la producción nacional de maíz blanco. Con esto, Hank se ganaba tanto a los grandes agricultores empresariales, como a los campesinos organizados con fines productivos, que habían apoyado, a fin de cuentas, el proyecto “modernizador” de Salinas.

Irónicamente, las organizaciones campesinas, algunas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), pilar histórico del PRI, y otras más independientes como Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), fueron marginadas incluso antes de que terminara el sexenio de Salinas. El juego del poder se inclinó hacia otros intereses, los del sector empresarial de agricultores y de la agroindustria.

Hoy las grandes extensiones de los distritos de riego de Sinaloa, son el “granero/maicero” que abastece el maíz para las tortillas de la población urbana del país. Contribuye con 25 por ciento de la oferta nacional, y se estima que con la mitad del maíz comercializado. Antes de las reformas a la política agropecuaria, no era así. El maíz que se comercializaba venía principalmente de Jalisco, Chiapas y Estado de México (el 39 por ciento de la producción en promedio, entre 1985 y 1989). Sinaloa sólocontribuyó con 6.9 por ciento en el mismo periodo. Con el apoyo de la SARH y precios relativamente favorables frente a los cultivos “liberalizados”, los agricultores empresariales de Sinaloa reconvirtieron grandes superficies de riego al maíz blanco. Cuando se firmó el TLCAN, Sinaloa ya había logrado rendimientos que competían con los agricultores de Estados Unidos, y cuando desapareció la Conasupo, a finales de los 90’s, Sinaloa había consolidado su posición como el abastecedor nacional en la cadena maíz-tortilla.

La agricultura campesina no abandonó el cultivo, pero difícilmente tenía los medios para mantenerse en el mercado nacional, salvo experiencias excepcionales y regionales. Se cultivaba para obtener el maíz para autoconsumo; para forraje del ganado, que era más rentable, y para los mercados locales y regionales, cuando había excedente. Estas estrategias explican por qué no disminuyeron radicalmente la superficie del cultivo y la producción en temporal. La geografía del maíz y la estructura de la oferta habían cambiado radicalmente.

El gobierno de Ernesto Zedillo persiguió la consolidación de las reformas del modelo global: en el caso del maíz, la desregulación y privatización de la cadena maíz-tortilla. Se cerró la Conasupo; se retiraron los subsidios que aún quedaban para el consumo de tortillas en las grandes ciudades, y se permitió la importación de maíz en cantidades importantes arriba de las cuotas acordadas en el TLCAN libre de arancel.

Recién iniciado el gobierno panista de Vicente Fox, agricultura y maíz eran de nuevo asunto de movilizaciones; la demanda era la renegociación del capítulo agrícola y la exclusión del maíz del TLCAN. Se trataba del futuro del campo y de los millones de pequeños productores, que eran la mayoría. El movimiento Sin Maíz no hay País fue el símbolo de las protestas. Como consecuencia, Fox finamente firmó la Ley de Desarrollo Rural Sostenible en 2003, y se aumentó sustancialmente el presupuesto de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Pero los beneficiarios fueron los grandes productores, corporaciones e intermediarios.

La cadena maíz-tortilla se consolidó con base en agentes privados. El TLCAN facilitó el libre flujo de mercancías y capital entre sus socios económicos, excepto la fuerza de trabajo. No obstante, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos fue en aumento hasta la crisis de 2008. La gran trasnacional mexicana Gruma (con la industria de harina Maseca en México), expandió sus inversiones en la Unión Americana para satisfacer la demanda de tortillas y derivados de la población hispana. Las gigantes empresas comercializadoras mundiales, como Cargill y Archer Daniels Midland (ADM), ocuparon el espacio que dejó la Conasupo; se establecieron como agentes intermediarios entre los grandes productores de maíz, la industria de tortilla y los grandes mercados regionales. Y, obviamente, los productores estadounidenses de maíz continuaron con exportaciones a México, liberado totalmente en 2008, de acuerdo con las reglas del TLCAN.

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