El TLCAN y el maíz: una reflexión a 20 años*

Por Kirsten Appendini, La Jornada, 16 de noviembre de 2013

En 2011 México importó 8.7 millones de toneladas de maíz, o sea la mitad de la oferta total del grano. Si bien ese fue el año del desastre climático que afectó las cosechas, principalmente en el noroeste, la dependencia alimentaria ha tendido a crecer desde la liberalización del maíz: se importó 39 por ciento de la oferta nacional en promedio en 2009-2011. Tan sólo entre 2005 y 2010, la tasa de incremento anual de las importaciones de maíz blanco fue de 40.5.

Por otra parte, el promedio anual de producción entre 2009 y 2011 fue de 20.2 millones de toneladas de maíz (principalmente blanco), cuando en 1990 fue de 14.6 millones. Logro nada despreciable en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En 1990, 20 millones de toneladas hubieran satisfecho la demanda interna de una población de 83.9 millones, pero en 2010 los habitantes sumaban ya 112 millones. La producción nacional actual se logró con base en el crecimiento de los rendimientos en las tierras de riego, mientras que la superficie sembrada total se mantuvo alrededor de 7.8 millones de hectáreas.

¿Es que fueron erróneas las previsiones que hicieron los tecnócratas neoliberales “optimistas” o los anti-TLCAN defensores de la exclusión del maíz en el capítulo agropecuario –“pesimistas”-, sobre el desplome de la agricultura maicera una vez entrado en vigor el TLCAN? Previsión que compartían ambos lados del debate en torno al TLCAN y el maíz.

La estrategia para lograr la eficiencia y competitividad en la agricultura fue el programa de “modernización para el campo mexicano”, que lanzó en 1990 el entonces presidente Carlos Salinas. Su instrumentación fue bastante más compleja. En un momento en que aún se cuestionaba la legitimidad electoral del gobierno, no se podía ignorar al campesinado organizado, cuya mayoría había sido un pilar de los sucesivos gobiernos (del PRI). Salinas debía construir los acuerdos con los grupos organizados para realizar los cambios institucionales necesarios para lograr las reformas de la política agrícola: el fin de apoyos a la producción y comercialización con recursos públicos –crédito, asistencia técnica, precios de garantía, empresas paraestatales específicas- y las reformas a las leyes que regían la propiedad social – el Artículo 27 constitucional-. Reformas que antecedían las condiciones de la firma del TLCAN.

Este proceso no estuvo libre de tensiones. Para mitigarlas, el gobierno promovió una política de concertación que apoyaba proyectos productivos de grupos de productores organizados, pero fueron acciones muchas veces específicas y para actores focalizados, lo cual dividió y mantuvo a productores y organizaciones en una situación de fragmentación e incertidumbre. Finalmente, se lanzaron los grandes programas para el campo que definirían los recursos al sector –a manera de transición-. Fueron resultado del proceso de negociación para tener un consenso, o por lo menos fragmentar la oposición al modelo global: el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo); el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede).

En el caso del maíz, interesa en particular el Procampo, anunciado en 1993. El programa fue agitadamente debatido, pero al final los productores, incluyendo el sector campesino, lo aceptaron. Se “vendió” con el discurso “campesinista” como un subsidio incluyente, ya que beneficiaría a todos los productores, y no sólo a aquellos que vendían a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo); para los grandes, era una buena renta por cada hectárea.

El año 1993 fue clave, se negociaba el capítulo agropecuario para el TLCAN, a pesar del reclamo de importantes sectores del campesinado organizado y de la sociedad civil en contra de su inclusión en el Tratado. Para la agroindustria y los grandes productores pecuarios, incorporar al maíz y granos y oleaginosas en general era clave para abaratar los insumos que utilizaban. Obviamente, este sector concordaba con la posición oficial, en particular de la entonces llamada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), que estaba al frente de las negociaciones. Se logró, no obstante, calificar tres cultivos como sensibles a la liberalización inmediata: maíz, frijol y leche en polvo. Un periodo de 15 años fue otorgado al maíz, con una cuota de importación libre de arancel para el promedio histórico de importación, y una tarifa que comenzó en 215 pesos por tonelada y disminuiría progresivamente hasta liberar totalmente en 2008, ¡fecha lejana en 1993/1994!

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