El agua de México, botín de empresas privadas, denuncian ante el Tribunal Permanente de los Pueblos
Por Alfredo Acedo, Programa de las Américas, 24 de septiembre de 2013
Centenares de integrantes de organizaciones en lucha contra emergencias socio-ecológicas y en busca de justicia ambiental participaron en la pre audiencia nacional del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, sobre la devastación del sistema hídrico, realizada en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 20 de septiembre.
Con sede en Roma e inspirado en el Tribunal Russell que juzgó los crímenes de la guerra de Vietnam, el TPP se concibe como un “tribunal de conciencia” que a pesar de no emitir dictámenes vinculantes, busca sacar a la luz pública las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos, coordinar y dar espacio a la denuncia ciudadana y presionar a los estados para que asuman la responsabilidad por sus actos.
El capítulo México del TPP juzga la desviación de poder del estado mexicano en beneficio de empresas nacionales y extranjeras y su agresión a la mayor parte de la sociedad, específicamente en los siguientes ejes: violencia estructural e impunidad en contra del pueblo, violencia en contra de migrantes, crímenes contra las mujeres, violencia laboral, violencia contra la agricultura y el maíz nativo, devastación ambiental y violencia simbólica en el manejo de los medios informativos; una realidad de desastre social y ambiental generada sobre todo a partir de la imposición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha convertido al país en un edén para las trasnacionales.
Los casos acreditados permitirán acciones legales posteriores tanto en ámbitos judiciales del país como internacionales.
Emergencia nacional del agua
Se presentaron trece casos en la pre-audiencia, con el objeto de mostrar documentadamente sus experiencias de destrucción de las cuencas hidrológicas que conllevan innumerables agravios para pueblos y comunidades, violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, afectaciones a la salud de las personas y del medio ambiente y una escandalosa falta de acceso a la justicia.
Representantes de las organizaciones sociales y ONG de varias regiones del país llegaron a denunciar sus casos, la gran mayoría presentados por mujeres. Los casos se dividen en tres grandes bloques: de contaminación de aguas, de sobreexplotación de acuíferos y de trasvase de aguas.
La organización anfitriona, la Coalición en Defensa de la Cuenca Independencia (CODECIN) habló de la sobreexplotación de los acuíferos y afectaciones a la salud humana en la cuenca de la Independencia, en Guanajuato, en un caso ampliamente documentado y que contó con el testimonio de cinco mujeres de distintos pueblos en la cuenca.
La región del río Laja, con San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y cuatro municipios más, en un área de 7 mil km2 —que representa una cuarta parte de la superficie de la entidad—, presenta problemas de desertificación, agotamiento de mantos acuíferos y contaminación del agua por fluoruro y arsénico.
