El agua de México, botín de empresas privadas, denuncian ante el Tribunal Permanente de los Pueblos
Las aguas industriales representan el 80 por ciento de la contaminación que vierten ácido sulfhídrico y arsénico al caudal del río del cual “nadie en su sano juicio se atrevería a tomar agua”, según expresó un denunciante de la organización Un Salto de Vida, que sustentó el caso ante el tribunal popular, demandando castigar a las autoridades gubernamentales responsables de este ecocidio, declarar zona de emergencia ambiental a toda el área contaminada y aplicar medidas efectivas para limpiar el ambiente y devolver la vida al río.
Otra fuente de contaminación citada por el denunciante de Veracruz son las descargas y desperdicios de los rastros. El Río Atoyac de Veracruz, cuyo nacimiento se ubica en Amatlán de los Reyes, en la zona del Pico de Orizaba, está agonizando por esta polución y por la deforestación, además del saqueo indiscriminado de materiales pétreos de los lechos fluviales y la pérdida de biodiversidad.
Ahora se pretende bombear aguas del nacimiento del río a la ciudad de Córdoba para abastecer a 6 mil personas que no cuentan con servicio de agua potable, según justifica el gobierno, pero en realidad se trata de beneficiar intereses industriales, señalan los denunciantes, quienes exigen cancelar el proyecto de trasvasar agua del río a la ciudad.
Además de la deforestación y destrucción de manglares en la Riviera Maya, donde se encuentra el sistema de ríos subterráneos más importante del planeta y asiento de una cultura milenaria ahora marginada, hubo otros casos presentados y algunos quedaron pendientes porque los denunciantes no pudieron llegar a la sesión debido a los bloqueos viales causados por el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel.
En noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó una denuncia en el Tribunal Latinoamericano del Agua, contra los tres poderes y los tres niveles de gobierno por la destrucción del sistema hídrico nacional, con base en un trabajo de investigación y sistematización de casos y luchas que le llevó a la organización unos cinco años, e incluye la contaminación causada por empresas mineras, por el uso y abuso de agroquímicos y pesticidas y por la construcción de infraestructura inadecuada en las cuencas hidrológicas.
La ANAA sostiene que en los últimos 60 años se redujo en 75 por ciento la disponibilidad de agua potable para cada uno de los mexicanos y en los próximos 15 años esta disponibilidad disminuirá otro 75 por ciento.
Octavio Rosas, dirigente de la ANAA, afirma que en Guanajuato, debido a la irresponsabilidad criminal de Javier Usabiaga, magnate agroexportador y Secretario de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox, y otros empresarios y funcionarios, incluido el ex presidente, están instalando fábricas automotrices en la región, ocasionando una crisis de abastecimiento de agua para consumo humano, porque el líquido es desviado a la fabricación de automóviles de exportación, cuya producción de uno solo de ellos requiere 400 mil litros de agua.
