Conferencia de prensa sobre la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico

Por Semillas de Vida, 31 de marzo de 2014

  • El Poder Judicial Federal es cuestionado por MONSANTO
  • Molestia por el fallo que ratifica la suspensión de la siembra de transgénicos de maíz, en todo el país
  • La empresa que acumula un historial de daños a la humanidad y corrupción  pone en juicio la ética judicial

El pasado 28 de febrero del año en curso la compañía MONSANTO promovió un incidente de recusación en contra del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, titular del Segundo Tribunal  Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito. Este incidente tiene por objeto retirar al juzgador del juicio del maíz. La finalidad es que no sea el Magistrado Marroquín quien emita el fallo sobre el recurso de apelación, promovido en contra del desechamiento de la demanda de acción colectiva en vía difusa, presentada por 53 personas y organizaciones en defensa del maíz criollo y en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado (OGM).

MONSANTO acusa al juzgador de haber emitido su opinión sobre el fondo del asunto antes de dictar sentencia. Imputa al Magistrado que actúa de manera parcial y favorece, a través de sus fallos, a la colectividad actora en juicio. Es decir, la trasnacional pone en entredicho la ética profesional y la probidad del agente judicial, informó René Sánchez Galindo, Director de Colectivas A.C, organización encargada de la defensa legal del asunto.

A Monsanto le sale el «tiro por la culata», espetó Galindo, al afirmar que una acusación contra un magistrado federal, de una empresa trasnacional que ha sido mundialmente cuestionada por mentir a la población con publicidad engañosa y ocultar información sobre los daños que sus productos causan, y cuyos empleados ocupan altos cargos en gobiernos del globo; es tanto como otorgar una medalla al mérito del magistrado, «No se vendió, No fue contratado por la trasnacional y por eso hoy lo acusan».

Por su parte el Padre Miguel Concha Malo, defensor de los derechos humanos y parte de la colectividad que interpuso esta demanda señaló “Que desde el punto vista ético y de derechos humanos, hay correlación con la argumentación emitida por el juez, en efecto, el interés colectivo está por encima del interés particular de las empresas.” Explicó que la transnacional considera que el fallo del magistrado, por el que se mantiene firme la medida cautelar (que impide a MONSANTO obtener el permiso de siembra comercial de maíz OGM), es erróneo y tendencioso. Es un exceso de prepotencia, Monsanto considera poca justificación que el Magistrado funde su resolución en el interés social. En otras palabras, la empresa considera que es más importante su actividad comercial que la legítima duda que despertara  en el intelecto de un miembro del Poder Judicial de la Federación y la cual expreso de esta manera:

“[…] debe decirse que la mera posibilidad de que la liberación al ambiente de los OGMs ponga en riesgo la salud humana y la diversidad biológica, actualiza el peligro en la demora y ello es suficiente para estimar que la medida concedida por el juez en el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil trece, debe seguir produciendo sus efectos, al menos en lo que se recaba más información al respecto”. (1)

Abundó que existen instrumentos internacionales que hacen explícito el deber de las empresas de no violentar los derechos humanos. Entre los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos publicado por Naciones Unidas (2), los principios 7, 8 y 9 hacen referencia a prevenir posibles daños al medio ambiente, asimismo se reconoce la responsabilidad de las empresas de cuidar el medio ambiente y comprometerse con el usos de tecnologías inocuas para la vida de las personas y para la naturaleza.

Es evidente que las declaraciones de Monsanto contra el juez tienen implicaciones éticas, políticas, sociales y jurídicas en relación con el cuidado de la salud de las personas, la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza. El Estado debe proteger es el bien colectivo por encima del bien individual empresarial, y al proteger el bien colectivo está indudablemente protegiendo los bienes individuales.

Por su parte, Víctor Suárez Director de la Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y parte de la colectividad denunció que resulta sumamente preocupante y de un cinismo impensable que una empresa que tiene una larga historia de afrentas en contra de la humanidad ponga en tela de juicio a un magistrado por no dictar sentencia a su favor. Es indudable que la empresa está acostumbrada a tener funcionarios a modo y trabajando para ella, como lo ha quedado demostrado en el caso de del Secretario de Agricultura y de Medio Ambiente que han continuado interponiendo recursos en contra de nuestra demanda.