Por Dr. Joseph Mercola, Mercola, 26 de febrero de 2022.

HISTORIA EN BREVE

• En una revisión de la literatura y un metanálisis sobre los efectos de los confinamientos en la mortalidad por COVID-19, los investigadores descubrieron que los confinamientos tuvieron poco o ningún efecto en la mortalidad por COVID-19
• El Instituto Brownstone compiló más de 400 estudios que demuestran que los confinamientos, las restricciones y los cierres de negocios no lograron el objetivo deseado
• Un equipo de 12 investigadores de la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins, la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad de Oxford y otras instituciones, destacaron las razones por las que los mandatos de las vacunas antiCOVID-19 han sido contraproducentes y dañinos
• Los mandatos de la vacuna antiCOVID-19 podrían provocar oposición y atrincheramiento, disonancia cognitiva, estigma, chivo expiatorio y desconfianza
• Si no está de acuerdo con las restricciones y mandatos del COVID-19 en su área, llegó el momento de alzar la voz en una protesta pacífica

Científicos de todo el mundo se han obsesionado en investigar los confinamientos y los mandatos de la vacuna que caracterizaron la respuesta a la pandemia de COVID-19. Una y otra vez, los resultados confirman lo que muchas personas sabían desde el principio que estos esquemas totalitarios no funcionaron y podrían haber causado más daño que bien.

A pesar de la evidencia tan clara, los funcionarios de salud y los académicos aún defienden las medidas draconianas. Es difícil admitir irregularidades, en especial de esta magnitud, pero tarde o temprano se sabrá que, como dijo Jeffrey Tucker, fundador y presidente del Instituto Brownstone, “estas intervenciones convirtieron una pandemia manejable en una catástrofe”.¹

Cientos de estudios demuestran que los confinamientos no funcionaron

Las políticas de salud pública que restringen el movimiento, prohíben los viajes internacionales y los cierres escuelas y negocios, por lo general también conocidos como confinamientos, se implementaron en todos los países del mundo durante la pandemia, comenzaron en China, luego en Italia y así sucesivamente.

Los modelos informáticos simulados realizados por investigadores del Imperial College London en 2020 sugirieron que los confinamientos reducirían la mortalidad por COVID-19 hasta en un 98 %,² una estimación que hizo que muchos estudiosos se sorprendieran, pero que por desgracia eso no dio resultados.

En una revisión de la literatura y un metanálisis de los efectos de los confinamientos en la mortalidad por COVID-19, investigadores del Instituto Johns Hopkins de Economía Aplicada, Salud Global y el Estudio de Empresas Comerciales, la Universidad de Lund y el Centro de Estudios Políticos en Copenhague, Dinamarca, se reveló que los confinamientos tuvieron poco o ningún efecto sobre la mortalidad por COVID-19.

El metanálisis incluyó 24 estudios separados en tres grupos: estudios de índice de rigor de bloqueo, estudios de orden de refugio en el lugar (SIPO) y estudios de intervención específica no farmacéutica (NPI). Descubrieron:³

“Un análisis de cada uno de estos tres grupos respalda la conclusión de que los confinamientos tuvieron poco o ningún efecto sobre la mortalidad por COVID-19. En específico, los estudios del índice de rigurosidad descubrieron que los confinamientos en Europa y Estados Unidos solo redujeron la mortalidad por COVID-19 en un 0.2 %.

Los SIPO también fueron inefectivos, ya que solo redujeron la mortalidad por COVID-19 en un 2.9 % en promedio. Los estudios específicos del NPI tampoco encontraron evidencia de efectos notables en la mortalidad por COVID-19”.

El Instituto Brownstone reunió más de 400 estudios que demuestran que los confinamientos, las restricciones y los cierres no cumplieron con lo prometido.⁴ Entre ellos se encuentra un estudio realizado por el Dr. Gilbert Berdine, profesor asociado de medicina en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas.

Utilizó datos sobre las tasas diarias de mortalidad por COVID-19 para rastrear el curso de la pandemia en Suecia, Nueva York, Illinois y Texas, cada uno de ellos utilizó diferentes respuestas a la pandemia, y sugirió que los confinamientos podrían convertirse en “el peor error que los políticos tomaron durante esta generación”. de esta generación.”⁵ Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan tenido efectos notables. Aunque no lograron reducir las muertes por COVID-19, tuvieron un impacto en otras medidas de salud pública:⁶

“Si bien este metanálisis concluye que los confinamientos han tenido poco o ningún efecto en la salud pública, impusieron enormes costos económicos y sociales en lugares donde se implementaron. En consecuencia, las políticas de confinamiento son erróneas y se deben rechazar como un instrumento de la política pandémica”.

Los verificadores de hechos intentan defender los confinamientos

Cuando el metanálisis de Johns Hopkins recibió algo de atención de los medios, hizo que los principales medios de comunicación y los “verificadores de hechos” entraran en acción para refutar el estudio.

Entre ellos estaba el Science Media Center (SMC),⁷ variaciones de las cuales existen en varios países, incluyendo el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, con la misión informada de proporcionar “información científica de alta calidad” a los periodistas. Su misión, como se indica en su sitio web, es la siguiente:⁸

“Por el beneficio del público y de los legisladores, proporcionar información precisa y respaldada por evidencia sobre ciencia e ingeniería a través de los medios de comunicación, sobre todo en noticias controvertidas y titulares mientras hay una enorme confusión y desinformación”.

Pero el SMC no es una agencia de noticias independiente como dice ser, ya que algunos de sus principales financiadores son una red de interesados de alto nivel con agendas mundiales, incluyendo Wellcome Trust, GlaxoSmithKline, CropLife International, Sanofi y AstraZeneca.⁹

Tucker se burló de un comentario muy arrogante en el artículo de SMC: un comentario de Seth Flaxman, profesor asociado en el departamento de informática de la Universidad de Oxford, quien dijo:¹⁰

“Fumar causa cáncer, la tierra es redonda y ordenar a las personas que se queden en casa (la definición correcta de confinamiento) disminuye la transmisión de enfermedades. Nada de esto es controvertido entre los científicos. Es casi seguro que un estudio que pretenda demostrar lo contrario, sea catalogado como algo imperfecto”.

Pero categorizar los confinamientos como algo incontrovertibles, como el hecho de que fumar causa cáncer, es incorrecto. Sin embargo, el trabajo de Flaxman se cita en defensa de los confinamientos, a pesar de que no tiene experiencia en medicina. Tucker escribió:¹¹

“¿Se da cuenta cómo funciona esta retórica? Si cuestiona su afirmación, no es un científico; lo que significa que no acepta la ciencia… Decir que esto no es controvertido es ridículo, ya que tales políticas nunca antes se habían intentado a esta escala. Tal política no es en absoluto como una afirmación causal establecida (fumar aumenta el riesgo de cáncer) ni una mera observación empírica (la tierra es redonda). Está sujeta a verificación.

Flaxman todavía afirmaría lo contrario después de que toda la experiencia demuestra que no observa la realidad sino inventa dogmas según su propia intuición. Flaxman podría decir que está seguro de que la transmisión podría haber sido mayor si no se hubiera ordenado a las personas que se quedaran en casa, y puede haber entornos en los que eso sea cierto, pero no está en posición de comparar esta afirmación con la idea de que ‘la tierra es redonda.’

El dogma de ordenar a las personas que se queden en casa, siempre que reduce la propagación no proviene de la evidencia sino del modelado al estilo Flaxman más una notable capacidad para ignorar la realidad.”

Mandatos contraproducentes y perjudiciales de las vacunas

La rápida aparición de mandatos de la vacuna antiCOVID-19, pasaportes de vacunas y restricciones basadas en el estado de vacunación tampoco tiene precedentes y generó controversia por motivos éticos, científicos y políticos.

Un equipo de 12 investigadores de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad de Oxford y otras instituciones describió las razones clave por las que estos mandatos han sido contraproducentes y dañinos.¹²

“Aunque las políticas de vacunas se destacan porque según ofrecen ‘beneficios’ con libertades para quienes toman una serie completa de vacunas antiCOVID-19, incluyen elementos que son punitivos, discriminatorios y coercitivos, incluyendo el condicionamiento del acceso a la salud, trabajo, viajes y los servicios sociales, el estado de vacunación en muchos entornos”, se lee en el documento de preimpresión.¹³

Se exploran cuatro dominios, con posibles consecuencias indeseadas de los mandatos de vacunación que se describen a continuación:

1. Psicología del comportamiento: Los mandatos de la vacuna antiCOVID-19 podrían causar oposición y atrincheramiento, disonancia cognitiva, estigma y chivo expiatorio, teorías de conspiración y desconfianza.
2. Efectos políticos y legales: Los mandatos de vacunación podrían socavar las libertades civiles, la polarización y la desunión en la gobernanza de la salud global.
3. Socioeconomía: Los mandatos de vacunación podrían causar disparidad y desigualdad, menor capacidad del sistema de salud y exclusión del trabajo y la vida social.
4. Integridad de la ciencia y la salud pública: Las consecuencias incluyen la erosión del consentimiento informado, la confianza en la política de salud pública y la confianza en la supervisión regulatoria

Los autores sostienen que segregar a la sociedad entre quienes se han vacunado y quienes no, mientras se restringe el acceso al trabajo y la educación en función del estado de vacunación, viola los derechos humanos que promueve la polarización social y afecta negativamente la salud y el bienestar. Esto es lo que señalan:¹⁴

“El haber implementado nuevas políticas de estado de vacunación provocó una reacción negativa, resistencia y polarización global y local en múltiples niveles que amenazan con escalar si persisten. Es importante enfatizar que estas políticas no son vistas como “incentivos” por proporciones sustanciales de poblaciones, en especial en grupos marginados, desatendidos o de bajo riesgo de contraer COVID-19.

Negar a las personas educación, sustento, atención médica o vida social a menos que se vacunen no parece coincidir con los principios constitucionales y bioéticos, en especial en las democracias liberales.

Aunque el apoyo público parece haberse consolidado detrás de estas políticas en muchos países, debemos reconocer que los marcos de derechos humanos se diseñaron para garantizar que los derechos se respeten y promuevan incluso durante las emergencias de salud pública.

Argumentamos que las actuales políticas de vacunación contra el COVID-19 deben reevaluarse a la luz de las consecuencias negativas que pueden superar los beneficios. Equilibrar las estrategias de empoderamiento basadas en la confianza y la consulta del público es un enfoque más sostenible para proteger a las personas con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por COVID-19, la salud y el bienestar de la población”.

Estudio de 2006: los confinamientos no funcionan

En 2006, los funcionarios de salud pública revisaron una lista de medidas de mitigación que podrían usarse en caso de una pandemia de influenza, junto con sus posibles repercusiones.¹⁵

No se recomendaron los confinamientos, incluidos la cuarentena y el cierre prolongado de escuelas, ya que según este principio primordial: “La experiencia ha demostrado que las comunidades que enfrentan epidemias u otros eventos adversos responden mejor y con menos ansiedad cuando no se modifica en lo más mínimo el funcionamiento social normal de la comunidad.”

En el caso de las cuarentenas, los investigadores explicaron que “no hay explicación” para poner en cuarentena a grupos o individuos, ya que plantea problemas “formidables”. “Los efectos secundarios del ausentismo y la interrupción de la comunidad, así como las posibles consecuencias adversas, como la pérdida de la confianza en el gobierno y la estigmatización de las personas y los grupos en cuarentena, también se tomaron en cuenta”, señalaron.¹⁶

El cierre de escuelas más allá de 10 a 14 días no se recomendó, a menos que todos los demás puntos de contacto, como restaurantes e iglesias, también estuvieran cerrados. Pero, señalaron, “Tales cierres generalizados, sostenidos a lo largo de la pandemia, casi con seguridad tendrían graves efectos sociales y económicos”.¹⁷

También desaconsejaron cancelar o posponer reuniones o eventos que involucren a un gran número de personas, explicando que “no es probable que cancelar o posponer reuniones grandes tenga un efecto significativo en el desarrollo de la epidemia” y “… el cierre de eventos públicos en toda la comunidad parece desaconsejable.”¹⁸ Aun así, escribió Tucker, “una década y media después, los gobiernos de todo el mundo optaron los bloqueos de todos modos”.¹⁹

Con el creciente reconocimiento de que los bloqueos fueron inútiles y las inyecciones de COVID-19 no funcionan como se dije, las personas entrando en un estado de rebeldía. Se suponía que las vacunas antiCOVID-19 nos darían la libertad y nos ayudarían a regresar a la vida antes de la pandemia, donde no utilizamos cubrebocas, no había confinamientos y cuando teníamos libertad, independientemente del estado de vacunación.

También se suponía que los bloqueos eran un medio para un fin: el fin de la pandemia que, dos años después, siguen implementándolos. Si no está de acuerdo con las restricciones y mandatos del COVID-19 en su área, ahora es el momento crear una protesta pacífica para impulsar cambios positivos en apoyo de la salud y la libertad de la población de todo el mundo.

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Por El Poder del Consumidor.

¿Por qué dejamos que las corporaciones que elaboran y comercializan los productos que son la principal causa de enfermedad y muerte tengan influencia en las políticas de salud pública?

Sobre El Conflicto de Interés

Hoy en día, las prácticas de seis industrias—alimentos y bebidas, alcohol, tabaco, farmacéutica, automotriz y armas de fuego— desempeñan un rol más dominante en la conformación de patrones de salud y de enfermedad que cualquier otra institución.

Las corporaciones han encontrado muchas maneras de utilizar su riqueza y poder para alcanzar sus metas comerciales y políticas a costa de la salud de la población. Las principales causas de enfermedad y muerte en muchas naciones están provocadas por estas corporaciones. Una estrategia importante de estas empresas es presentarse a sí mismas como un simple participante más en la sociedad, con la misma libertad para expresar sus puntos de vista y promover sus propios intereses como cualquier otro actor.

El conflicto de interés se presenta cuando:

1. Los roles públicos de las organizaciones o individuos entran en conflicto con sus intereses privados.
2. Una organización tiene que escoger entre seguir sus roles públicos o sus intereses privados (comerciales).

Existen tres tipos de conflicto de interés: científico, de política pública e ideológico.

1. Conflictos de interés científico: Sucede cuando la opinión pública se interesa en la evidencia que puede usarse para proteger la salud pública y ésta entra en conflicto con los objetivos privados de las corporaciones. Las corporaciones buscan generar dudas sobre la evidencia científica, quitar la responsabilidad de sus productos, buscando evitar las regulaciones, el daño a su reputación o perdidas comerciales.
2. Conflictos en la política pública: Cuando las corporaciones participan en el diseño, desarrollo y/o monitoreo de políticas públicas de salud con el objetivo de influir en ellas para que no afecten sus intereses comerciales.
3. Conflicto de Interés Ideológico: Ocurre cuando las corporaciones promueven ideas y valores que, afirman, mejorarán a la sociedad y contribuirán al progreso social, cuando en realidad su meta es promover sus propios intereses comerciales y políticos a costa del bien público.

Los gobiernos experimenten el conflicto de interés cuando sus representantes actúan en función del interés privado en lugar de actuar en el interés público bajo su cargo y asumen diversas conductas, como llenar los grupos consultivos de asesores con personas que representan el interés privado (corporativo)

¿Qué hacer para terminar con el conflicto de interés?

• No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus roles públicos y sus intereses privados, en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.

• Elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, organizaciones mundiales de salud, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.

• Reformar las reglas de participación política para equilibrar las condiciones y reducir cualquier rol privilegiado que las corporaciones desempeñen en las elecciones, la legislación, el litigio o cualquier otra deliberación de la política pública.

• Que los miembros del poder legislativo, ejecutivo y judicial se vean obligados a excusarse de la participación en el diseño de leyes, políticas públicas y procesos jurídicos cuando sus intereses personales, profesionales, familiares, etc. entren en contradicción con el bien público.

Desde el inicio de nuestra labor, hace 15 años, para impulsar las políticas públicas que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales y nacionales para enfrentar las epidemias de obesidad y diabetes, nos encontramos que el mayor obstáculo para su implementación era una muy bien orquestada y financiada estrategia por parte de las grandes corporaciones de los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas.

Las corporaciones han cooptado a la academia y las instituciones gubernamentales para evitar cualquier política que pueda afectar sus intereses.