México defiende en secreto la chatarra y los refrescos I

Por Daniela Barragán y Daniela Medina, Sin Embargo, 23 de febrero de 2015

Primera parte

“Somos lamentablemente una sociedad que padece de sobrepeso, de pocos hábitos para mantenernos sanos y sobre todo en enfermedades que son prevenibles y que mucho podemos hacer”, dijo el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto el pasado 31 de octubre de 2013, cuando presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

El mandatario anunció medidas que irían en tres ejes: Salud pública, Atención Médica y Regulación Sanitaria y Política Fiscal.

“Si logramos hacer un frente común entre autoridades, en quienes recae la primera responsabilidad para ser promotoras de este esfuerzo y la sociedad en su conjunto”, expresó.

Sin embargo, al mismo tiempo, en una oficina de la Secretaría de Economía, un funcionario de nivel de dirección tenía otros planes.

Poco después de las palabras del Presidente de México, a nombre del Gobierno de la República, la Secretaría a cargo de Ildefonso Guajardo Villareal defendió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), en secreto, a la industria refresquera y de alimentos procesados.

Y en un hecho en apariencia sin lógica, usó legalmente argumentos de las grandes corporaciones para ir en contra de un etiquetado conciso, aplicado por Ecuador, que permite al consumidor tomar decisiones informadas con respecto a lo que compra e ingiere.

De acuerdo con documentos obtenidos por SinEmbargo, la Subsecretaría de Comercio Exterior –dependiente de la Secretaría de Economía–, a través de la Unidad de Negociaciones Internacionales, presentó argumentos contra el etiquetado establecido por Ecuador para los productos más dañinos, como refrescos y  panecillos altamente procesados y endulzados. Esta defensa de las autoridades mexicanas no ha sido informada a los ciudadanos y, hasta donde se sabe, tampoco al Congreso de México.

La argumentación legal de México puede servir para que el etiquetado de Ecuador no se asuma en más países.

Las etiquetas ecuatorianas alertan claramente cuando un producto tiene excedentes de azúcares. Las mexicanas, en cambio, son confusas y favorecen a la industria, de acuerdo con organizaciones civiles –tanto de México como del extranjero– especializadas en salud.

“La argumentación legal planteada por México contra Ecuador sirve a la industria y, a su vez, irá en contra de los argumentos de las organizaciones de salud que alertan, desde hace varios años, que el mundo vive una crisis por el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcar, colorantes y/o transgénicos”, dijo una fuente a SinEmbargo.

El Estado mexicano ha tomado como propios los discursos de las grandes industrias, se puede apreciar en los documentos, aunque esto deje en segundo plano el derecho a la salud de sus ciudadanos, y ponga en entredicho el discurso presidencial.

No se conoce bien el objetivo que busca México con las recomendaciones incluidas en los dos documentos en los que defiende incluso a las tabacaleras, los altos índices de azúcares en alimentos, los transgénicos, la publicidad, una etiqueta que desinforma a los consumidores y, además, que pone en duda las investigaciones científicas a partir de las cuales países como Ecuador y Australia han emprendido acciones para detener la publicidad nociva y en el derecho a la información de las y los consumidores, coincidieron en entrevista con SinEmbargo distintos especialistas.

Javier Zúñiga, colaborador y asesor legal de la asociación civil El Poder del Consumidor, dijo cuando se le informó de la posición de México en la OMC:

“Hay un choque fuerte entre los intereses de lo que necesitan los consumidores y lo que busca el gobierno mexicano”.

Jurídicamente, los documentos no tienen la capacidad de frenar las políticas de los países mencionados. Para hacerlo, México debe comprobar las afectaciones al flujo del intercambio comercial con Ecuador y así, continuar con el proceso del Tratado Internacional, sobre el que justifica sus argumentos, así como revisar la reglamentación y las observaciones e, incluso, interponer demandas.

“Este hecho exhibe las prioridades de Gobierno mexicano: un discurso que defiende y que va a seguir defendiendo a la industria [refresquera y de alimentos chatarra]. México ya eligió lo que quiere ser. Ya eligió el discurso que le gustó […].

El efecto del documento es que fija la postura de un país que tiene serios problemas de obesidad y con enfermedades no transmisibles. Además, se hace patente que está dando la lucha contra un etiquetado que sería benéfico e inmensamente útil para los consumidores mexicanos”, declaró Zúñiga.

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