Al banquillo funcionario de Semarnat por aprobar siembras de transgénicos en 2012

Por Green Peace, Boletín 14053,  03 de julio de 2014

·        El Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat responde a Greenpeace que sí hay elementos para investigar al titular de la DGIRA, Alfonso Flores

·         El funcionario otorgó permisos en 2012 para siembra piloto y comercial de soya genéticamente modificada

Por violar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados al otorgar permisos para la siembra de soya transgénica en fases comercial y piloto para los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán en 2012 (1), Alfonso Flores Ramírez, actual titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), será investigado por el Área de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, como exigió Greenpeace desde 2012.

Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el 13 de junio de hace ya dos años, la organización ambientalista presentó ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Flores y otros servidores públicos (2) por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Bioseguridad de OGM, al haber ignorado las opiniones técnicas vinculantes (3) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que dictaminaron la inconveniencia de otorgar el permiso de liberación comercial de soya GM (4).

Posteriormente, el 7 de agosto de ese mismo año Greenpeace presentó otra denuncia en contra de Flores Ramírez por el otorgamiento del permiso de liberación piloto de soya GM bajo el mismo argumento. Ambas quejas quedaron registradas con el número de expediente 2012/SEMARNAT/DE10.

Finalmente, el Órgano Interno de Control de la Semarnat notificó a esta organización ambientalista -a través de un oficio con fecha del 10 de junio- que encontró “elementos probatorios suficientes que permiten presumir la existencia de presuntas irregularidades administrativas por parte de Alfonso Flores Ramírez” quien actualmente sigue siendo funcionario público en la misma DGIRA.

En 2012, la Conabio, el INE y la Conanp, órganos técnicos adscritos a la Semarnat, recomendaron a la DGIRA actuar con  cautela frente a dichas solicitudes, dado que el uso de glifosfato para las siembras de soya modificada representan un evidente riesgo de afectación a áreas naturales protegidas así como de afectación a la polinización (5).

“Lo que hizo el funcionario de la Semarnat fue faltar a sus obligaciones al violar los principios de legalidad e imparcialidad que rigen el servicio público, por lo merece ser sancionado de manera ejemplar, Flores debe ser destituido de su puesto e inhabilitado en el servicio público”, indicó María Colín, asesora legal de Greenpeace México.

“Hasta ahora, la irresponsabilidad mediante violación de leyes con la que los funcionarios actúan en numerosas ocasiones al otorgar permisos sin considerar los impactos negativos, ha sido una práctica acompañada de la impunidad.  Por ello esta investigación es fundamental y será muy útil para la defensa del medio ambiente que se lleve a cabo de manera que concluya en una sanción. Esto dejaría un precedente importante para que cualquier funcionario – en este caso de Semarnat- recuerde que su mandato es velar por el medio ambiente”, abundó Colín.

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos (art. 13) prevé sanciones que van desde la amonestación, la suspensión temporal del empleo, la destitución del puesto de plano, la inhabilitación temporal en el servicio público hasta por diez años cuando se cause daños o perjuicios a terceros.

Además de sancionar a los funcionarios que cometan estas irregularidades, Greenpeace exige que ante cualquier decisión en torno al otorgamiento de permisos de transgénicos se aplique el enfoque precautorio contenido en la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; así como en Protocolo de Cartagena, firmado y ratificado por nuestro país, donde se establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Notas

(1) Greenpeace  presentó una denuncia en contra de funcionarios de la Semarnat por emitir dictámenes en positivo para permitir a Monsanto la liberación al ambiente en etapa piloto de soya transgénica en los municipios de Campeche, Champotón, Hecelchakán, Holpechén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada en el Estado de Campeche; Othón Pompeyo Blanco, José Maria Morelos y Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Quintana Roo y Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin en el Estado de Yucatán, para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2011; así como la siembra comercial de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica -tolerante al herbicida glifosato- en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

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