Por Iván Restrepo, La Jornada, 09 de julio de 2012

El 15 de junio pasado el licenciado Calderón anunció haber revocado la autorización para que la empresa española Hansa Baja Investments construyera un enorme proyecto inmobiliario en una zona virtualmente virgen de Baja California Sur y carente de agua: Cabo Pulmo. Durante años los pocos habitantes del lugar, científicos de México y el resto del mundo, centros de investigación y organizaciones defensoras del medio ambiente, denunciaron que, entre otras cosas, ese proyecto era una amenaza para la formación de los arrecifes coralinos más importantes y conservados del norte del continente, además de no cumplir con la legislación ecológica vigente. El proyecto (Cabo Cortés se llama) contemplaba la construcción de 27 mil habitaciones entre residencias y hoteles, dos campos de golf, centros comerciales y demás áreas de servicio requeridos para un complejo que ocuparía casi 4 mil hectáreas. Agréguese una marina para 490 naves en las dunas costeras del llamado por Jacques Cousteau el Acuario del mundo.

El licenciado Calderón había puesto oídos sordos a las protestas nacionales e internacionales. Desatendió las decenas de miles de cartas enviadas a su despacho lo mismo por escolares que activistas y especialistas. Cerró los ojos a las muestras públicas de desaprobación del citado proyecto. Por su parte, los responsables de los asuntos ambientales del país, aseguraron que habían estudiado concienzudamente Cabo Cortés, estableciendo condicionantes a fin de garantizar que los recursos naturales no corrieran ningún peligro. Mas, de pronto, Calderón arma una ceremonia en Los Pinos para proclamar que cancela Cabo Cortés, lo que demuestra el compromiso del gobierno, para asegurar la riqueza natural de México. Y que para su gobierno había quedado claro que el proyecto original citado, tal como lo presentaron sus dueños, no ha demostrado aún, clara e indubitablemente, su sostenibilidad. Particularmente tratándose de un área tan importante para el Mar de Cortés, de México y el mundo.

En paralelo, la sociedad propietaria del proyecto, Hansa Baja Investments, anunció que lo va a replantear a fin de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y turístico de Baja California Sur y el medio ambiente. Esa tarea la va a encomendar a especialistas en la materia con experiencia en proyectos similares en México y el mundo. Cabe aclarar que en defensa del proyecto original, hoy cancelado, Hansa Baja dijo contar con los especialistas más reconocidos en la materia. Uno de ellos ex subsecretario de triste memoria en la secretaría federal responsable de cuidar el medio ambiente durante el sexenio del señor Fox.

Pasada la euforia que causó el anuncio de cancelación del proyecto original, las autoridades divulgaron el documento que sustenta dicha medida. Sin embargo, queda en el aire la declaración de Calderón de que acompañaremos a los inversionistas a desarrollar un nuevo proyecto turístico que sí sea sostenible. No es tarea del Ejecutivo federal participar en asuntos propios de particulares. En este caso, una empresa con no buenos antecedentes y bajo control de una entidad financiera intervenida por el gobierno español por sus malos manejos: la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En el colmo, los funcionarios que le mintieron a la ciudadanía (y hasta a los legisladores) al avalar y calificar de ejemplar ese proyecto siguen tan campantes en sus cargos. A lo mejor para que sean los que evalúen el nuevo y sostenible que anuncian la empresa y Calderón, si es que se presenta antes de que finalice el sexenio.

Este intento de resucitar Cabo Cortés no tiene agarraderas. Por el sitio donde lo quieren realizar, por sus dimensiones, alcances y efectos sociales y ambientales. La cancelación del mismo debe, por tanto, ser definitiva. De lo contrario se confirmaría la sospecha de que la revocación que anunció Calderón tuvo por finalidad evitar que la reunión del Grupo de los 20 en Los Cabos, estuviera empañada por la protesta internacional que exige cuidado de invaluables recursos naturales. Y, además, cumplir con la legislación vigente sobre la materia.