En defensa de la propiedad social en el campo mexicano
Por Alfredo Acedo, América Latina en Movimiento, mayo de 2014
En esta coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan a la unidad para definir su programa para la reforma rural que México necesita, y han lanzado una iniciativa de encuentros independientes del gobierno, por considerar que la consulta para la reforma del campo impulsada por la administración federal no reconoce al campesinado como sujeto principal del proceso.
El gobierno lanzó un programa de siete foros nacionales temáticos que inició este mes y termina el 17 de julio. Programó también 6 foros regionales y 32 estatales entre mayo y junio. La consulta oficial concluye el 30 de julio con un foro nacional global en la Ciudad de México.
Pero si Arquímedes fuera gobernante mexicano podría decir: “dadme una consulta amañada y legitimaré un mundo”. El clamor general campesino es que “la organización unilateral desde el aparato público de esos foros favorece las voces coincidentes con las propuestas gubernamentales, elimina disidencias, excluye o reduce a su mínima expresión la presencia de voces críticas de la situación actual de desigualdad y concentración de beneficios en ciertos segmentos de agricultores”, tal como dice un documento de circulación para el consenso entre dirigentes, el cual se hará público en breve.
La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) decidió hace unos días no participar en los foros convocados por el gobierno al estimar que se trata de una farsa que intenta legitimar decisiones ya tomadas tendientes a profundizar la privatización del campo.
Jesús Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática y coordinador del Congreso Agrario Permanente, organismo que incluye a la mayoría de las organizaciones campesinas, incluso las cercanas al gobierno, informó que están elaborando un documento de trabajo y programando cinco encuentros campesinos.
Serán dos encuentros nacionales en el Distrito Federal (el primero el 29 de mayo) y tres regionales en el Norte, El Bajío y el Sureste del país, de los cuales emanará la propuesta programática de las organizaciones campesinas. Participarán también en los encuentros el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras y algunas organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas.
No hemos visto resultados favorables en la producción de alimentos a partir de las perversas políticas públicas vigentes que apoyan sólo a los grandes productores, por eso, a pesar de los recursos destinados al campo, la pobreza y el hambre siguen acentuándose, dijo Durán.
El ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina y actual procurador Agrario, Cruz López Aguilar, anfitrión de la reunión donde estuvo Durán junto con representantes de varias organizaciones, reconoció que los campesinos no pueden ganar batallas en los foros gubernamentales porque “ahí se imponen los poderosos”.
El reformador
El 5 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el arranque de su reforma al campo, supuestamente para volverlo más productivo, rentable y digno. Para las organizaciones campesinas que no confían en las intenciones del régimen, el anuncio sonó como advertencia: de inmediato se pusieron en guardia.
Peña afirmó que su gobierno “no ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”, lo cual no lo compromete a fortalecer al ejido y la comunidad ni lo exime de impulsar la privatización de los territorios codiciados que aún están en manos campesinas.
La palabra del presidente es una moneda más devaluada que el peso. No es posible olvidar que después de negar reiteradamente el carácter privatizador de su reforma energética, ésta desembocó en la entrega del petróleo a las trasnacionales.
De hecho, entre las declaraciones del presidente ese día, fue un engaño afirmar que la secretaría de Agricultura ejercerá este año el presupuesto más alto de su historia, 82 mil 900 millones de pesos, cuando se sabe que el incremento de 10 por ciento respecto a 2013 proviene de recursos tomados de programas de otras secretarías.
El presidente dijo que convocaría a “foros y espacios de diálogo y propuestas a organizaciones campesinas, a los propios campesinos, y todos quienes están inscritos bajo las tres modalidades de régimen de propiedad que consagra nuestra Constitución, para conocer su experiencia.”
El secretario de agricultura Enrique Martínez, menos obligado a cuidar las formas, declaró el 14 de enero que uno de los caminos para elevar la productividad del campo es “buscar en esas reformas jurídicas un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada”, y lamentaba, muy preocupado, que “desde que se hizo la reforma de 1992 al 27 constitucional, solamente el 3% de la propiedad ha pasado de un régimen a otro”.
