En defensa de la propiedad social en el campo mexicano
Debido al retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
El resultado de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha sido la extensión y consolidación del control de Estados Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano. El abasto de alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, en tanto Cargill y un puñado de empresas concentran más del 60 por ciento de la comercialización de los cultivos básicos.
Monsanto, DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y presionan fuertemente para introducir su maíz transgénico.
El aumento de conflictos sociales y violencia en el país está directamente relacionado con la puesta en marcha de las políticas de libre mercado pues la devastación económica y ambiental que han producido arrebata a la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arroja a las actividades criminales y la economía informal.
El libre mercado modificó los patrones de alimentación y consumo. La presente generación ha sido seriamente dañada, un 70 por ciento de las personas padecen sobrepeso y obesidad, y durante buena parte de su vida sufrirán alguna discapacidad y eventualmente morirán pronto a causa de diabetes o enfermedad cardiovascular.
En los primeros cinco años de vigencia del TLCAN, de 1994 a 1998, la inversión directa de EE.UU. en las industrias de alimentos y bebidas de México casi se cuadruplicó, pasando de 2.3 a cerca de 9 mil millones de dólares. Entre 2002 y 2007, la inversión directa estadunidense en las empresas de bebidas mexicanas se elevó a casi 6 mil millones con un 35 por ciento de incremento.
En 2012, los cereales industrializados, aceites y derivados cárnicos asociados con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta representaron el 75 por ciento de las importaciones desde los Estados Unidos.
En síntesis, tenemos un país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada por la migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.
Esta es la situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de territorios ejidales y comunales.
En defensa del ejido y la comunidad campesina
En cambio, los representantes de la clase campesina organizada demandan restituir a la propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar imprescriptible, inalienable e inembargable y eliminar la facultad de las sociedades mercantiles de poseer predios rústicos.
La contrarreforma del 6 de enero de 1992 que modificó el Artículo 27 Constitucional, además de desaparecer las garantías mencionadas, autorizó que las empresas sean propietarias de predios 25 veces mayores a los límites de la pequeña propiedad, con lo cual pueden concentrar superficies de 2 mil 500 hectáreas de riego, 20 mil de bosque y 312 mil para explotación ganadera.
El ejido es una dotación de tierra en calidad de propiedad social de uso individual o colectivo que tiene raíces prehispánicas y recibió impulso con el reparto de latifundios en el Siglo XX, una de las principales banderas de la Revolución Mexicana, consolidada en la década de los 30, en el gobierno del general Cárdenas.
Ahora en el campo existen unos 31 mil ejidos y comunidades, con 5.6 millones de sujetos de derecho, 3.8 millones de jornaleros, 2.4 millones de avecindados y 1.4 millones de posesionarios.
El modelo neoliberal a partir de los años 80 agudizó la crisis del campo y provocó otra fase de concentración de tierras en manos de los antiguos latifundistas mediante el arrendamiento de parcelas ejidales, de ahí que una de las demandas del movimiento campesino sea dotar de fondos al Programa para Recuperación de Tierras Ejidales Rentadas.
Otro punto de consenso unánime es el financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores mediante una banca de desarrollo para el campo.
La lista incluye elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria, incentivar el establecimiento de prácticas agroecológicas y prohibir todo cultivo de maíz transgénico en territorio nacional.
Reglamentar los derechos constitucionales a la alimentación, al ambiente sano y al agua así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada desde el año 2000.
Crear un Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de alimentos para acabar con el hambre y la dependencia alimentaria y crear una reserva estratégica de alimentos y un sistema de abasto, almacenaje y comercialización.
