En defensa de la propiedad social en el campo mexicano
No hace falta gran imaginación para prever el sentido de la reforma anunciada. El gobierno, una administración tras otra, se ha mostrado flojito y cooperando al facilitar la entrega de recursos y territorios, reformando leyes y cancelando derechos de la población para abrir los espacios exigidos por la inversión extranjera de la industria extractiva trasnacional. Es el caso de concesiones y contratos otorgados a empresas mineras y petroleras.
Nada más adecuado para tales propósitos que privatizar el ejido y la propiedad comunal —régimen social de tenencia de la tierra que abarca aún a la mitad del territorio nacional—, disfrazados bajo el discurso de hacer del campo “un espacio digno para quienes viven y dependen de él”.
Las intenciones gubernamentales quedan más claras cuando se analiza el contenido de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética presentadas recientemente al Congreso, en las que, por ejemplo, el Artículo 91 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece:
“La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.”
De ese modo los territorios de ejidos y comunidades pasarán fácilmente a poder de las empresas trasnacionales al darle la reforma prioridad a la explotación de hidrocarburos, la cual “tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”.
Saldos del TLCAN
Las condiciones del campo mexicano ya son de por sí lamentables. Después de 20 años de libre mercado, la sociedad rural mexicana está exhausta. La apertura comercial unilateral y abrupta más la eliminación del sistema de precios de garantía crearon una situación en la que los costos de producción superaron a los precios de los productos, causando la caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias.
El desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la producción campesina convirtió al país en importador neto de alimentos e incrementó la pobreza en la sociedad rural. El campo cuenta con unos 30 millones de habitantes: 81% pobres, 37% en pobreza extrema; de los 28 millones de hambrientos en el país, casi 20 millones viven en el campo.
De los apoyos gubernamentales que sobreviven, más del 60 por ciento benefician a sólo 17 mil de los más de seis millones de productores del campo.
La economía se fue a pique. De 1934 a 1982 el PIB había crecido a una tasa media superior al 6 por ciento anual. En la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante es menor a 1%. También se profundizó notablemente la desigualdad social.
En términos de comercio exterior, el gran derrotado ha sido el sector agropecuario mexicano que pasó de una balanza comercial positiva en 1991 (cuando México exportaba a EEUU 2,373 millones de dólares e importaba 2,131), a una negativa en 2012 cuando exportó 18 mil 219.771 mdd e importó 22 mil 255.440 (déficit de más de 4 mil mdd). En enero de este año el déficit ascendía a tres mil 195 mdd, con importaciones totales por más de 30 mil mdd.
Los grandes ganones del TLCAN son la agroindustria cervecera y tequilera que concentra alrededor del 20% de las exportaciones, el sector hortícola (28%), el del ganado bovino en pie (6.3%) y las maquiladoras, la mayor parte de estos sectores concentrada en grandes productores nacionales y extranjeros.
La producción de granos y oleaginosas creció por debajo del incremento poblacional. De 1985 a 2008 la población se incrementó en 40.7% y la producción en 26.8%.
La importación legalmente registrada de maíz pasó de 2.6 millones de toneladas en 1995, a más de 10 millones el año pasado.
En arroz, de 1989 a la fecha, vino de la autosuficiencia a producir sólo 10% del consumo interno del grano (un millón 200 mil toneladas).
En el caso de la leche en polvo, México es el primer importador del mundo; compra además al exterior el 95 por ciento del soya que consume, el 53 por ciento del trigo, el 40 por ciento de la carne de res y cerdo, el 30 por ciento del frijol. La dependencia alimentaria admitida oficialmente es de 45%.
