Luchadores sociales: importancia y trascendencia
Por Simón Vargas Aguilar*, La Jornada, 11 de diciembre de 2013
Bastaría en la historia de Nepomuceno (Moreno Núñez) –activista que fue asesinado en Sonora en 2011, tras haber recibido amenazas de presuntos policías estatales cuando exigía justicia por la desaparición de su hijo ocurrida un año antes– cambiar los nombres propios, la ubicación geográfica y algunos detalles circunstanciales para narrar con ella, de manera simultánea, miles de historias de corrupción, impunidad, dolor e impotencia, que parecen distintas pero son la misma, sólo que refleja y multiplica, repite su imagen en el laberinto de espejos en que se ha convertido el sistema de gobierno mexicano que produce, fomenta y favorece las violencias en México.”
Ese párrafo, extraído del comunicado publicado en noviembre pasado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, sintetiza y expone la realidad a la que desde hace décadas se enfrentan activistas y luchadores sociales, en la que agresiones, amenazas, campañas de desprestigio, acusaciones fabricadas, encarcelamiento, desapariciones forzadas o la misma muerte, son el precio a pagar por el simple hecho de exigir sus derechos, justicia, mejores servicios, agua o educación, como señaló Amnistía Internacional en un informe dado a conocer en 2010.
Esos ciudadanos que, como señala el sociólogo Anthony Giddens, se atreven a decir lo que defienden, lo que critican y el tipo de mundo que quieren, han rechazado el rol preasignado por un gobierno democrático en el que cada vez existen menos canales de participación social, y de manera valiente, han emprendido la transición de la indignación a la esperanza a través de la acción organizada y colectiva, a causa de la falta de interés y voluntad política de los tres niveles de gobierno para escuchar y resolver sus demandas.
Nepomuceno Moreno, Marisela Escobedo, Susana Chávez, Javier Torres Cruz, Quetzalcóatl Leija y José Trinidad de la Cruz son sólo algunos de los 63 activistas y luchadores sociales que fueron asesinados entre 2010 y 2011, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que entre 2007 y 2010 otorgó 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, de las cuales 67.7 por ciento se concentraron en el estado de Guerrero.
Por otra parte, la actualización realizada en 2010 al informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que realizó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, reveló que los operativos para acabar con la vida de estos actores incómodos no necesariamente provienen del crimen organizado, y que en algunos casos, servidores públicos se han convertido en perpetradores de violaciones de derechos humanos. Si bien en 51 por ciento de los casos no se pudo identificar a los agresores, en 22 por ciento se trató de actores no estatales; en 14 por ciento, de operadores de justicia; en 8 por ciento, de autoridades municipales, y el restante 5 por ciento de autoridades militares, de acuerdo con el informe.
