Prevén presiones por glifosato y maíz genético

Por Nallely Hernández, Reforma, 10 de enero de 2024.

Colectivos de defensa de maíces nativos del País anticiparon que las acciones contra la restricción del uso del glifosato y la siembra de granos genéticamente modificados se intensifiquen por presiones de empresas trasnacionales.
Mercedes López, representante del grupo Demanda Colectiva de Maíz, afirmó que en un mes o poco más se espera que el magistrado Ricardo Gallardo presente otra resolución a favor del amparo promovido por Monsanto-Bayer contra el decreto del Gobierno federal de febrero de 2023 que prohíbe el glifosato y el maíz transgénico.

“El magistrado Gallardo Vara se ha manifestado a favor de las trasnacionales, y de hecho ha redactado dos propuestas de resolución a favor de las empresas.

“Pese a que los otros dos magistrados dijeron que no, insistió que se volviera a llevar adelante y discutir su resolución a favor de las empresas, volverá a elaborar un nuevo proyecto, más o menos calculamos que en un mes, mes y medio”, afirmó.

Para la representante de 22 organizaciones campesinas y 52 civiles, es necesario que los grupos defensores de maíz sean nombrados terceros interesados, es decir, que su intervención tenga la validez de las empresas en contra del decreto, del Gobierno federal, para aportar la evidencia con la que cuentan sobre el impacto de los granos genéticamente modificados y los efectos a la salud del uso del glifosato.

Uno de los argumentos de la resolución del magistrado Gallardo retoma la reciente aprobación del uso del glifosato por 10 años más, pero esta medida se tomó sin un acuerdo unánime y se restringió el empleo de la sustancia en espacios públicos y secado de semillas.

A finales de 2020, el Gobierno federal decretó la reducción del uso del glifosato y la restricción a la importación de maíz transgénico.

México prepara sus mejores armas contra EEUU para defender maíz nativo

Por Odarys Guzmán, La Verdad Noticias, 09 de enero de 2024.

El 24 de marzo se presentarán lo resultados del panel entre Estados Unidos, México y Canadá para negociar importaciones de maíz transgénico a territorio mexicano

Para defender maíz nativo ante la entrada de maíz genéticamemte modificado de Estados Unidos a México, se está llevando a cabo un panel con especialistas de los países integrantes del T-MEC —antes Tratado de Libre Comercio—, con la intención de entregar una resolución a mediados de marzo.

El panel fue solicitado por el Gobierno de Estados Unidos al entrar en vigor el decreto presidencial impulsado por Andrés Manuel López Obrador en 2020 que prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano, además de frenar paulatinamente las importaciones del mismo.

Así, el 17 de agosto del 2022, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó iniciar el panel porque consideró que la posición mexicana no se basa en ciencia y socava el acceso al mercado como se pactó en el T-MEC.

Rene Sánchez Galindo, integrante del colectivo, Demanda Colectiva Maíz, abogado que ha acompañado el caso desde un inicio, cuenta para la redacción que uno de los argumentos a favor de México es la falta de información científica por parte del gobierno estadounidense para demostrar que el consumo de maíz transgénico no es dañino para la dieta mexicana.

Además, el especialista señaló que en el tratado de Cartagena, un acuerdo internacional sobre seguridad y biotecnología ratificado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) ahora TEC-MEC menciona que la única forma de aprobar que se pueda sembrar maíz transgénico es viable, es comprobar que no habrá ningún tipo de daño en el país receptor.

Sin embargo, de no ganar la resolución, México podría pagar una indemnizacion de hasta 4 mil millones de dólares por “molestias dadas’, dijo.

El especialista señaló que el argumento jurídico por parte de Estados Unidos se basa en el artículo 11 del capítulo dos del T-MEC, donde se señala que el decreto mexicano trata de manera similar a todas las importaciones de maíz, independientemente de su tipo o uso.

Multinacionales vs colectivos
Demanda Colectiva Maíz denunció que las empresas de Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, son las transnacionales beneficiarias de dichas importación en México.

Ante la posición del decreto de la Cuarta Transformación de prohibir la plantación y eliminación gradual de las importaciones de maíz transgénico así como de los herbicidas como el glifosato, empresas como Bayer han rechazado esta medida.

Nery Echeverria, director comercial de la Divise Agrícola de Bayer México, opinó durante un encuentro con productores en el año 2022, que es difícil que las importaciones de maíz paren en seco para principios de 2024, como planea el gobierno de López Obrador, sin que haya consecuencias graves.

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para Estados Unidos, principal socio comercial de México, el comercio del maíz amarillo con México es un eje fundamental, ya que 26 por ciento de sus exportaciones de este producto (con un valor de más de 19 mil millones de dólares en 2022) se dirigen al país.

” Esta cifra es particularmente relevante para los estados de Illinois e Iowa, quienes envían 77 por ciento y 66 por ciento de sus exportaciones de maíz a México” recalcan.

El IMCO precisó que México deberá entregar pruebas solidas en el panel con Estados Unidos que sostenga que la prohibición a la importación de productos biotecnológicos como el maíz genéticamente modificado por parte del gobierno federal, está basada en evidencia científica.

Sin embargo, colectivos de productores de maíz y agricultores a favor del decreto presidencial, mencionan que es posible que México pueda cultivar maíz y lograr la demanda nacional e internacional con los medios adecuados.

Mercedes López Martinez, campesina y agrologa de Tlaxcala, integrante de Demanda Colectiva Maíz, mencionó que la pérdida de maíces nativos se traduce en pérdida de la biodiversidad en México y que las ganancias del maíz transgénico no llegan a los pequeños productores sino que se quedan en las grandes multinacionales.

“Se puede mantener los cultivos sin necesidad del maíz transgénico por medio de técnicas agroecologícas que ya usan los pequeños productores y si son utilizadas en otros sitios, podemos dejar de depender del maíz importado” dijo.

Cabe señalar que llegar a un panel de controversia es la última medida cuando no se puede resolver un problema. Desde el inicio del T-MEC en 2020, han ocurrido tres controversias, siendo la del maíz transgénico la cuarta según información del Secretariado Cánada-México-Estados Unidos.

Hasta el momento, los tres casos previos han sido ganados por los demandantes.

“Un aspecto positivo es que ya tenemos un antecedente que se puede contra las multinacionales, pues hace 10 años frenamos en una demanda colectiva a Monsanto, ahora Bayer, de sembrar maíz transgénico en México”.

Será hasta mediados de marzo que se dará la resolución definitiva a la disputa entre Estados Unidos y México, estando de por medio uno de los alimentos básicos de la población mexicana.

Magistrados rechazan amparar a Bayer-Monsanto para seguir importando glifosato

Por La Redacción, Proceso, 04 de enero de 2024.

Dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México rechazaron el proyecto de sentencia de su colega, el magistrado Ricardo Gallardo Vara, que pretendía autorizar un amparo a la transnacional Bayer-Monsanto para que no se le aplicara el decreto a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la eliminación paulatina de la importación del herbicida glifosato.

Ayer, el colectivo Sin Maíz No Hay País adelantó a Proceso que el magistrado Gallardo buscaba dar un “albazo” y favorecer al gigante mundial de las biotecnologías, que desarrolla semillas transgénicas y comercializa el Roundup, su célebre herbicida que utiliza glifosato.

Sin embargo, los otros dos magistrados del Tribunal Colegiado, Jean Claude Tron y Patricio González, emitieron dudas sobre el proyecto de sentencia de su colega, el cual confirmaba una resolución previa de la justicia, según la cual “no hay evidencia científica” de que el glifosato cause daños a la salud.

Los dos jueces señalaron que existen evidencias sobre los daños del glifosato sobre la biodiversidad y estudios que lo vinculan con afectaciones a la salud humana, y recalcaron la importancia del principio de precaución. Ante la negativa de sus colegas en aprobar su proyecto, Gallardo lo retiró para agregarle más elementos.

Para el colectivo Sin Maíz No Hay País, esta decisión es una buena noticia, pues la organización está en espera de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para autorizarle a participar en este juicio de amparo como tercero interesado.

Imagen de 3D Animation Production Company en Pixabay

Sembrando Derechos y Conectando Raíces

Por Erika Navarrete y Yecenia Pérez*, Pie de Página, 03 de enero de 2023.

Pese a la lucha migrante para que sus derechos como personas trabajadoras del campo sean reconocidos y respetados en Estados Unidos, algunos empleadores aprovechan su vulnerabilidad para violar sus derechos, negándoles salarios justos y condiciones de vivienda seguras, reteniendo inclusos sus visas para controlarlos.  En estas condiciones de trabajo las personas migrantes viven con miedo a persistir por sus derechos, lo que a su vez perpetúa un ciclo de explotación y abuso

United Farm Workers (UFW) es un defensor de los cambios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras agrícolas. A través del caminar de las personas trabajadoras del campo, UFW ha dejado huellas históricas en el panorama legislativo estadounidense, especialmente en California, con leyes como la Ley de Mediación de California de 2002, SB1156 y la AB2596. Estas normativas han sido cruciales en fortalecer los derechos de negociación colectiva de personas trabajadoras. Asimismo, la Ley de Prevención de Fatalidades y Enfermedades por el Calor de 2005 ha sido un hito en la protección de la salud de estas personas trabajadoras, previniendo muertes y enfermedades causadas por las altas temperaturas. La ley estatal de 2012, AB1544 Programa de Estabilización de la Industria y Empleos Agrícolas de California, ha jugado un papel fundamental en garantizar el respeto a estos derechos. En 2022, un grupo de personas trabajadoras agrícolas de California recorrió 335 millas para promover una ley que facilitara su sindicalización.

Además, UFW acompaña a estas personas en su lucha por una reforma migratoria que reconozca su rol esencial en la agricultura. La importancia de esta reforma es crucial, no solo para mejorar las condiciones laborales, sino también para reconocer la contribución vital que estas personas hacen a la economía y la sociedad. En México, UFW dio un paso significativo en 2022 al iniciar operaciones como asociación civil, centrando sus esfuerzos en empoderar a los campesinos y campesinas antes de que emprendan el viaje hacia Estados Unidos. Este enfoque preventivo nos resulta vital para asegurar que estas personas estén informadas y preparadas para los desafíos que pueden enfrentar. Además de la formación sobre derechos laborales, UFW también trabaja para establecer un puente entre las comunidades de origen, sus sueños y aspiraciones.

La fuerza laboral agrícola en Estados Unidos está compuesta en gran parte por personas migrantes, con un 80% proveniente de México, muchas de ellas del estado de Michoacán. Reconociendo esta realidad, UFW fundó el parque César E. Chávez en Tangancícuaro, Michoacán, un espacio dedicado al bienestar de las familias de estas personas trabajadoras. En comunidades como Zamora, Tangancícuaro y la Meseta Purépecha, UFW ha implementado programas de salud y bienestar, distribuyendo medicamentos y vitaminas esenciales, y apoyando a los servicios locales como el cuerpo de bomberos. Este enfoque integral refleja la filosofía de UFW de no solo abogar por mejores condiciones laborales, sino también por mejorar la calidad de vida de las comunidades de origen de estas personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras agrícolas migrantes enfrentan condiciones precarias de trabajo, que van desde largas jornadas bajo el sol hasta la discriminación y el miedo a perder sus empleos. La discriminación basada en el origen puede llevar a salarios más bajos y condiciones laborales injustas. En California, más de 650,000 personas trabajan en campos agrícolas, frecuentemente en temperaturas extremas. Entre 2007 y 2014, la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado de California (Cal/OSHA) recibió 102 reportes de enfermedades causadas por el calor entre estas personas trabajadoras. Estas cifras son alarmantes y resaltan la necesidad de una acción inmediata y efectiva para proteger la salud y la seguridad de estas personas esenciales en nuestra cadena alimentaria.

Sin embargo, algunos empleadores aprovechan la vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes para violar sus derechos, negándoles salarios justos y condiciones de vivienda seguras. Esta explotación es particularmente preocupante en la industria agrícola, donde el lugar de trabajo a menudo está en propiedades privadas, lejos de la supervisión pública. Esta situación crea un miedo aún mayor a la participación en actividades sindicales, lo que a su vez perpetúa un ciclo de explotación y abuso. Algunos empleadores incluso retienen visas como forma de control, dejando a las personas trabajadoras en una posición aún más vulnerable, sin poder denunciar abusos laborales por miedo a perder su estatus migratorio. Estos desafíos no son solo estadísticas; son historias de personas reales que merecen respeto y dignidad.

Sin lugar a duda, estos son desafíos que necesitan ser abordados de inmediato. La protección de los derechos laborales, la lucha contra la discriminación y la creación de condiciones de trabajo justas son temas urgentes que requieren atención inmediata. La organización laboral en el sector agrícola cumple un rol fundamental para la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y la promoción de sus derechos. El acompañamiento en la defensa de derechos laborales y mejores condiciones de trabajo es indispensable para garantizar cada vez una mayor protección. Desde UFW creemos en la importancia motivar a las y los campesinos a ejercer su derecho a la libre asociación, libertad sindical y a la negociación colectiva. Nuestra práctica ha sido realizar esto mediante juntas caseras, asistiendo a los campos de cosecha, donde se les informan sus derechos, también promoviendo campañas, y organizando marchas para presionar a las autoridades correspondientes. La UFW abraza la no violencia en su intento de cultivar miembros en temas políticos y sociales. De la mano de aquellas personas cuyas manos alimentan naciones, caminamos hacia un mañana donde la justicia laboral y la dignidad no sean solo aspiraciones, sino realidades arraigadas en la tierra misma que cultivan.

Si Se Puede! ®

*Colaboradora invitada: Unión de Campesinos (UFW)

Maíz nativo pierde terreno ante semillas híbridas

Por Diana Saavedra, Alejandra Ortiz y Daniel Quintero, Desinformémonos, 3 de enero de 2023.

Si bien 70 por ciento de los agricultores en México usan granos nativos, el 30 por ciento restante, es decir, los mayores productores, ocupan semillas híbridas y cada vez más los trabajadores del campo en pequeño las compran, consideró la investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Gladys Iliana Cassab López.

La especialista en fisiología y mejoramiento de maíces nativos detalló que esta acción provoca la pérdida de diversidad genética, pues aunque 70 por ciento de maíz que se siembra en nuestro país es originario, el problema es que se trata de campesinos en parcelas y la mayor producción es de híbrido amarillo destinado a la ganadería.

“Cada vez se usan menos variedades, hay agricultores que antes usaban hasta siete u ocho granos tradicionales y ahora solo dos, especialmente los dedicados a la elaboración de tortillas, pues el híbrido les ha quitado tierras y trabajo”, precisó en entrevista Cassab López.

De acuerdo con la tradición, quienes compran el híbrido desean volver a sembrar parte de los granos obtenidos, pero el rendimiento baja 70 por ciento, por lo que deben comprar nuevos insumos en cada temporada de cultivo, exactamente igual de lo que ocurre con los transgénicos, explicó.

Cassab López puntualizó que las semilleras afirman que el rendimiento del grano de maíces nativos es bajo al generar hasta cuatro toneladas por hectárea, mientras que el híbrido hasta 10. En el manejo tradicional (milpa) se evita el uso de herbicidas, los cuales se tienen que aplicar a estos últimos y los transgénicos.

Otro argumento comercial es que su manejo intensivo es desfavorable; se debe recordar que en nuestro país 70 por ciento de la agricultura es de temporal y 30 por ciento con irrigación, la cual se genera en el norte del país.

A esto se suma el beneficio climático de mantener las prácticas tradicionales de la milpa, pues los cultivos de granos híbridos erosionan el suelo, lo contaminan por la aplicación de herbicidas, causan más dióxido de carbono porque el uso que se le da a estas semillas es para ganadería, lo que demanda gran cantidad de agua, recurso no disponible para todas las personas.

La doctora en Ciencias Biológicas y Biomédicas por la Universidad de Washington enfatizó que otro aspecto favorable, aunque su precio es más alto, es tener semillas que pueden ser empleadas en la elaboración de tortillas, tostadas, tamales, pozole, atole, pinole, palomitas, etcétera.

“Estamos trabajando en transformar los granos en productos de alto valor agregado. Se impulsa a comunidades indígenas a ser negociantes (ayudarlos para que tengan una página web o vendan sus productos a restaurantes), lo que ha hecho que ya no tengan necesidad de comprar granos híbridos”, comentó. Cassab López trabaja con su equipo en el estudio e identificación de variedades nativas del maíz para revisar, mediante la genética, la respuesta ante la escasez de agua en un contexto de calentamiento global.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global