Ayotzinapa: el crimen, la tragedia y el discurso
Por Adolfo Gilly, La Jornada, 24 de diciembre de 2014
En la 37 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 17 de diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto dijo algunas significativas palabras de clausura acerca de la inseguridad y la ilegalidad generalizadas en la República.
No se trató de un texto preparado y escrito de antemano sino de su respuesta a preocupaciones manifestadas en dicha reunión de funcionarios públicos de alto nivel. El texto completo.
Quiero adelantar aquí algunas reflexiones al respecto.
La sociedad mexicana “está lastimada, está conmovida, está enojada”, dijo el Presidente. “Y lo está”, agregó, “por hechos tan dolorosos como los ocurridos en Iguala”, que “han sido actos de barbarie, inaceptables, que evidencian la debilidad de nuestras instituciones, particularmente en el orden municipal”. No significa, agregó, “que no haya debilidades en otros órdenes, estatal o en el mismo orden federal. Pero sin duda es en el orden municipal donde tenemos una mayor fragilidad”.
Lo que el Presidente llama “el orden municipal” forma parte del ordenamiento general de las instituciones del Estado: “nuestras instituciones” las denomina el Presidente.
Si esto es así, la participación reconocida de los cuerpos policiales de Iguala en tales “actos de barbarie” confirma la configuración de esos actos como un crimen de Estado, cometido por instituciones municipales del Estado nacional. Omitió el Presidente decir que esos “actos de barbarie”, por sus características, se clasifican también como un crimen de lesa humanidad bajo las figuras jurídicas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
Dentro de la misma categoría entran los incontables casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada que desde hace muchos años vienen asolando a la población nacional. Apenas en estos días la PGR acaba de confirmar la complicidad y la participación de elementos de la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, en las masacres impunes de migrantes en San Fernando, tanto en el caso de los 72 asesinados en agosto de 2010 como en el de otras 193 víctimas halladas en fosas comunes en abril de 2011.
Es necesario –pero no suficiente– clasificar correctamente dichos crímenes dentro del ordenamiento jurídico de la República y de los tratados internacionales que son también ley interna, si se quiere perseguir a los responsables y restablecer ley y paz en el territorio nacional.
Es indispensable además informar en tiempo y forma tanto de los sucesos como de la marcha de las investigaciones, requisito no cumplido entonces en los crímenes de Tamaulipas ni ahora en los de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Dijo después el Presidente: “Ante la debilidad de nuestras instituciones encargadas de seguridad pública han sido nuestras Fuerzas Armadas quienes han acompañado a las instituciones encargadas de la seguridad para cumplir con su deber”. Confirmó así la continuación de la política de guerra interna de Felipe Calderón de tan funestos resultados.
Agregó, sin embargo, que se trata de una tarea de excepción, pues esas fuerzas se ven involucradas “en lo que no debiera ser estrictamente su responsabilidad, la cual no debiera ser otra que la de la seguridad nacional, la defensa de nuestra soberanía”.
Es verdad: esta última es la tarea, la función y la razón de ser jurídica y constitucional de las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Aviación. Por el contrario, es conocimiento, doctrina y experiencia confirmada que su involucramiento en tareas de policía interior conduce al debilitamiento, a la desorganización y, al fin de cuentas, al enfrentamiento de dichas fuerzas con el cuerpo vivo de la nación, sus ciudadanas y ciudadanos.
La historia y la experiencia de nuestro continente latinoamericano no conocen excepciones al respecto. ¿Entonces en dónde estamos y hacia dónde vamos?
Omitió el Presidente mencionar que aquellas responsabilidades: la seguridad nacional y la defensa de la soberanía están hoy severamente lesionadas por la intervención reconocida de fuerzas militares y policiales de Estados Unidos en misiones y tareas de policía en el territorio nacional.
“Y lamentablemente”, agregó, “ha habido hechos aislados que han manchado a nuestras instituciones y especialmente a nuestras Fuerzas Armadas”. Esta grave afirmación tiene el mérito de asumir al más alto nivel del gobierno de la República una situación que es de dominio público.
Tiene sin embargo el defecto de no mencionar cuáles hechos –los nombres Tlatlaya y Ayotzinapa no se escucharon en el discurso– y sólo hablar en términos genéricos sobre una prolongada crisis de los derechos humanos a nivel nacional cuya naturaleza requiere de las autoridades circunscribir, precisar, calificar y sobre todo explicar.
