Ayotzinapa: el crimen, la tragedia y el discurso

Enrique Peña Nieto no mencionó ni dio respuesta alguna a las documentadas investigaciones y denuncias sobre este tema de Anabel Hernández, Steve Fisher y Marcela Turati publicadas días antes, el 14 de diciembre, por la revista Proceso.

“Todo esto –prosiguió– nos debe llevar a repensar muy bien, y más bien a asumir plenamente, cada uno, su responsabilidad, porque ante lo ocurrido en Iguala […] es claro que entre la sociedad mexicana hay falta de credibilidad, hay desconfianza y hay una demanda muy clara: dónde están nuestras instituciones, las del Estado mexicano, que nos generen un clima de tranquilidad y de paz.” […] “El caso de Iguala nos ha cimbrado a todos, nos ha cimbrado a las instituciones, ha cimbrado a la propia sociedad”.

Es verdad. Pero a continuación circunscribió: “Será la Procuraduría General de la República quien termine de dar o de concluir la investigación que sobre este caso se lleva […]. Pero a partir de ahí, y a partir de lo que resulte en esa investigación, y de las conclusiones a las que llegue la PGR, está muy claro que México debe ser otro a partir de lo ocurrido en Iguala”.

Cuál otro, y cómo, y quién lo decide, no se dijo en el discurso.

Hasta aquí lo manifestado por el Presidente este 17 de diciembre. En su discurso empleó regularmente la expresión genérica “los sucesos de Iguala”, sin precisar su índole y sus nombres: desaparición forzada y ejecución extrajudicial; sus víctimas, los 43 estudiantes desaparecidos y los seis asesinados; su pertenencia, la Normal Rural de Ayotzinapa; ni sus otras víctimas, los padres, madres y familiares, protagonistas de esta tragedia en incansable búsqueda de sus desaparecidos, pero aún así no invitados a esa reunión nacional.

Despersonalizar la tragedia, borrar su nombre y dar por cerrada la búsqueda es el primer paso para disolverla y, a ella también, desaparecerla. El respeto por los principios jurídicos y por la aplicación de la ley comienza por dar nombre preciso a los delitos y a sus víctimas para llegar a ubicar con la misma precisión a los victimarios y sus cómplices.

Ante esta retórica presidencial resulta legítimo el temor de que la PGR, la cual hasta hoy no ha informado casi nada o nada sobre la marcha real de las investigaciones mientras reconoce saber mucho más de lo que dice, se prepare para dar carpetazo al caso Ayotzinapa.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, confirmó que el gobierno federal suspendió las labores de búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre (La Jornada, 21 diciembre 2014, p. 11).

El mismo centro propone la participación en esas tareas de una misión expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa misión fue aceptada por el gobierno federal en el último punto de los 10 acuerdos firmados el 29 de octubre de 2014 por Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Gobernación, el procurador general de la República y otros altos funcionarios federales, así como por los representantes de la comisión de las 43 familias y el Comité Estudiantil de Ayotzinapa. Hasta el día de hoy este compromiso no se ha cumplido.

El 13 de diciembre representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y miembros de la Comisión Civil de Búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos dieron a conocer en las páginas de La Jornada un comunicado en el cual, además de exigir justicia para los estudiantes asesinados, demandaban a las autoridades: “Mantener e intensificar la búsqueda de los desaparecidos y abrir sin limitaciones todas las líneas de investigación.

“Conforme a la norma internacional, perseguir a los responsables de los crímenes por los cargos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Respetar y reconocer a los familiares como sujeto legítimo, autónomo y pleno de derechos y capacidades de decisión, acción e interlocución. Abstenerse de denostar y criminalizar a defensores, abogados, peritos y mediadores que acompañan a los familiares y normalistas”.

Me permito reiterar aquí las demandas de ese documento.

El discurso presidencial, así como las preocupaciones de muchos de sus adversarios, provienen del mundo de la política y los políticos. Ayotzinapa, condensación atroz de la vorágine de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad que vive esta nación mexicana, pertenece al universo primordial de la tragedia.