Llamado a fortalecer la preservación de los bosques en manos campesinas

Los entrevistados comentan que las reglas de operación del Proface fueron modificadas en 2014; allí se estableció que “la sociedad” es beneficiaria del programa y que “debe propiciarse” la participación de los dueños de las tierras, cuando de origen el programa definía a los núcleos agrarios como los beneficiarios, como los protagonistas del programa.

Los milpaltenses presentaron un recurso de amparo contra esas modificaciones porque, dicen, los convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 4 y 2 constitucionales establecen la participación fundamenta de los pueblos en estas acciones.

Aquí decir que la “sociedad” es beneficiaria representa abrir las puertas a la inversión privada en recursos que tienen dueños, los campesinos.

Asimismo, señalan los entrevistados, también en 2014 el gobierno del DF pretendió desaparecer las brigadas que realizan trabajo en la zona del Proface de Milpa Alta (14 grupos de entre diez y 66 personas que vigilan los bosques; adicionales a cuatro grupos dentro de la ACCE), con la idea de que la Deva realizara las labores de vigilancia y conservación.

“Nosotros decimos no, porque los tratados internacionales establecen que todo lo ambiental y desarrollo sustentable debe trabajarse entre gobiernos y pueblos, y ellos mediante esta acción pretendieron dar un paso adelante para buscar que los proyectos de conservación los empezara a hacer la iniciativa privada”.

Cabe decir que los milpaltenses, y de hecho toda la organización Pueblos Unidos está demandando que la tarifa “miserable” de dos mil 500 pesos mensuales que el gobierno paga a los brigadistas suba por lo menos en 200 por ciento. Son mujeres y hombres de las comunidades constituidos en brigadas que realizan labores de mantenimiento, reforestación, poda, prevención y combate de incendios.

“Trabajan todo el año de lunes a viernes, pero en época de estiaje lo hacen de lunes a domingo; somos miembros de la comunidad, y la mayoría son jóvenes”, dice Ausencio Flores.

Los comuneros están también inconformes porque el Fondo Ambiental Público –que creó el gobierno hace casi una década con el objetivo de destinar sus recursos a la realización de acciones de conservación y vigilancia de los ecosistemas, a la protección y la restauración del equilibrio ecológico y al pago de las retribuciones a los pueblos dueños de las tierras por los servicios hídricos y ambientales que generan éstas- se ha orientado a proyectos como Ecobici, y Azoteas Verdes e incluso para infraestructura urbana.

Los entrevistados comentan que “el beneficio que obtiene la comunidad de sus bosques es indirecto. Existe una veda forestal desde 1947. Todo aprovechamiento que se dé en Milpa Alta es ilegal.

El único que se dio fue por medio de un programa comunitario de aprovechamiento de madera derribada para fines domésticos que duró el año 2010 –para usar alrededor de 40 mil árboles que cayeron por vientos en febrero de ese año-.

“La situación propició que algunas personas, abusando de ese programa empezaran a construir aserradero, pero no sólo estaban aprovechando la madera derribada, sino que estaban sacando madera viva. Por tal razón se impulsó también que las autoridades intervinieran para frenar esa tala ilegal y en junio de 2013 se dio un operativo grande para desmantelar los aserraderos”.

Explican que la tendencia a soslayar a los dueños de los bosques en las decisiones que atañen a los bosques, o tratar de inducir la presencia de la iniciativa privada, ocurre porque “la gente a veces no entiende que los bosques son de propiedad colectiva.

Está acostumbrada a la propiedad privada, que cada quien es dueño de sus 200 o 40 metros cuadrados. No entienden la propiedad colectiva, de los pueblos; es propiedad, sólo que en lugar de ser uno somos los pueblos los propietarios, y eso fue reconocido por la Corona española y por el 27 constitucional. Por eso, los pueblos tenemos la capacidad de decidir”.

Cabe señalar que de la superficie total de Milpa Alta, las tierras de uso común constituyen el monte alto, los bosques y los pastizales. Son el patrimonio común de los comuneros de los nueve pueblos y abarcan aproximadamente 16 mil 877 hectáreas.

Las tierras de cultivo o repartimiento son las destinadas a la agricultura y abarcan aproximadamente 10 mil 436 hectáreas, y las tierras urbanas, que constituyen los fundos legales de los pueblos y sus desdoblamientos naturales, abarcan unas mil 762.35 hectáreas.