Llamado a fortalecer la preservación de los bosques en manos campesinas

Por Lourdes Rudiño, La Jornada del Campo, febrero de 2015

No obstante la riqueza ambiental que representan, y el servicio de “vida” que otorgan a la Ciudad de México, los bosques de esta gran metrópoli son hoy poco apreciados desde las decisiones gubernamentales, y todavía menos valorados son los dueños de esos bosques, los comuneros y ejidatarios responsables de cuidarlos, vigilarlos y preservarlos, así como de prevenir y sofocar sus incendios.

Así los explican Francisco Pastrana, Estanislao García y Ausencio Flores, quienes son parte del equipo de trabajo de la Representación General de Milpa Alta, cuyos nueve pueblos –con más de 130 mil habitantes, y 28 mil 300 hectáreas, según sus títulos primordiales, de las cuales se tienen confirmadas y tituladas 17 mil 944- están presentes en 32 por ciento del suelo de conservación del Distrito Federal.

En este suelo de conservación –87 mil 124 hectáreas en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Milpa Alta-, los bosques, pastizales y humedales existentes, de hecho sobrevivientes a contrapelo de la urbanización, recargan los mantos acuíferos que abastecen más del 70 por ciento del agua que consume la gran capital, además de realizar captura de carbono, ofrecer paisaje, equilibrar temperaturas, preservar biodiversidad de flora y fauna y demás servicios ambientales.

Históricamente, dice Estanislao García, desde la época prehispánica, la población de Milpa Alta ha protegido al territorio y sus recursos y eso ha costado vidas.

“La participación de los milpaltenses en la Revolución de 1910, propiciada por la intención de Porfirio Díaz de meter aquí el ferrocarril y extraer madera, costó la muerte de casi 50 por ciento de los pobladores entonces. Y hoy día la gente expone el pellejo por defender sus recursos”.

Francisco Pastrana dice que el reconocimiento de los servicios ambientales que otorgan los bosques del DF a la ciudad, iniciado en los 90’s del siglo pasado, fue tardío pero positivo.

Sin embargo, resulta insuficiente y el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera ha tomado decisiones que menoscaban el interés los dueños de los bosques y buscan estimular la participación de la iniciativa privada, situaciones que los milpaltenses están combatiendo de la mano de sus pares del conjunto de delegaciones mencionadas, en el marco de la organización Pueblos Unidos del Distrito Federal.

“En 1984 –comenta- el gobierno del DF impulsó la ampliación de los cascos urbanos. Nosotros nos inconformamos, pues la facultad de definir los cascos urbanos corresponde a los pueblos dada la naturaleza comunal de la tierra. Esto continuó hasta 1998, cuando comenzaron dos ciclos de gobiernos que podemos llamar democráticos del DF y empezó a darse una relación con los pueblos y se consideró que los pueblos debíamos de participar en la conservación de nuestros recursos.

En el 2000 se emitió el Programa General de Ordenamiento Ecológico, primer programa que integra la participación de los pueblos, esto fue un avance. Otro avance fue en 2006, cuando se publicó la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación del Distrito Federal.

Allí se estableció la obligación del gobierno local de hacer pagos a los pueblos dueños de las tierras consideradas suelos de conservación, por la generación los servicios hídricos y ambientales.

“En 2010, hubo otro avance, se conformó el Área Comunitaria de Conservación Ecológica (ACCE), que abarca en Milpa Alta cinco mil hectáreas y se suscribió un convenio de acciones anuales para conservar los recursos naturales y los ecosistemas dentro del área”.

Previamente en 2008 se puso en marcha el Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a Través de la Participación Social (Proface), el cual consiste en que los comuneros y ejidatarios realicen tareas de conservación y vigilancia de los ecosistemas.

Pero estos avances son relativos pues los programas y pagos que reciben los comuneros y ejidatarios dueños de los bosques representan muy poco –“ni 0.5 por ciento”- en comparación con el cobro del suministro de agua a la Ciudad de México, de 40 mil millones de pesos anuales, y con otros cobros que supuestamente están encaminados a proteger el medio ambiente, como la verificación de vehículos e impuestos a la gasolina. “¿Adónde va todo ese dinero que se recauda?”

Además, “con la llegada de Mancera (los avances) se empiezan a caer. Porque le dan un giro de 180 grados a la política ambiental. Nos dicen: ‘a partir de ahora, las actividades comunales desaparecen, y esas acciones que hacían los comuneros la va a hacer la Dirección de Vigilancia Ambiental Deva) del gobierno del DF’, y nosotros decimos: no”, señala Pastrana.