Servidumbre de hidrocarburos y resistencia rural
Por Luis Hernández Navarro, La Jornada, 18 de junio de 2014
Durante la Edad Media en Europa los siervos vestían túnicas con el escudo de su señor feudal. Hoy en día los campesinos, en lugar de su tradicional sombrero, usan gorras con el logotipo de sus amos empresariales: Monsanto, Cargill o John Deere. A partir de ahora, deberán usar cachuchas de sus nuevos señores trasnacionales: British Petroleum, Halliburton o Shell.
Y es que, con las leyes secundarias en materia energética, se establecerá en la sociedad rural la servidumbre de hidrocarburos y electricidad. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, será legalizado.
Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos, roto con las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, pretende ser definitivamente enterrado. El derecho de los labriegos a que su tierra sea intransferible ha sido cancelado. El futuro de la propiedad social de la tierra está en entredicho.
Para sortear el proyecto privatizador presente en las reformas al artículo 27 constitucional, campesinos e indígenas con tierras ejidales se incorporaron masivamente al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). De los cerca de 31 mil núcleos agrarios sólo 2 mil 700 quedaron fuera del Programa. Sin embargo, 70 por ciento de su tierra fue titulada como propiedad de uso común. De esta manera, conservaron los atributos centrales del ejido: inembargable, intransferible e inalienable.
Las leyes secundarias en materia energética inhabilitan este recurso. A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, con la amenaza de que, de no hacerlo, se les expropiarán de manera acelerada, pagándoles en especie o contratándolos. De ser propietarios y poseedores de su territorios se convertirán en una especie de semisiervos al servicio de señores trasnacionales.
Las nuevas iniciativas arrinconan aún más a campesinos e indígenas. Según datos de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano ha entregado a compañías extranjeras (en su mayoría de capital canadiense o que operan como tales) más de 2 mil 600 concesiones que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 por ciento del territorio nacional.
El despojo minero ha propiciado casi 200 conflictos entre empresas y comunidades indígenas en el país. Al menos una decena de opositores a estos proyectos en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua han sido asesinados por pistoleros. Lejos de disminuir, con el paso del tiempo la resistencia ha crecido y se ha radicalizado.
La aprobación de las leyes secundarias en materia energética, la amenaza de una nueva reforma a la ley agraria y de una reforma rural han reanimado los procesos de convergencia y movilización de las organizaciones campesinas nacionales, en los que incluso participan centrales ligadas al PRI. Por todo el país se realizan encuentros y se emiten manifiestos. Así sucedió en Torreón, el pasado 7 de junio, y en Playa del Carmen, el 14 del mismo mes. El 21 de junio la cita será en Oaxaca, y el 27 en Celaya, Guanajuato. Curiosamente, mientras los dirigentes rurales solicitan participar en el proceso de reformas, los legisladores las aprueban sin escucharlos.
Las organizaciones campesinas nacionales son un archipiélago de centrales, coordinadoras, redes y uniones que viven desde hace más de 20 años profundas divisiones. Están dedicadas, en los esencial, a gestionar proyectos gubernamentales de bienestar y desarrollo rural. A pesar de las fracturas, ninguna desaparece.
En la última etapa de lucha, una amplia convergencia de ellas se reunió el 11 de junio con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Los líderes le hicieron reclamos sobre las leyes secundarias, especialmente acerca de las servidumbres de paso. La respuesta del senador fue remitirlos con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Con él hablaron. Cuando la comisión abordó el punto de las leyes secundarias, el funcionario les manifestó que eso estaba fuera de su competencia, que no se discutía y que aún se encontraba en el terreno del Legislativo. Finalmente les propuso la posibilidad de abordar la reforma para el campo, y de que la Sagarpa pagara al jurista que elaborara los decretos o leyes necesarios.
