Se desvió el poder: el Estado mexicano está al servicio de las empresas, dictamina el TPP

Por Biodiversidad, 8 de julio de 2013

«Se llevó a cabo la segunda jornada de la preaudiencia en la que se denunciaron diferentes casos de lo que llamaron un “desvío de poder” por parte del Estado mexicano para favorecer a empresas transnacionales y obstaculizar la vida comunitaria y la defensa del territorio y los medios de subsistencia de los pueblos afectados por éstas.»

La reparación del tejido social de las comunidades a través del contacto y el apoyo entre quienes han sido víctimas de las violaciones a los derechos de los pueblos es una de las principales aportaciones que otorga la presencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México, aseguraron la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANNA), convocantes de la preaudiencia Territorialidad, subsistencia y vida digna, que se lleva a cabo en San Isidro, municipio de San Gabriel.

Ayer se llevó a cabo la segunda jornada de la preaudiencia en la que se denunciaron diferentes casos de lo que llamaron un “desvío de poder” por parte del Estado mexicano para favorecer a empresas transnacionales y obstaculizar la vida comunitaria y la defensa del territorio y los medios de subsistencia de los pueblos afectados por éstas.

El desvío de poder, explicó Ramón Vera, miembro de la Red en Defensa del Maíz y editor del suplemento “Ojarasca” de La Jornada, es el marco principal del juicio que se lleva a cabo contra el Estado mexicano y que finalizará en 2014, ya que, explicó, “el neoliberalismo es la búsqueda desmesurada de evadir todas las responsabilidades”.

La comunidad de San Isidro, anfitriona de la preaudiencia que convocó a 23 casos, hizo la presentación de su problemática, una lucha que se ha extendido por casi 80 años para recuperar 280 hectáreas que les corresponden por un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, que hasta la fecha no se ha cumplido.

Actualmente, el terreno ha sido invadido por la empresa transnacional Nutrilite, y pese a los intentos que se han hecho para recuperar las tierras y los triunfos logrados por la vía jurídica, los tribunales, presionados por la empresa, no han actuado conforme al decreto presidencial, denunciaron los habitantes de San Isidro.

“Llegaron ellos y arrasaron con todo, acabaron con los animales de la región, las liebres, los coyotes, los tejones y las víboras. También perdimos el agua porque la empresa se apropió del agua que abastecía la región”, dijo uno de los pobladores, quienes finalizaron con un canto su presentación, entre aplausos de apoyo.

La inseguridad y las amenazas causaron que muchos casos no fueran presentados por los afectados directos, como los del pueblo Rarámuri, la población de Tonayan y El Petacal en Jalisco, así como de la comunidad purépecha de Cheranástico, quienes enfrentan problemas de despojo de territorio a manos de talamontes y del crimen organizado, en el caso de la población purépecha y por mineras en Tonayán.

Además, el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), en voz de Catherine Marielle, presentó la problemática nacional por la introducción de semillas tanto comercial –desde 1996 con la importación de los Estados Unidos– como de siembra experimental que ya realizan transnacionales lideradas por Monsanto.

También se expuso el caso de la presa El Zapotillo, por parte del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, quienes señalaron las violaciones a los derechos humanos que se han dado con este megaproyecto y las afectaciones a su alimentación por el despojo de tierras que se pretende realizar.

Por último, fue presentado el caso de la violencia obstétrica por parte de la Red Jalisciense de Parto Humanizado. Este problema fue considerado por Fernanda Vallejo, quien forma parte del Comité Dictaminador, como una de las principales y menos visibles violaciones al territorio principal, que es el cuerpo humano.

Evangelina Robles, quien presentó el caso en representación de la Red, relató cómo existe una “criminalización” del parto en casa, alejado de los doctores y del sistema de salud que desdeñan los saberes colectivos.

“Si no defendemos el primer territorio que es nuestro cuerpo, no podremos defender a la madre tierra”, aseguró y denunció el aumento sistemático de partos por cesárea en empresas de salud a fin de ahorrar tiempo y tener mayores ganancias económicas.

Al final de las presentaciones, el Comité realizó una charla con los miembros de la Red en Defensa del Maíz y la ANAA, en donde se habló de las principales violaciones que fueron escuchadas durante los dos días de preaudiencia.

“Para nosotros el TPP ha sido un techo más que nos ha respaldado, yo creo que todas las organizaciones que estamos aquí hemos sido testigos de todo lo que está pasando a nivel nacional”, resumió Eutemio Díaz, representante del pueblo wixárika.

Este día los dictaminadores Dora Lucy Arias, Fernanda Vallejo, Alfredo Zepeda y Jean Robert emitirán el veredicto después de analizar los casos.

Fuente: La Jornada Jalisco

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