Por el bien de todos, hablemos de la prohibición del glifosato

Por Greenpeace, Sin Embargo, 17 de enero de 2021.

“No lo olvidemos: el decreto viene directamente de la Presidencia de la República en respuesta a una lucha de muchos años y de muchas organizaciones en todo el país, organizaciones campesinas, de consumidores, académicos, investigadores, artistas e intelectuales que han denunciado que los transgénicos y su paquete tecnológico ocasionan daños a la salud humana y medioambiental, tal como las y los científicos lo han comprobado en diversas investigaciones”.

Angélica Simón y Viridiana Lázaro*

Hace un año, por estos días permanecía la euforia de la noticia revelada: después de muchos años de lucha, desde muy distintos frentes, la prohibición progresiva del herbicida glifosato al 31 de enero de 2024, así como el fin del cultivo de maíz transgénico y su utilización en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, se volvía una realidad, por decreto presidencial.

Se comprendía desde entonces que la aplicación de mismo no es un tema inmediato, que implica tiempos, ajustes, voluntades, procesos y uno de los puntos señalados por Greenpeace desde entonces como fundamental en esta transición es el de una campaña de comunicación.

Difundir el por qué y el para qué es necesario para que, más allá de intereses particulares, comprendamos que esta prohibición es un tema de bien común: recordemos que en el 2015 el herbicida glifosato fue clasificado por la a Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como probable carcinógeno en humanos (Grupo 2A) y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en una amplia literatura científica. Al igual que los transgénicos tiene una grave repercusión en los ecosistemas, afectando la biodiversidad y la gran diversidad de maíces nativos en México, así como daños a la salud humana y la salud de las personas y del medio ambiente debe estar por encima de cualquier otro interés.

Pero igual de importante es comunicar el cómo y quién es el responsable de la aplicación del decreto.

No lo olvidemos: el decreto viene directamente de la Presidencia de la República en respuesta a una lucha de muchos años y de muchas organizaciones en todo el país, organizaciones campesinas, de consumidores, académicos, investigadores, artistas e intelectuales que han denunciado que los transgénicos y su paquete tecnológico ocasionan daños a la salud humana y medioambiental, tal como las y los científicos lo han comprobado en diversas investigaciones.

Y es importante comunicarlo porque hay sectores y regiones, como en Campeche donde por desconocimiento no solo se niegan a aceptar el decreto sino que señalan a compañeros de luchas ambientales muy particulares como los promotores del mismo.

A finales del 2021, Greenpeace, Indignación A.C., la Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo´on, Rémy Vandame, investigador del Colegio de la Frontera Sur y el Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén, hicieron un llamado a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a las dependencias involucradas en su aplicación, a realizar cuanto antes esta campaña de difusión, culturalmente adecuada y adaptada a la población para informar que el decreto es competencia y responsabilidad del Gobierno federal. Confiamos en que la llevarán a cabo este 2022 la desinformación no es buena para nadie.

Esta campaña de difusión también debe estar dirigida a las instituciones de gobierno competentes. Es responsabilidad del Gobierno federal dar a conocer por todos los medios posibles y a todas las comunidades en las que se venía usando glifosato como parte de los paquetes de la agricultura industrial, el origen, contexto, objetivo, beneficios, así como los tiempos de implementación del decreto presidencial del uso del glifosato a fin evitar la tergiversación o manipulación de la información que puedan resultar en confrontaciones entre productoras y productores.

Las autoridades locales involucradas en las reuniones de trabajo con los sectores productivos del país, juegan un papel fundamental en la construcción de la confianza en que esta prohibición trae beneficios para el campo, los agricultores y la población en general al representar un avance en la restricción de sustancias altamente tóxicas y dañinas para la salud de las personas. De no transmitir claramente el contexto, origen y objetivos del Decreto en los espacios para ello, lejos de generar tranquilidad y certeza entre las comunidades se puede generar un tema de confrontación y hostilidad.


*Angélica Simón es coordinadora de medios; Viridiana Lázaro es especialista en Agricultura y cambio climático en Greenpeace México.