Nueva estrategia financiera para el campo propone ANEC

Comunicado de Prensa No. 061 México, D.F. a 2 de Junio de 2013

La propuesta de “reforma financiera” del gobierno federal y el “Pacto por México” excluye al campo y beneficia a los bancos.

La ANEC propone una nueva estrategia de financiamiento para la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales.

Acceso a crédito y servicios financieros con tasas no mayores a 5 por ciento anual para todas las unidades de producción rural como parte de la política de Estado para la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo.

Nueva estrategia de financiamiento al campo asociada a precios remunerativos, certidumbre en la comercialización, asistencia técnica a ras de tierra y organización económica local de productores.

No basta traer a Lula a actos mediáticos. Es necesario aprender las lecciones brasileñas de masificación del crédito a los campesinos con garantía de precios remunerativos, certidumbre en la comercialización y asistencia técnica a ras del suelo.

El campo mexicano ha estado abandonado en las últimas tres décadas bajo un modelo de subordinación a los intereses externos y de las grandes corporaciones agroalimentarias. La política agroalimentaria hasta ahora ha privilegiado las importaciones, el fomento productivo a una minoría de agricultores comerciales de riego, rentistas en su gran mayoría, y a las grandes corporaciones agroalimentarias. Los resultados económicos, sociales, agroalimentarios y nutricionales , entre otros, muestran un claro fracaso de este modelo y la urgencia de un cambio de fondo.

Como parte del abandono deliberado del campo y del desmantelamiento de la capacidad productiva agroalimentaria local y nacional, el financiamiento ha desaparecido como instrumento estratégico de fomento productivo y de desarrollo local.

Prácticamente no existe crédito a la producción agroalimentaria ni servicios financieros para la mayoría de las unidades de producción y localidades rurales del país.

El sector productivo agropecuario y la población rural sufren de una inaceptable exclusión financiera, además de una exclusión económica, social, cultural y política.

Esta exclusión financiera –y económica, social y política- de la población rural del país es reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) recientemente dado a conocer por Enrique Peña Nieto.

Efectivamente, en el PND se reconoce que únicamente el 6 por ciento de las unidades de producción rural tiene acceso al crédito formal y que la banca de desarrollo y mucho menos la banca privada cumplen con su obligación legal e institucional de “fomentar las actividades productivas” del país.

Las propuestas recientemente anunciadas por el gobierno federal y el “Pacto por México” en materia de “reforma financiera” prácticamente no hacen referencia a la exclusión financiera del sector agropecuario, forestal y pesquero y se concentran en hacer llamados a la buena voluntad de la banca privada para que aumenten su penetración en el sector y bajen tasas de interés. A cambio, se le propone facilitar la disposición de las garantías crediticias e incluso, establecer la figura del arraigo preventivo de los acreditados morosos. Todo queda en la autorregulación y buena voluntad del sistema bancario “mexicano”.

Por tanto, es de esperar que aún con más subsidios públicos que se canalicen a la banca privada y facilidades fast track para tomar garantías y presionar a los morosos, no aumentará significativamente el crédito rural ni muchos bajaran las tasas de interés y los costos de transacción.

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) demanda al gobierno federal un diálogo político con las organizaciones de productores para el establecimiento de una política de Estado para la soberanía y la autosuficiencia alimentaria con base en el fomento productivo del 85 por ciento de las pequeñas y medianas unidades de producción hasta ahora excluidas, con un modelo sustentable de producción, sin transgénicos y sin monopolios.

Como parte de esta nueva política de Estado, se requiere de una nueva estrategia de financiamiento a la producción alimentaria y al desarrollo social y productiva de las pequeñas y medianas unidades de producción y de las localidades rurales de todo el país. Debe establecer a partir de la obligación del Estado de regular el sistema financiero para que cumpla sus fines y objetivos legales de “promover el desarrollo productivo”, obligando a la banca privada y de desarrollo a canalizar al menos el 30 por ciento de los depósitos a la vista para el financiamiento productivo a tasas no mayores al 5 por ciento anual de la agricultura familiar para el logro de la autosuficiencia y la seguridad alimentarias a nivel local, regional y nacional así como la inclusión social y la ciudadanía plenas en el campo.

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