2026 es el Año Internacional de las Agricultoras

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¿Cuál es la situación de la agricultura en España? 

“En España, la agricultura sigue siendo un sector estratégico por su función económica, social, territorial y medioambiental”, afirman al SMC España desde la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES). La agricultura representa aproximadamente el 2,5 % del PIB español, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y el sector primario emplea al 3,6 %, de la población activa, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Tanto la producción nacional, como las exportaciones, especialmente a mercados europeos, son los sostenes del valor del sector agroalimentario.

De acuerdo al Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la tierra dedicada a cultivos ocupaba en 2023 el 32,8 % del total de la superficie de España. El tipo de cultivo es muy diverso y cada región tiene su especialidad. En líneas generales, los herbáceos —cultivos temporales y huertas— representan el grueso de la superficie cultivada, entre los que destacan los cereales. En los cultivos leñosos —mantenidos durante largos periodos sin ser replantados tras cada cosecha—, los olivares encabezan el grupo.  Cabe destacar que España es uno de los países con más superficie en producción ecológica tanto de la Unión Europea como del mundo, encabezando la lista en ambos ránquines en olivares ecológicos y la primera del mundo en viñedos ecológicos. Así se indica en The World of Organic Agriculture 2025

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Nearly Every Corn Seed Planted in Colorado Is Covered in Insecticide: Lawmakers May Restrict the Chemical

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Colorado farmers plant tens of millions of corn seeds every year, nearly every one of them covered in a thin layer of insecticide.

The neonicotinoids used in the coatings protect the seed from pests in the soil and, as the crop matures, the chemical is absorbed into the plant’s tissue, where it continues to paralyze and kill insects that chomp on the crop.

Farmers say the insecticide is necessary, but growing concerns about its impact on crucial pollinator species and the wider environment are prompting a push in Colorado for more regulation of the widely used class of chemicals. Environmental advocates plan to seek a bill in the state legislature in 2026 that would limit their use in hopes of protecting pollinators and water quality.

While a draft bill has not yet been made public, the environmental groups working on it said the legislation would ban the use of neonicotinoids without prior approval by inspectors overseen by the Colorado Department of Agriculture.

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La Certificación Orgánica Participativa en México: una experiencia desde los tianguis y mercados alternativos

Por Ileana Vanessa Ramírez Ríos, LEISA Revista de AGROECOLOGÍA, Diciembre 2025

Sembrar confianza: el nacimiento y crecimiento de una agricultura sustentable

México, país de profunda biodiversidad y contrastes sociales, ha sido cuna de movimientos que defienden el territorio, la cultura alimentaria y las formas de vida campesinas. En ese contexto surgieron, desde principios de los años 2000, iniciativas locales que impulsaron modelos agroecológicos centrados en la autosuficiencia, la confianza y la relación directa entre productor/a y consumidor/a.
Uno de esos modelos es la Certificación Orgánica Participativa (COP), vinculada desde sus inicios con las experiencias latinoamericanas articuladas en el Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía (SPG). Inspirada en los principios de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), la COP buscó construir procesos accesibles de garantía para pequeños/as
productores/as, promoviendo un comercio justo y transparente basado en la confianza mutua. A comienzos de la década del 2000, distintas organizaciones comenzaron a desarrollar mecanismos participativos para validar la integridad orgánica de sus productos. Esta movilización derivó en 2006 en la inclusión del artículo 24 en la Ley de Productos Orgánicos (LPO), que por primera vez reconoció la certificación participativa como una vía legítima para los/as pequeños/as productores/as organizados/as. Era un logro simbólico y político: el reconocimiento legal de un proceso construido desde abajo, por productores/as y consumidores/as que apostaban por la agroecología.
Desde entonces, organizaciones como la Sociedad Cooperativa del Tianguis Orgánico Chapingo, con más de 21 años de trabajo continuo, han sido pioneras en impulsar procesos de producción, transformación y  comercialización de alimentos orgánicos, naturales y artesanales en el ámbito local y regional. A este esfuerzo se han sumado múltiples colectivos y redes, entre ellos Tijtoca Nemiliztli, Tosma, Mercado Sanjomo, TAP, Comida Sana y Cercana, El Jilote, el Mercado Macuilli, el Mercado el 100 y el Tianguis Agroecológico de Xalapa, junto a organizaciones de consumidores/as, técnicos/as y académicos/as comprometidos/as con la agroecología.
Los productos certificados bajo este modelo son principalmente alimentos frescos y transformados por unidades familiares que conservan prácticas tradicionales y saberes comunitarios. La certificación, lejos de ser un trámite burocrático, se convierte en un proceso vivo de acompañamiento técnico, evaluación participativa y fortalecimiento de vínculos de confianza entre quienes producen y quienes consumen. Este principio, compartido con el movimiento latinoamericano de SPG, ha permitido mantener una ética de trabajo centrada en la transparencia y la construcción de comunidad.
Durante los primeros años, los tianguis y mercados crecieron como una red cohesionada que compartía principios y una visión de soberanía alimentaria. Sin embargo, hacia 2012, la pérdida del acompañamiento técnico común y las diferencias ideológicas generaron una fragmentación que debilitó la articulación del movimiento de la COP. A pesar de ello, muchas organizaciones defendieron sus procesos participativos, su autonomía metodológica y la credibilidad ganada en su entorno local.
El año 2014 marcó una nueva etapa: el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió los Lineamientos para la Operación Orgánica (LOOA), que establecieron los requisitos para el funcionamiento de los sistemas de certificación orgánica participativa (SCOP). Desde entonces, los Comités de Certificación Participativa (CCP) han buscado operar conforme a esta regulación, documentando procesos, capacitando a sus integrantes, realizando visitas de verificación y sometiéndose a auditorías para obtener el reconocimiento oficial. No obstante, ante la falta de acompañamiento técnico que retome la experiencia de los productores, se han replicado lógicas propias de las agencias de tercera parte, generando cargas desproporcionadas y limitando el acceso de pequeños/as productores/as al reconocimiento formal.
Actualmente, se estima que existen más de 100 tianguis y mercados autodenominados «orgánicos», «alternativos» o «agroecológicos» en México; no obstante, solo cuatro han logrado el reconocimiento oficial por parte de Senasica desde 2015 hasta la fecha.

Aunque estos espacios comparten principios, el vínculo entre ellos es débil y se requiere una estrategia clara de articulación, formación continua y respaldo institucional para consolidarlos como promotores efectivos de alimentos sanos y seguros.
Los SCOP reconocidos por Senasica agrupan a productores/as que han logrado formalizar su certificación participativa conforme a la Ley de Productos Orgánicos. A esto se suman grupos que, sin contar con el reconocimiento oficial, aplican metodologías de certificación participativa en distintas regiones del país, consolidando un sistema de consumo directo entre productor/a y consumidor/a basado en la confianza, la transparencia y el compromiso ético.

Cosechar futuro: desafíos y aprendizajes de la certificación participativa

Para la Sociedad Cooperativa de Productores del Tianguis Orgánico Chapingo, el Foro Latinoamericano de SPG ha sido un espacio esencial para fortalecer la coherencia interna de los sistemas participativos, visibilizar los logros del caso mexicano y compartir aprendizajes con experiencias de toda América Latina. Este intercambio de metodologías, reflexiones y análisis colectivos ha permitido mantener viva la dimensión política y social de los SPG, mostrando que la garantía participativa es, ante todo, un acto de construcción de ciudadanía y soberanía alimentaria.
Las organizaciones mexicanas que participan en estos espacios han mantenido vivo el espíritu crítico del movimiento, defendiendo la idea de que la certificación no puede reducirse a un procedimiento técnico o comercial, sino que debe seguir siendo una práctica social y ética que refuerce los lazos comunitarios. Aun con este impulso, los desafíos siguen siendo importantes. Entre ellos destacan la falta de apoyo técnico y financiero sostenido, la rigidez de los requisitos regulatorios, el uso indebido del término «orgánico» por actores ajenos a estos procesos y el debilitamiento de los principios éticos cuando los mercados se mercantilizan y se pierde el protagonismo del/de la
productor/a. A esto se suma la ausencia de un distintivo nacional y la carencia de políticas públicas con enfoque territorial que reconozcan el valor de los SPG.

Frente a este panorama, las oportunidades de fortalecimiento son muchas y pueden garantizar la sostenibilidad del sistema, además de ampliar su impacto. También resulta clave sensibilizar a los/as consumidores/as, generar campañas de educación alimentaria y fomentar el reconocimiento institucional en los niveles local, municipal y regional.
La experiencia mexicana demuestra que es posible sostener modelos de producción y comercialización fundamentados en la solidaridad, la equidad, la salud comunitaria y la soberanía alimentaria. En un entorno dominado por el mercado global y los marcos normativos restrictivos, la COP ha mostrado que existen alternativas viables, éticas y profundamente humanas para garantizar la calidad de los alimentos.
Los SPG en México, como en América Latina, nos recuerdan que la confianza es una herramienta política; la participación, una forma de garantía; y la comunidad, el verdadero sello de calidad.

Ileana Vanessa Ramírez Ríos
Representante de la Sociedad Cooperativa de Productores
del Tianguis Orgánico Chapingo.
comitetianguisorganicochapingo@gmail.com

Los engaños de Monsanto para vender el glifosato

Por: Iván Restrepo

La Jornada ha sido el medio de información mexicano que más ha señalado los graves problemas que ocasionan los agroquímicos a la población y al medio ambiente. Desde su fundación, el tema lo abordan articulistas y reporteros. Y uno de los productos más denunciados es el Roundup, comercialmente conocido como glifosato, y que fabricó por décadas la empresa estadunidense Monsanto. La adquirió en 2018 la alemana Bayer, la más importante en el mercado mundial de semillas, fertilizantes y plaguicidas.

El glifosato es un herbicida total, no selectivo, cuya acción se da a través de las hojas de las plantas. Es utilizado en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía, en diversos cultivos, como maíz, soya transgénica y trigo. También, para combatir las siembras de coca. En varias ocasiones denunciamos aquí la tolerancia de las autoridades para con Monsanto y la falta de patrocinio para estudios que demuestren los daños que causa donde se aplica como si fuera un producto inocuo.

Es importante agregar que quienes promueven el uso de plaguicidas en los cultivos aconsejan a los campesinos y propietarios de explotaciones comerciales agregarle al glifosato otras fórmulas químicas para hacerlo más potente. Pero esa mezcla resulta muy nociva para los trabajadores agrícolas y sus familias, para quienes viven cerca de las áreas de cultivo y las corrientes de agua, y para el medio ambiente en general.

Monsanto invirtió millones de dólares para hacer creer que dicho compuesto no afectaba negativamente a nadie. Para ello, utilizó un influyente artículo que publicó en el 2000 la revista científica Regulatory Toxicology and Pharmacology. En él se sostuvo que el uso del glifosato no representaba un riesgo para la salud humana. El artículo lo elaboraron tres investigadores que gozaban de prestigio en sus lugares de trabajo: Gary Williams, Ian Munro y Robert Kroes. Pero recientemente, la revista se retractó del contenido de dicho texto, pues no refería otras investigaciones que mostraban la toxicidad crónica del herbicida.

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The Science Shows Glyphosate must be Banned

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The Scientific Evidence Justifies Banning Glyphosate

The primary scientific study pesticide regulators worldwide used to justify the approval of Glyphosate, the active ingredient in Roundup and many other herbicides, has been retracted due to fraud.

This study, by Gary Williams, Robert Kroes, and Ian Munro, was used to cast doubt on the numerous published studies showing that Glyphosate caused cancers and many other diseases.

Researchers Alexander A. Kauro and Naomi Oreskes published a study in Environmental Science and Policy that identified multiple flaws in the Williams paper, including the fact that it was ghostwritten by Monsanto employees, which constitutes academic fraud. The Williams paper used unpublished studies from Monsanto and ignored a large number of scientific studies showing the multiple diseases Glyphosate causes, including cancer.

This paper was cited and used by regulators as the basis for approving the use of glyphosate-based pesticides and overriding the evidence presented in hundreds of studies showing the immense harm caused by them to human health and the environment.

This retraction comes a few months after the landmark study on glyphosate by Panzacchi et al. was published on June 10, 2025, examining total lifetime exposure to the so-called ‘safe’ levels to which most people are subjected [2].

The study found that the lowest dose of 0.5 mg/kg, which is four times lower than the US Environmental Protection Agency’s (EPA) proposed ‘safe’ level, caused increased rates of both benign and malignant tumors in various parts of the body compared to the controls. These tumors included leukemia, skin, liver, thyroid, nervous system, ovary, mammary gland, adrenal glands, kidney, urinary bladder, bone, endocrine system, pancreas, uterus, and spleen. [2,3]

Now that William’s study has been retracted, the main reason for trusting the safety of glyphosate-based herbicides has disappeared, leaving no reason to avoid banning these highly toxic poisons that pollute nearly every part of the environment and the bodies of most living creatures, especially us and our children

There are an enormous number of published scientific studies showing that glyphosate-based pesticides are responsible for multiple serious health problems for people, animals, and the wider environment.

The widespread adoption of GMO crops in the U.S. has resulted in a massive increase in the application of glyphosate, the active ingredient in Roundup, as the primary method of weed control. [4]

The Panzacchi study confirms evidence from earlier research, including that by the IARC and Seralini et al., among many others[5,6]. It also validates the accuracy of “Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America,” where Dr. Nancy Swanson, our co-authors, and I demonstrated how glyphosate and GMOs are linked to over 20 chronic diseases in the U.S [4].

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