Por Anabel Pomar

El refrán popular es conocido: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. El escritor y periodista Upton Sinclair, por su parte, en su cita más célebre aseguraba: “Es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Cuando se trata de abordar la peligrosidad del glifosato, ambas frases van de la mano. Y para continuar la discusión pública del modelo agrotóxico, deben sumarse las ya suficientes evidencias de cómo sus fabricantes han influenciado para evitar que la verdad sobre la afectación del herbicida para la salud y la biodiversidad sea conocida.

Algunos estudios dicen que sí es peligroso. Otros no. Un Estado lo prohíbe, pero otros no. Y así… El uso del veneno insignia del modelo agrotóxico hegemónico continúa aumentando exponencialmente. El resultado: este presente que encuentra a la Argentina en el podio de los países más pulverizados del mundo y, por ende, sufriendo las consecuencias de serlo.

Entonces, surge una noticia relacionada al glifosato o sus impactos y obliga a repasar, nuevamente, cómo es que, pese a la evidencia sobre su peligro, el agrotóxico continúa aplicándose. Si permanece en el mercado no es por la falta de pruebas sobre los daños que genera sino por la enorme presión económica y corporativa para sostenerlo.

Una década sin políticas estatales ante el peligro del glifosato

El herbicida fue introducido en el mercado hace cinco décadas por Monsanto, que desde 2018 es propiedad de la multinacional alemana Bayer. Hace menos, nueve años para ser exactos, el principio activo fue categorizado cómo clase IIA (Probable Cancerígeno en Humanos) por la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud). El informe de ese organismo añade además que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones con base glifosato son genotóxicas, que puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas y que tanto el herbicida como el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo, que pueden provocar muerte celular y disfunción en los tejidos orgánicos.

La demorada —por el lobby de sus fabricantes— clasificación de la IARC fue producto de un trabajo que, por primera vez, tomó investigaciones y trabajos científicos sin conflictos de intereses. Ese corpus creció en esta última década y documentó los daños, exponiendo los estudios financiados por las empresas o realizados por ellas mismas. En la génesis de la aprobación de las sustancias biocidas de síntesis química se toma como suficiente lo que dicen quienes venden el producto. La confianza ciega en las corporaciones rige el sistema regulatorio global. La primera respuesta a cómo se sostiene aún su uso.

En Argentina, tras la reclasificación de la IARC, el Equipo de Trabajo de Ambiente y Carcinogénesis del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud, realizó el informe “Glifosato-Grupo 2A”. En ese trabajo puede leerse, entre otras cosas, que “se observó una asociación positiva para el riesgo de Linfoma No-Hodgkin y exposición al glifosato”, que “hay suficiente evidencia en animales de experimentación de la carcinogenicidad del glifosato” y que una “fuerte evidencia indica que la exposición a glifosato o formulaciones a base de este es genotóxica”.

Con ese conocimiento en su poder, el Estado sigue sin desarrollar una política pública nacional destinada a proteger a la ciudadanía de ese veneno. La falta de una política nacional y de un debate al respecto es una ecuación a medida para las ganancias corporativas y en detrimento de la salud y el ambiente.

Glifosato, Gualeguaychú y la perpetuidad de la duda

Esa recategorización no es “concluyente” para que las autoridades nacionales actúen. La legislación vigente para proteger a la población del glifosato u otros agrotóxicos se dio, en muy pocos casos, a través de normativas provinciales de prohibición –Chubut y Misiones– o distancias mínimas de aplicación –San Luis–u ordenanzas municipales que marcan zonas de resguardo, como así también fallos judiciales conseguidos por la lucha de las nunca atendidas víctimas de ese modelo tóxico, los pueblos fumigados, organizados en defensa propia.

Está extensamente probado cómo Monsanto (Bayer) junto a otras corporaciones tóxicas diseñaron una campaña para poner en duda el trabajo de la IARC, desprestigiar a sus miembros y sobre todo evitar que otras agencias regulatorias siguieran sus pasos a la hora de categorizar el producto cómo probable cancerígeno.

Cuando las empresas logran perpetuar las dudas, mantener el tema “en discusión” y alimentar la idea de “las dos bibliotecas”, habilitan las idas y vueltas en la erradicación del herbicida, como ocurrió en septiembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

“Toda la artimaña consiste en hacer creer que existen dos posiciones científicas cuando, de hecho, de un lado hay un conjunto de conclusiones científicas y, del otro, su contestación por parte de los mismos actores que comercializan el producto”, apunta Mathias Girel, doctor en filosofía de la Escuela de París, quien trabaja sobre la “articulación social de la duda”. Desde la Universidad del Litoral, el ingeniero químico e investigador Horacio Beldoménico sostiene que “no hay dos bibliotecas” y grafica: “La evidencia está en la ciencia universal, la otra está encerrada en las empresas de agroquímicos”.

El 30 de septiembre pasado, luego de más de 6 años, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay —con la firma positiva de los jueces Mariano Alberto López, Federico José Lacava y la abstención de María Fernanda Erramuspe— declararon “inconstitucional” y anularon algunos aspectos de la Ordenanza 12216, que, desde 2018, prohibía el expendio, almacenamiento, transporte y comercialización del glifosato y sus formulaciones en la ciudad. La presentación había sido impulsada por la Sociedad Rural y la sentencia habilitó nuevamente la circulación del herbicida.

La Cámara consideró la “inconstitucionalidad” indicando que, si no se podía demostrar que dichas actividades eran nocivas para la salud y el medio ambiente, la prohibición resultaba arbitraria. La ordenanza que recibe este golpe no es cualquier ordenanza. En sus fundamentos, señalaba con claridad la peligrosidad del glifosato, desprendiéndose del mecanismo de la duda instalado por las empresas del agronegocio.

Desde las carteras de Ambiente y Comunicaciones del Municipio de Gualeguaychú, gobernado por Mauricio Davico (Juntos por Entre Ríos), confirmaron a Agencia Tierra Viva que no apelarán la sentencia. Y que el uso sigue prohibido en zona urbana y “regulado” en en zonas rurales por ordenanza 12253/2018.

“En su Artículo 5 manifiesta que ‘queda prohibida la utilización y aplicación de agroquímicos con medios de aplicación aérea en el ejido de la ciudad. Asimismo, queda prohibido dentro de la zona urbana, quintas, chacras e industrial todo tipo de aplicaciones terrestres de agroquímicos y, respecto de la zona rural, el Artículo 7 de la misma establece el procedimiento a seguir para realizar aplicaciones en dicha zona. La cual se puede no autorizar”, señaló la directora de Ambiente de Gualeguaychú, Ivana Zecca.

Tras esa decisión del Poder Judicial entrerriano, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto de ley de “buenas prácticas agrícolas”, que vuelve a la carga y reduce al mínimo los límites para la aplicación de agrotóxicos. Las organizaciones socioambientales repudiaron la medida y no dudaron: “Profundiza las enfermedades de nuestro pueblo y territorio”.

Controversias fabricadas para vender

En el libro La duda es su producto, el investigador David Michaels señala cómo actúan las corporaciones con técnicas probadas y perfeccionadas por la industria del tabaco. “Estas industrias han aprendido que al enfocar la discusión sobre las incertidumbres en la ciencia (y la necesidad de más investigación), es posible evitar el debate sobre las políticas públicas. Esto puede retrasar por años lo necesario para proteger la salud de la gente y el medio ambiente”.

El fallo judicial entrerriano es un claro ejemplo de esa estrategia. La Sociedad Rural logró voltear parcialmente la prohibición contra el glifosato y los jueces eligieron agarrarse de la duda instalada por la industria: nunca es suficiente ni concluyente.

En sus argumentos, los demandantes cuestionaron que se plantee como un hecho cierto la vinculación entre glifosato y cáncer por el solo hecho de haber sido clasificado como “probable carcinógeno” por la IARC. “No existen evidencias científicas que vinculen al glifosato con el cáncer”, sostuvieron. Por su parte, quienes buscaban sostener la medida (la Intendencia, a cargo en ese momento de Esteban Martín Piaggio) adjuntaron la extensa bibliografía que confirma lo hallado por la IARC y otros científicos libres de intereses.

Los jueces concluyeron que “faltan estudios que acrediten esos daños en ese territorio particular y que, si bien no desconocen ese estudio de la IARC, otras ‘voces regulatorias’ afirman que no es cancerígeno”. En el fallo, los jueces también citan la decisión tomada en 2023 por la Unión Europea, que “calificando de improbable ese nexo oncológico, prorrogó en su territorio por diez años más el uso y aplicación” del glifosato. La decisión citada en la sentencia fue tomada por el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, pero quienes utilizan la renovación por parte de la UE cómo argumento omiten mencionar las partes que les resultan inconvenientes.

En primer término, menciones importantes del Comité europeo como la que convoca a los Estados miembros a “establecer condiciones o restricciones específicas de uso para los productos fitosanitarios que contengan glifosato, teniendo en cuenta, en particular, si existen otros métodos prácticos de control o prevención con un impacto menor en la biodiversidad”.

También olvidan un detalle crucial detrás de la renovación de la UE hasta 2033. La doctora Pauline Cervan, toxicóloga de Generations Futures (Francia), una de las organizaciones europeas que están judicializando ese nuevo permiso, lo resume: “A primera vista, la evaluación parece exhaustiva y abarca numerosos estudios. Sin embargo, de los 1.628 estudios sobre glifosato revisados por pares (muchos de los cuales destacan impactos adversos para la salud o el medio ambiente) publicados durante la última década, sólo 30 (1,8 por ciento) se consideraron relevantes y confiables para su evaluación. Estos estudios se ven eclipsados por la investigación de la industria en la evaluación general de la evidencia, y ninguno sirve como estudio clave en la reevaluación de lo aprobado”

Monsanto-Bayer lo confesó

Lo que las empresas del agronegocio afirman en sus comunicaciones públicas para sostener la comercialización del glifosato no es lo que dicen sus empleados en “la cocina” de la empresa responsable de introducir el herbicida base de glifosato. “No se puede decir que Roundup(formulación comercial del glifosato)no sea cancerígeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer, empleada de la corporación desde 1991, en un correo electrónico enviado el 22 de noviembre de 2003. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”, agrega.

También, en una declaración testimonial, bajo juramento, durante uno de los cientos de juicios que la empresa enfrenta en Estados Unidos, William Heydens, gerente de asuntos regulatorios de Monsanto admitió la peligrosidad cancerígena de la formulación. Durante ese interrogatorio de enero de 2017, reconoció como cierta la información que había escrito en un correo electrónico años antes, el 17 de marzo de 2015. En ese correo enviado a su colega Josh Monken, Heydens dice que el Roundup tiene niveles “bajos” de formaldehído cancerígeno y compuestos nitrosos cancerígenos.

Además, escribe otro dato que estremece: “Muchos estudios toxicológicos para glifosato se han realizado en un laboratorio (IBT – Industrial Biotest) que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) descubrieron que generaba datos fraudulentos desde la década de 1970”.

Heydens fue el responsable también de ocultar los peligros genotóxicos de la formulación. Esos estudios, comprobados como fraudulentos, se siguen citando como evidencias de la seguridad del producto, incluso en papers científicos actuales y en renovaciones de agencias regulatorias. Esa admisión de la peligrosidad de la propia empresa es omitida en toda discusión sobre su uso.

El argumento que permitió ganar numerosos juicios en Estados Unidos contra el Roundup, por cancerígeno, y contra la empresa por ocultar con “malicia” ese conocimiento, sigue siendo ignorado por funcionarios argentinos que deben velar por la salud.

“Monsanto clasifica al glifosato como peligroso para la salud”

Quienes no se dejan atrapar por la propaganda ni por las falsas controversias son un grupo de accionistas de la propia Bayer. Integrantes del Comité Ejecutivo de la Coordinación de Riesgos de la empresa,que ha sufrido pérdidas multimillonarias producto de las condenas contra su herbicida estrella, han sido concluyentes sobre los peligros. Toda la información está disponible en el sitio web oficial de la corporación tóxica, en las memorias de reuniones donde se registran los documentos presentados en reuniones internas. No dejan dudas de la necesidad de la suspensión de su uso.

Con fecha 27 de febrero de 2020, en una contramoción para la Asamblea Anual de Accionistas del Grupo Bayer, a realizarse en abril de ese año, se pueden leer textualmente las siguientes afirmaciones: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas clasifica al glifosato como ‘probablemente cancerígeno’. Incluso el propio Monsanto clasifica esta sustancia como peligrosa para la salud”.

Para ilustrar esas afirmaciones, el grupo de accionistas disidentes mencionan los documentos internos de la toxicóloga Donna Farmer y los de su colega William Heydens cuándo afirman: “El producto formulado es el que causa el daño. Por ejemplo, tiene efectos adversos sobre el material genético. Cuando un estudio encargado por la empresa a este respecto no proporcionó suficientes pruebas exculpatorias e incluso amenazó con confirmar los hallazgos, Heydens simplemente sugirió buscar otros científicos”.

En otra cita textual del documento interno de Bayer, se lee: “Los científicos de Monsanto también conocían la relación entre el glifosato y el linfoma No-Hodgkin. El estudio de casos y controles encontró un odds ratio (OR) de 2,02 para la exposición (dos veces la probabilidad de contraer la enfermedad) al glifosato”. La toxicóloga Farmer reaccionó a estos hallazgos con otra confesión: “Hemos estado al tanto de este documento por un tiempo y sabíamos que sólo sería cuestión de tiempo antes de que los activistas lo retomaran”.

El grupo de accionistas no sólo relevó las pruebas de la propia empresa sino que condenó también la estrategia legal que lleva adelante ante las demandas presentadas en Estados Unidos y otras partes del mundo. “La empresa ahora está buscando llegar a un acuerdo en este asunto. Estos acuerdos suelen concluirse ‘sin admisión de culpabilidad’ y, por lo tanto, dejan sin abordar cuestiones cruciales relativas a la responsabilidad por el sufrimiento de las partes afectadas”, apuntaron. Y dieron un paso más: “Tras la conclusión de los acuerdos, Bayer podrá seguir vendiendo el producto cancerígeno Roundup. Por tanto, el envenenamiento futuro de las personas y del medio ambiente es inevitable”.

Y concluyen sobre el modo de proceder de la cúpula corporativa: “Hasta ahora, sin embargo, el Consejo de Administración se ha limitado a intentar negar las consecuencias mortales que tiene el uso de glifosato para las personas y el medio ambiente”.

Con esa presentación, exhortaron a los directivos del grupo Bayer a dejar de fabricar el herbicida estrella a base de glifosato en vez de seguir negando el peligro: “El Consejo de Administración de la empresa tiene la obligación de suspender la producción del producto cancerígeno Roundup y reconocer los efectos devastadores que tiene”.