Movilización campesina en Colombia pone los reflectores sobre las semillas

Por Grain, 4 de septiembre de 2013

El 19 de agosto, las organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional agrario. Bloquearon carreteras, regaron leche sobre los automóviles y básicamente dejaron de producir comida para las ciudades. ¿El problema? Que están siendo asfixiados por las políticas gubernamentales.

El Estado no proporciona casi ningún apoyo al sector campesino de pequeña escala.i Al contrario, promueve un modelo económico y social que sirve a los intereses de una acaudalada y minoritaria élite. Los tratados de libre comercio (TLC) firmados recientemente con Estados Unidos y la Unión Europea están atentando contra los productores colombianos, que no pueden competir con las importaciones subsidiadas.ii El gobierno colombiano ha estado promoviendo activamente los acaparamientos de tierra por parte de las grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras (Monica Semillas de Brasil, Merhav de Israel, Cargill de EUA), con el fin de impulsar los agronegocios orientados a la exportación a expensas de los cultivos familiares orientados a la soberanía alimentaria.

Los manifestantes argumentan que es necesario proporcionarle un respaldo real al sector campesino, especialmente un acceso a la tierra y menores costos de producción. Si no ocurre esto, los productores de café, papa, carne y lácteos, por no mencionar a los pescadores en pequeña escala, no tendrán como continuar trabajando. Hay expulsión y exterminio. Ya puestos contra la pared, la movilización comenzó en una parte del país en junio y creció hasta convertirse en una acción coordinada a nivel nacional en agosto.

El paro agrario fue apoyado muy pronto por otros sectores: los obreros de la industria petrolera, los mineros, los transportistas, los profesionales del sector salud y otros. El 29 de agosto, a diez días de comenzado el paro, más de 20 mil estudiantes se unieron al movimiento y bloquearon Bogotá, la capital del país. La respuesta del gobierno fue caótica y contradictoria. Las fuerzas policiacas reprimieron violentamente hiriendo a muchos de los manifestantes, por no mencionar a los periodistas. Más de 250 personas fueron arrestadas, incluido el dirigente sindical de alto nivel Hubert Jesús Ballesteros Gómez. A la mayoría le fabricaron cargos. Hubo muertos de ambos lados. En un momento el gobierno reconoció que los agravios reclamados por los campesinos eran válidos y ofreció algunas concesiones. En otro, alegó que el movimiento estaba infiltrado por las FARC. El presidente Santos apareció incluso en televisión diciendo: el “paro agrario no existe”. Al día siguiente, se le filmó desde un helicóptero inspeccionando las escaramuzas y las rociadas con gas lacrimógeno que ocurrían en las calles de Bogotá.

La movilización tuvo tanto éxito que abrió un espacio de discusión, concientización, solidaridad y resistencia en Colombia. Los estudiantes, por ejemplo, entendieron muy bien que había que respaldar a los campesinos y apoyar sus demandas. Y con la voz en alto impugnaron los OGM y exigieron soberanía alimentaria. Pero también elevaron sus propias demandas en favor de una educación gratuita, haciendo de la movilización una oleada más amplia de presión social para cambiar las actuales políticas colombianas, sin limitarse a las preocupaciones agrarias.

La ley 970

Las semillas emergieron como uno de los puntos más visibles. Según los TLC firmados con Washington y con Bruselas, Colombia debe impulsar derechos monopólicos legales sobre las semillas que venden las corporaciones estadounidenses y europeas, como incentivo para que estas corporaciones inviertan en el país. Los campesinos a quienes se sorprenda vendiendo semillas guardadas de variedades protegidas, o incluso semillas nativas que no hayan sido registradas formalmente, podrían enfrentar multas e incluso penas en la cárcel.iii Al igual que ocurre en muchos otros países del mundo, criminalizar a los campesinos e indígenas por guardar, intercambiar y vender sus propias semillas pone en grave riesgo la biodiversidad y el patrimonio cultural del país.

Y aunque lo cierto es que el gobierno colombiano lleva varios años moviéndose en esta dirección, y accedió a dichas políticas como parte de su membresía en la Comunidad Andina o en la Organización Mundial de Comercio, muchas personas señalan que es sólo a partir de la firma de los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea que el gobierno emprendió una implementación seria de tales políticas.

En 2011, las autoridades colombianas asaltaron las bodegas y los camiones de los productores arroceros de Campoalegre, en la provincia de Huila, y destruyeron con violencia 70 toneladas de arroz que se decía que no había sido procesado de acuerdo con las normas. La intervención militar para destruir semillas campesinas sorprendió a muchisima gente e inspiró a la joven activista Victoria Solano a realizar un film al respecto. La película se intitula “9.70” porque ése es el número de la ley adoptada en 2010 que articula el “derecho del Estado a destruir las semillas de los campesinos que no cumplen con las disposiciones.iv Hoy, gracias a la fuerza, la tenacidad y lo justo de la protesta campesina, gente de todas las vertientes que conforman Colombia están discutiendo, como puede verse en el film, los medios masivos, las redes sociales y en las calles, y se preguntan por qué el gobierno impulsa políticas tan insensatas.

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