Monsanto da pelea por vender maíz transgénico en México
En su defensa, el magistrado Marroquín declaró, ante el juez encargado de decidir su suerte, “no tener interés personal alguno en el asunto”, por lo que “lo resuelto en las referidas resoluciones y en las que eventualmente pudiera llegar a dictar se apegará estrictamente a la ley”.
Contactados por este semanario, representantes de la trasnacional aseveraron: “Monsanto reitera su respeto a las leyes mexicanas y el apego al derecho de sus autoridades para resolver conflictos de manera justa. (…) En este momento no estamos en una posición para informar o especular sobre la situación actual de los permisos”.
El pleito legal
El pasado viernes 4, la directora de la fundación Semillas A.C., y representante común de la acción colectiva, Adelita San Vicente Tello, entregó al III Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa los argumentos de las organizaciones civiles contra las acusaciones de Monsanto.
El documento, del que este semanario también posee una copia, se refiere a una resolución que emitió el magistrado Walter Arellano Hobelsberger el pasado 30 de enero, en la que negó a la empresa un amparo contra la medida precautoria.
En la solicitud de ese amparo, la compañía aseveró que la medida viola la ley y “paraliza la actividad de la administración pública”. Por lo tanto, abundó, la medida “sería atentatoria del orden público e interés social”, así como de “la libertad de comercio”. Denunció también que el juez no otorgó el derecho de audiencia ni a las corporaciones ni a las secretarías —federales.
En su decisión, Arellano Hobelsberger reconoció que las aseveraciones de Monsanto eran “fundadas”, pero enseguida las calificó de “ineficaces”. Y usó prácticamente los mismos términos que Marroquín para mantener la medida precautoria: “La sola o mera posibilidad de que se afecte el medio ambiente es suficiente para mantener vigente la medida cautelar”.
Según René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., y representante legal de las organizaciones civiles en la demanda colectiva, el argumento emitido por Arellano Hobelsberger –magistrado del V Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de mayor jerarquía que Marroquín– comprueba que este último se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria.
En el expediente que las organizaciones civiles entregaron para rechazar la revocación de Marroquín, se lee que “las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo oponen resistencia y rechazan a Monsanto y el modelo agroindustrial que representa”.
El documento evoca el juicio en contra de Mahyco-Monsanto “por el delito de biopiratería” que se efectúa en India. Agrega que en América Latina las protestas también han crecido, como en Perú, donde el gobierno aprobó una moratoria de 10 años a los transgénicos.
Asimismo, asevera que “Monsanto y otras empresas de biotecnología enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos, entre ellas juicios con los que (el Gobierno) pretende evitar que los cultivos transgénicos se propaguen en refugios nacionales de vida silvestre”. Las organizaciones retoman dos decisiones de la justicia francesa, en las que condenó a Monsanto por publicidad engañosa. Los quejosos también plantean que a raíz de la expansión de las semillas modificadas y, por lo tanto, del Roundup, su famoso plaguicida, aparecieron “supermalezas” resistentes al glifosato, el principio activo del insecticida.
El juez Manuel Suárez Fragoso desechó la petición de Monsanto el lunes 21 y dio la razón a Marroquín. En su resolución, argumentó que Marroquín se apegó a la ley cuando confirmó la medida precautoria, ya que respetó el “buen derecho” y “el peligro de la demora”, y asentó que su decisión “no pone en peligro la seguridad o la economía nacionales”.
Resistencias
Del 5 de julio de 2013 –cuando las organizaciones civiles depositaron la demanda de acción colectiva– a la fecha, el juicio lleva 49 impugnaciones en cuatro diferentes tribunales. “El juicio apenas empieza”, señala a este semanario Adelita San Vicente Tello. Y el abogado Sánchez Galindo añade: “nos tratan de cansar”.
Hasta la fecha, las secretarías federales y las empresas de biotecnología interpusieron 11 amparos contra la medida cautelar –dos de ellos provenientes de la Sagarpa– y tres contra la demanda.
Las dependencias fueron las primeras en interponer recursos, el 9 y el 10 de octubre respectivamente. Como lo documentó Proceso, argumentaron la violación a su derecho de audiencia.
El pasado 14 de febrero, la Sagarpa solicitó un nuevo amparo contra la medida cautelar. Esta vez arguyó que se violaba su seguridad jurídica.
