México no evalúa impacto de transgénicos en la salud

Piden organizaciones evaluar transgénicos

Ni la información entregada por las trasnacionales a la autoridad en la materia ni los resultados de la evaluación son de carácter público.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) se pronunció al respecto: “…Hasta donde sabemos los resultados no son públicos, por lo que en opinión de esta Comisión Nacional es imposible pretender que diferentes sectores de la sociedad sean partícipes de la consulta pública a la que invita la autoridad competente, y que le marca la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados [LBOGM] como obligatoria si no se brindan los elementos mínimos necesarios para verter una opinión informada, al no haber acceso a la información resultante de las liberaciones previas”.

La Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace, el Grupo ETC, el Grupo de Estudios Ambientales, la Asamblea de Afectados Ambientales, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Green,

El Poder del Consumidor y Al Consumidor son algunas organizaciones que de manera enérgica exigen al gobierno mexicano promover exhaustivas, transparentes y públicas pruebas de riesgo para la salud y el ambiente, así como promover la revisión de las líneas transgénicas que se solicita plantar y del proceso regulatorio que ha llevado a su aprobación.

Denuncian que en México no se ha hecho un solo estudio para saber si hay daños a la salud por el consumo de ningún tipo de transgénico.

Respecto del tema, Antonio Turrent Fernández –integrante del Consejo Directivo de la UCCS e investigador nacional emérito– se pregunta por qué el gobierno no hace una convocatoria a investigadores nacionales sin conflictos de interés para que investiguen, en vez de aprobar de facto.

“No lo quieren hacer. Idealmente tendrían que hacerse experimentos de cada línea aprobada. Son estudios costosos, pero desde el punto de vista de un gobierno que está velando por la salud de los ciudadanos, lo tendría que hacer: 112 millones de habitantes tenemos derecho a que gasten 50 millones de pesos en nuestra salud. Que fueran 100 o 500 millones de pesos tendría sentido; se gastó más en la Estela de Luz de la corrupción…”.

Autorización “inocua”

En junio de 2002, la Cofepris –órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud– autorizó para consumo humano el maíz MON-00603-6, también conocido como MON 603, propiedad de Monsanto.

El gen 603, presente en el gen del maíz MON-00603-6, es objeto del escrutinio científico mundial.

El 19 de septiembre de 2012, el Comité para la Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN, por su sigla en francés) presentó, en conferencia de prensa en Londres, Inglaterra, los resultados de una investigación encabezada por el biólogo molecular Gilles-Éric Séralini, profesor de la francesa Universidad de Caen.

De 2009 a 2011, un equipo de científicos alimentó a 200 ratas con NK603, maíz genéticamente modificado para desarrollar resistencia al glifosato, principio activo de Roundup –el herbicida más vendido de Monsanto y cuya patente expiró en 2000– con maíz NK603 tratado con Roundup, con maíz no modificado, y con agua mezclada con glifosato Roundup.

Los resultados, publicados en el nivel internacional por la revista Food and Chemical Toxicology, revelaron que los animales sufrieron muerte prematura, desarrollaron tumores y problemas hepatorrenales graves.

De acuerdo con el estudio ?financiado por la fundación Ceres, que cuenta con fondos de unas 50 empresas que no producen organismos genéticamente modificados y por la fundación Charles Leopold Meyer para el Progreso de la Humanidad, cuyo costo ascendió a los 3 millones de euros?, las ratas transgenizadas registraron malformaciones graves al mes 13.

La investigación del profesor Séralini y su equipo de colaboradores en el seno del Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética es la primera de largo aliento sobre organismos genéticamente modificados.

Monsanto avaló su producto tras únicamente 3 meses de estudios. Al cuarto mes, los cuerpos de las ratas de Séralini comenzaron a mostrar daños severos, lo que hace pensar a investigadores y expertos en todo el mundo que la trasnacional sí conoce de los riesgos para la salud que representa el consumo de su producto.

Aunque los hallazgos de los expertos de la Universidad de Caen, Francia y Verona, Italia, publicados en la revista Food and Chemical Toxicology en septiembre de 2012, revelaron que los roedores desarrollaron tumores, malformaciones e incluso muerte prematura, la Cofepris desestima los resultos.