México: disputa por el maíz transgénico

Organizaciones ambientalistas, científicas y de campesinos han hallado contaminación del cultivo nativo en Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

Para Camila Montecinos, integrante de la oficina en Chile de la no gubernamental internacional GRAIN, la contaminación es “una estrategia planeada cuidadosa y perversamente”.

Las empresas transnacionales de alimentos “eligieron el maíz, la soja y la canola porque tienen un potencial enorme de contaminación”, señaló la experta, participante en la preaudiencia sobre ese fenómeno dentro del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos que arrancó en 2012 y concluirá con una sentencia en 2014.

“Cuando se extiende la contaminación, las empresas dicen que hay que reconocerla y legalizarla” para abrir así el camino a la comercialización”, describió. El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Guerra, ha dicho que se evaluará toda la información científica disponible para tomar una decisión.

Pero eso no será fácil. La Confederación Nacional Campesina, una de las corrientes internas más fuertes del gobernante PRI, mantiene desde 2007 un acuerdo con Monsanto sobre maíces nativos.

Además, el gobierno de Peña Nieto aún no aprueba una regulación sobre las características y contenido del reporte de resultados de liberaciones de organismos genéticamente modificados sobre los posibles riesgos para el ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal, vegetal y acuícola.

“Durante 18 años, las empresas no han sido capaces de convencer de que sus productos son buenos. El maíz está siendo usado como medio de control político y económico. La gente necesita que el maíz siga vivo”, declaró Mooney.

En el mercado solo circulan los transgénicos Round Up y BT (por la bacteria Bacillus thuringiensis) para algodón, maíz, soja y canola, aceptados solo en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y España, pero prohibidos por ejemplo en China, Rusia y la mayoría de los países de la Unión Europea.

Estudios últimos divulgados en Estados Unidos han demostrado que esas variantes no aumentan el rendimiento por hectárea ni crean resistencia a malezas o plagas, contrariamente a la propaganda de la industria.

“Analizamos las medidas legales a tomar en contra de las nuevas solicitudes”, anticipó Robles.