La batalla por el maíz

Hace de lado el hecho de que la transgénesis realizada en laboratorio es directa, y tiene una intención, algo de lo que la naturaleza carece, al operar con la ciega selección natural. Sin embargo, no todos los biotecnólogos de México opinan igual.

La doctora Elena Álvarez-Buylla, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo de la UNAM, señala que es “una falsedad asegurar que un organismo puede ser equivalente después de que le introduzcas un solo transgen.

Una pequeña perturbación en sistemas complejos, como un ser vivo, tiene consecuencias que no se pueden enumerar. Y mucho menos predecir las consecuencias en las interacciones con otros genes y la síntesis de muchas sustancias.

El efecto de un gen, o un transgen, depende no sólo de sí mismo, sino de sus interacciones con otros genes y proteínas, y de la interacción del organismo transgénico con el ambiente”. De hecho, están documentados casos de alergias con alimentos fabricados a partir de maíz Bt, una variedad de MMG.

La FDA y Cofepris apoyan la llamada equivalencia sustancial, sin embargo los expertos no han cerrado el debate. En 2014 más de 40 expertos de los institutos de biología y ecología de la UNAM y otras instituciones publicaron

El maíz en peligro ante los transgénicos para explicar los riesgos que plantea la siembra de maíz transgénico a las miles de variedades de maíz en México y a la soberanía alimentaria. Fue notoria la ausencia de expertos del Instituto de Biotecnología.

El 5 de julio de 2013 ocurre lo inesperado por la industria transgénica y el gobierno federal. Un conjunto de grupos civiles, entre ellos la Fundación Semillas de Vida y Acción Colectivas, interpusieron un amparo por la novedosa forma de acción colectiva.

La acción judicial fue contra la decisión de Semarnat y Sagarpa de autorizar el cultivo de maíz transgénico en fase experimental y piloto, y contra las empresas de transgénicos que recibieron los permisos. La demanda de acción colectiva pide al Poder Judicial detenga los trámites de liberación de permisos de siembra de maíz GM.

La acción colectiva, herramienta legal novedosa en México, argumentó varios derechos que estaban siendo violados a la población mexicana: el derecho a la biodiversidad, a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano y al ejercicio de derechos culturales.

Piden al Poder Judicial negar los permisos concedidos, suspender el cultivo y solicitan medidas precautorias para evitar la contaminación genética generalizada en el campo. El 10 de octubre de 2013 un juez autoriza las medidas y ordena al gobierno detener todo tipo de trámites al respecto.

Las  empresas biotecnológicas apelan, el gobierno federal con ellas. Se espera que el juicio ocurra e implicaría un debate público. Los protagonistas son los equipos jurídicos de Semarnat, Sagarpa y Presidencia, litigando del mismo lado de los cinco corporativos contra abogados que litigan pro bono para ONG.

Comentaron que el fin último de la acción colectiva era parar la contaminación genética irreversible de la siembra comercial de todas las variedades de MMG en todo el país.

Afirman que sería la primera vez que el Poder Judicial en México falla en un caso sobre este tema permitiendo un debate público, pero creen que es lo que la otra parte desea evitar a toda costa.

Lo que las empresas pelean al Poder Judicial es que la acción colectiva no proceda, ya que —afirman— debió usarse la Ley de Bioseguridad, que prácticamente no tiene dientes.

Si todo camina el próximo paso es la conciliación, pero se duda que la industria quiera rechazar cultivar maíz transgénico en México, ni tampoco desean contestar la demanda, es decir, llegar al juicio si no hay conciliación.

Buscan evitar que las partes presenten pruebas; hacer las posiciones públicas, un enorme riesgo mediático, además de que podrían perder. La premisa es torpedear legalmente el proceso con todo tipo de requerimientos.

Quieren que este proceso se lleve en 14 tribunales en cuatro sedes, y seguramente será bastante el monto de dinero que le está costando a los contribuyentes, pues el gobierno federal está litigando del lado de los corporativos.

A pesar de esta enorme asimetría de recursos, el Poder Judicial ha mantenido (al menos hasta inicios de noviembre de 2014) la suspensión del cultivo.

Minsa es la segunda productora mundial de harina de maíz, y ya anuncia en su website que vende maíz con el sello de orgánico de la USDA (Departamento de Agricultura) y el de Non GMO Project, una iniciativa ciudadana que ha crecido mucho.