La batalla por el maíz

Los defensores de la transgénesis dicen que es segura, ya que es similar a la domesticación, que en el caso del maíz se hizo durante miles de años de ensayo, una muy lenta selección de patrones genéticos en un contexto ecológico complejo. También existe la hibridación, que consiste en cruzar polen de diferentes especies de plantas y seleccionar características genéticas.

Pero ninguna es de la velocidad de la transgénesis, y ninguna trata de insertar directamente secuencias genéticas de otras plantas, y hasta de otros organismos. En la naturaleza nada es lineal, ni mucho menos simple: una cosa es qué sucede en un OGM en laboratorio, y otra cómo reacciona en un ecosistema o en un organismo humano, donde existen millones de variables interactuando.

La biotecnología es una ciencia muy nueva, tiene apenas 15 años en usos agrícolas comerciales. ¿Cómo los gobiernos pueden regular una tecnología tan nueva?

La agencia de alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es la responsable en Estados Unidos, pero a diferencia del proceso para aprobar nuevas medicinas, la agencia decidió para los OGM dejar ese procedimiento en manos de la misma industria, es decir, es voluntario.

Cuando algún nuevo OGM es desarrollado las empresas no están obligadas a solicitar la aprobación de la FDA, porque en 1992 decidió establecer la polémica premisa de Equivalencia Sustancial, es decir, la agencia no ve diferencias “materiales” o “significativas” entre alimentos con ingredientes de OGM o sin éstos.

Las empresas son sólo alentadas a compartir sus resultados de experimentos con la agencia. Regularmente éstas envían sus carpetas de protocolos, que la FDA revisa y es todo. La agencia por lo general aprueba los protocolos y contesta a la empresa que ésta es la responsable de que el OGM sea seguro.

Prácticamente el mismo procedimiento opera la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), que depende de la Secretaría de Salud en México. Todo se regula por la Ley de Bioseguridad aprobada en 2005, que se votó, según sus críticos, bajo presiones de la industria y del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Sin embargo, en 2012 un fuerte debate logró detener la aprobación de la ley de variedades vegetales, que iba a extender un rígido sistema de copyright a las semillas de cultivo, prohibiendo su mejora comunitaria, castigando una investigación empírica que tiene siglos.

Las empresas de transgénicos afirman que su tecnología es segura, que el medio ambiente no sufrirá daños y que los consumidores no deben temer.

El 7 de septiembre de 2012 el gobierno mexicano permitió que la industria iniciara solicitudes de permisos de siembra comercial de maíz modificado genéticamente (MMG).

El 26 de noviembre, a pocos días de que terminara el sexenio Calderón se modificó el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) para quitar la palabra “vinculante” a los dictámenes de bioseguridad emitidos por sus agencias expertas en biodiversidad.

Para realizar su dictamen de liberación comercial la Semarnat debía contar con la opinión y el visto bueno del el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conamp).

La Conabio no se quedó callada: en octubre de 2012 hizo público su “Documento base sobre solicitudes de liberación comercial de maíz genéticamente modificado en México”.

Conabio resume el problema así: “Enfrentamos… introducir una nueva tecnología que involucra a seres vivos y que pretende imponerse, a pesar de no contar aún con evidencia clara de que su uso se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad adecuadas que aseguren impactos mínimos al medio ambiente y la diversidad biológica, así como a la seguridad alimentaria”.

Tras las elecciones de 2012 el nuevo gobierno invitó a su equipo de transición al doctor Francisco Bolívar Zapata, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y gran proponente del uso de transgénicos, como responsable de ciencia y tecnología.

Después, en el rediseño institucional se crearon nuevas unidades de apoyo técnico de la jefatura de la Oficina de la Presidencia que encabeza Aurelio Nuño, y una de ellas fue una nueva Coordinación de Ciencia a cargo de Bolívar Zapata.

El mayor promovente de los OGM en la academia era el consejero de Ciencia del presidente. “Para mí no hay un riesgo grave [en la liberación del maíz modificado genéticamente en el medio ambiente] porque la metodología que usamos los biotecnólogos para hacer OGM es una metodología usada naturalmente… la transgénesis ocurre naturalmente todos los días, es una manera en que los organismos adquieren materia genética horizontalmente…”, comentó en entrevista y, bajo esa premisa, para él los OGM son naturales.