El maíz transgénico
Por Laura Itzel Castillo, El Universal Gráfico, 19 de diciembre de 2012
¿Por qué la urgencia de Peña Nieto para contar con la resolución definitiva sobre los permisos para la liberación comercial de maíz transgénico?
El maíz es el cultivo más importante de nuestro país y el de mayor relevancia financiera en el mundo. Se trata de una planta domesticada por nuestros antepasados: el teocintle, que hace más de 8 mil años, cimentó nuestra cultura mesoamericana.Sin lugar a dudas, el maíz representa una de las riquezas fundamentales de nuestro territorio. Es un elemento de identidad de los pueblos y comunidades indígenas y un activo frente al cambio climático, debido a que las más de 50 razas nativas o criollas permiten ser cultivadas en todos los tipos de clima que existen en la República. Por eso es la base para la comida mexicana. Alimento para los seres humanos y para los animales, sin contar los múltiples usos que nuestros pueblos le confieren. Es nuestro oro vegetal.
Por otro lado, los maíces transgénicos conocidos como organismos genéticamente modificados (OGM) representan una tecnología de propiedad extranjera; científicamente peligrosa a la salud humana; exterminadora de los cultivos nativos de nuestro país, porque los contamina y esteriliza; y por tanto, representa el tiro de gracia para la cultura indígena y campesina. Podríamos llamarle los espejitos o las cuentas de vidrio que las empresas extranjeras pretenden intercambiar por nuestro oro vegetal, los maíces nativos.
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), integrada por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, y por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, así como por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Villa Rivera, “acordaron definir una estrategia de trabajo en la que se integre a un grupo especial que concentre a diversas instituciones de intachable capacidad y reconocida imparcialidad que permita proponer una política pública para tomar la decisión que más convenga al país”.
El acuerdo, dado a conocer mediante un boletín de prensa, no cumple con la Ley de Bioseguridad, en su artículo 22, ya que no se basa en reglas de operación para la participación de los sectores académico, científico, social y productivo como lo ordena la norma. Parece que a los funcionarios públicos les urge entregar nuestra riqueza a cambio de una tecnología de moda pero ineficaz, puesto que el boletín de prensa 183/12 del 14 de diciembre de 2012, convoca a darle celeridad al tema, con lo que se viola la ley.
Se requiere impulsar un debate imparcial que dirija una comisión nacional ciudadana independiente. No se debe entregar nuestra riqueza a cambio de espejismos científicos.
