Corrupción: causa central de la emergencia ambiental y de salud en la zona metropolitana del Valle de México

Por El Poder del Consumidor, 17 de marzo de 2016

  • Exigimos cierre de centros de verificación y cárcel a sus responsables en todos los casos de corrupción.
  • Cerca del 45% de los vehículos con holograma 0 y más del 80% de los que tienen holograma 2 rebasa los límites permitidos por la normatividad actual: Centro de Mario Molina.
  • Cada año mueren cerca de 15,000 personas por causas asociadas a la mala calidad del aire, tan sólo en la Ciudad de México mueren al año 4,000 personas por esta razón.
  • Urge una política integral de transporte a escala metropolitana que mejore y de preferencia al público sobre el privado.

La zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), una de las regiones más pobladas del planeta, ha entrado en emergencia ambiental y de salud a consecuencia de la profunda corrupción en los centros de verificación vehicular, que han permitido la entrada en circulación de más de 600,000 vehículos y principalmente a causa de un modelo de transporte que ha dado prioridad al automóvil privado.

Las ventas de engomado 0 (cero) y 00 (doble cero) por los centros de verificación han fluctuado entre $500 y $1,500 pesos. Según datos del Centro de Mario Molina, a partir de mediciones realizadas en 2015 con equipo de sensor remoto, cerca del 45% de los vehículos con holograma 0 y más del 80% de los que tienen holograma 2 rebasa los límites permitidos por la normatividad actual.

El Poder del Consumidor exige que de manera inmediata se establezcan penas severas contra los verificentros que han incurrido y están incurriendo en prácticas de corrupción, reconociendo a estas prácticas, no sólo como actos de cohecho y daños al medio ambiente, sino también como atentados contra la salud.

“Si no hay penas verdaderamente persuasivas que impliquen el retiro de las licencias de operación a los concesionarios de los centros de verificación, multas severas y la pena de cárcel, la corrupción se mantendrá”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

“Las modificaciones recientes al programa Hoy No Circula, la resolución de la Corte permitiendo que los vehículos mayores a 8 años puedan portar las calcomanías 0 y 00 si no rebasan las emisiones establecidas para ello, sumadas a la corrupción en los centros de verificación, dispararon el parque vehicular. La circulación de vehículos altamente contaminantes aumentó el tráfico, disminuyó la velocidad de circulación, incrementó las emisiones por kilómetro recorrido y llegamos a la contingencia”, señaló Daniel Zamudio, coordinador de Transporte Eficiente de El Poder del Consumidor.

Por su parte, Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña Aire Limpio de El Poder del Consumidor, señaló: “Aunado a la corrupción imperante en los verificentros están los influyentes grupos de interés conformados por la gran industria automotriz agrupada en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) los cuales han logrado obstaculizar el reforzamiento y actualización de las regulaciones que más beneficios podrían traer a la población, al medio ambiente y a la competitividad del país: normas de eficiencia, calidad de combustibles y control de emisiones, tanto de flota ligera como pesada”.

A pesar del vacío de autoridad que regule debidamente el proceso de verificación vehicular, el Código Penal para el Distrito Federal (Art. 347 y 347 bis fracciones I, II y III, y Art. 347 Ter. fracciones I, II y III) sanciona la mayoría de las prácticas de corrupción que se realizan en los centros de verificación: desde la manipulación de datos informáticos hasta la portación de documentos que acreditan la verificación, pero que no fueron expedidos conforme a los procedimientos establecidos.

No basta con aplicar la ley, sino que habría que modificar las siguientes reglas para poder obtener resultados concretos:

  • Modificación de las penas: actualmente, el soborno en materia ambiental tiene penas menores que las de un cohecho (soborno) cualquiera. Es necesario no sólo equiparar las sanciones, sino que, en el caso del daño al medio ambiente, incrementarlas.
  • Establecer una agravante cuando haya daños a la salud: actualmente, la verificación está concebida como una protección al medio ambiente, más no como una medida preventiva de daño a la salud. Así, al existir una afectación a la salud de las personas con cada acto de corrupción que permite que coches con altas emisiones circulen se deberían incrementar estas penas por daños a la salud. Concretamente cuando existan casos de contingencia ambiental, lo cual podrá desincentivar no sólo las prácticas de corrupción sino también el uso de automóviles con documentos de circulación que son producto de sobornos.

Prueba de ello es la elevada suma de externalidades que la población mexicana paga año con año y no sólo en términos económicos, sino también en salud, muertes prematuras y pérdida en la calidad de vida. De acuerdo con estimaciones del Inegi en 2009 el costo por contaminación atmosférica fue el mayor costo ambiental del país, calculado en 4.4% del PIB.

Además, cada año mueren cerca de 15,000 personas por causas asociadas a la mala calidad del aire, tan sólo en la Ciudad de México mueren al año 4,000 personas por esta razón.

Mientras tanto la AMIA celebra que rompió récord de ventas el año pasado, al alcanzar la cifra de 1 millón 351 mil 648 unidades vendidas en el país, es decir, casi 20% más que el año anterior. Unidades que se venden bajo regulaciones obsoletas y desactualizadas en temas de eficiencia, control de emisiones y dispositivos de seguridad.

El Poder del Consumidor llama a implementar políticas de fondo para combatir esta situación:

  • Desalentar el uso del automóvil privado y dar preferencia al transporte público: modificar la forma en cómo se han diseñado e implementado las políticas públicas en materia de movilidad y desarrollo urbano.
  • Ampliar el Metro en las zonas generadoras de empleo.
  • Ordenar y transformar el actual transporte público de microbuses que domina la Ciudad de México.
  • Renovar el transporte público con una estrategia de mejoras en la operación y carriles exclusivos.
  • Facilitar las opciones no motorizadas de movilidad urbana, de manera especial para la realización de recorridos cortos y medios.
  • Crear nuevos estándares para la renovación de banquetas y estrategia peatonal en torno al transporte público existente.
  • Cerrar áreas de la ciudad a la circulación de automóviles privados.
  • Establecer el Fondo Metropolitano para la Promoción y el Desarrollo del Transporte Público transparente (FMPDT) bajo la supervisión de la ciudadanía.
  • Establecer diversos impuestos que paguen las externalidades del uso del automóvil privado a través de impuestos a estacionamientos, parquímetros, combustibles, autopistas urbanas de paga, etc., que se dirijan al FMPDT.
  • Establecer las normatividades internacionales recomendadas para la eficiencia y emisión para los vehículos que entran al mercado en México.
  • Implementar un índice nacional de calidad del aire que integre los riesgos sumados de los diversos contaminantes y de fácil comprensión para la población. Dicho índice debe basarse en la propuesta original del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
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