Cofepris aprueba el consumo humano de maíz tóxico

De manera enérgica exigen al gobierno mexicano promover exhaustivas, transparentes y públicas pruebas de riesgo para la salud y el ambiente, así como promover la revisión de las líneas transgénicas que se solicita plantar y del proceso regulatorio que ha llevado a su aprobación.

Denuncian a coro que auspiciados por el gobierno, en México no se ha hecho un solo estudio para saber si hay daños a la salud por el consumo de ningún tipo de transgénico. “México toma las pruebas de inocuidad de Estados Unidos que son bastante débiles y eso es lo que utiliza de criterio para aprobar [la siembra, comercialización y consumo]”.

Cuestionado sobre el tema, Antonio Turrent se pregunta por qué el gobierno no hace una convocatoria a investigadores nacionales sin conflictos de interés para que investiguen, en vez de aprobar de facto. Y se responde: “Porque no lo quieren hacer. Idealmente tendrían que hacerse experimentos de cada línea aprobada.

Son estudios costosos, pero desde el punto de vista de un gobierno que está velando por la salud de los ciudadanos, lo tendría que hacer; 112 millones de habitantes tenemos derecho a que gasten 50 millones de pesos en nuestra salud. Que fueran 100 o 500 millones de pesos tendría sentido; se gastó más en la Estela de Luz de la corrupción”.

Salud en decadencia

Sinaloa es el primer productor nacional de maíz y el principal distribuidor del grano. Cosecha 5 millones de toneladas. El maíz producido en el estado llegará, sin etiquetar, a las principales ciudades del país, Monterrey y el Distrito Federal entre ellas (Contralínea 312).

De aprobarse las solicitudes, en los próximos meses la población comenzará a consumir ese maíz de manera directa: como tortilla, atole, tamales, pozole, etcétera; o de modo indirecto: en la variedad de alimentos procesados que contendrían como edulcorante, emulsionante o excipiente al gen responsable de la tumoración y muerte de ratas alimentadas con el producto.

Octavio Rosas Landa expresa que a la fecha “no se ha demostrado la inocuidad de los transgénicos”, por lo que ni las trasnacionales ni el gobierno pueden afirmar que el maíz no va a generar daños a la salud.

El también integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y la bióloga Alma Piñeyro coinciden en que, una vez que los mexicanos comiencen a ver afectada su salud, las causas le pueden ser atribuidas a cualquier cosa, puesto que al no estar etiquetado el alimento no hay manera de responsabilizar a sus autores.

“No se les pueden fincar responsabilidades”. Y por supuesto los gastos en atención médica correrán a cargo del Estado o de los pacientes. “Las ganancias son para las trasnacionales, los costos, para la población”, remata Piñeyro

Destrucción cultural del país y regreso al latifundio

Frente a la problemática, Rosas Landa plantea dos escenarios posibles: que los mexicanos consuman el maíz y enfermen o que dejen de consumirlo. Sin embargo, considera que obligar a los pueblos campesinos e indígenas a dejar de consumir maíz porque está envenenado es igual a un genocidio: “la destrucción cultural del país, un crimen mucho más grave que cualquier otro crimen que podría cometer el gobierno mexicano”.

Luego de 6 años de gestión, “Felipe Calderón dejó una estela de sangre, de destrucción ambiental de las aguas, la erosión de los suelos, la contaminación del aire y la contaminación del organismo de los mexicanos; [pero la autorización de siembra de maíz transgénico] es quizá el mayor crimen que podría cometer un gobernante en un país como México”.

Agrega Rosas Landa que la autorización de estas siembras, además de impulsar el acaparamiento de tierras y por tanto el regreso al latifundio, es un acto de destrucción. “Destrucción de la diversidad genética de los maíces pero también de la salud. Un arma de destrucción masiva. El maíz transgénico se convierte en un acto de invasión del territorio nacional y de la soberanía del Estado mexicano. Un crimen realizado con premeditación, alevosía y ventaja. Un atentado contra la humanidad, contra uno de los cultivos centrales en la alimentación de todos los pueblos del mundo. Están destruyendo a uno de los patrimonios de la humanidad para beneficio de dos empresas”.

Por este crimen, el gobierno de Felipe Calderón, el mismo expresidente, así como quienes fueron sus secretarios de Agricultura y Medio Ambiente deben ser juzgados, considera.