Coca-Cola En Juicio por Campaña de Violencia en Guatemala

Por Lisa Skeen, traducido por Ana María Quispe, de NACLA

En todas partes del mundo mesas, estadios, vidrieras muestran la marca iconográfica con su texto flameando blanco y rojo. Coca Cola no es sólo un producto, es una institución y un monstruo corporativo. En estos instantes está enfrentando un juicio en Nueva York por dos trabajadores de una planta de Guatemala.

En Febrero 25, José Armando Palacios y José Alberto Vicente Chávez, junto con sus familiares, presentaron una demanda contra la Compañía Coca-Cola en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. La empresa es acusada de permitir a sus embotelladoras y plantas de procesamiento en Guatemala participar en una campaña de violencia contra los dos litigantes, ambos destacados dirigentes sindicales. Aunque Coca-Cola alega que el sistema legal de EE.UU. esta siendo manipulado, la fiscalía sostiene que los tribunales de Guatemala, plagados de impunidad, son incapaces de hacer justicia.

Ambos eran empleados de la Industria de Café SA (INCASA), dueña que opera una planta de café y de procesamiento de Coca-Cola en la Ciudad de Guatemala y una planta embotelladora en Retalhuleu, en el oeste de Guatemala. En varias ocasiones, ambos han sido líderes del Sindicato de Trabajadores INCASA conocido como SITINCA afiliada a la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA).

Palacios, un empleado veterano por 27 años de INCASA, recibió múltiples amenazas de muerte y sobrevivió al menos un intento violento contra su vida después de unirse a SITINCA. En abril del 2005, semanas después de que hombres armados irrumpieron en su casa y amenazaron a miembros de su familia fue despedido sin causa.

Las amenazas continuaron durante meses, Palacios se negaba a recibir indemnización y exigía ser restituido. A principios del 2006 huyó a los Estados Unidos después de apenas sobrevivir otro atentado contra su vida. Afirma que los asesinos mataron por error a un hombre que se parecía a él enfrente de su casa. La fiscalía afirma que Coca-Cola sabía de la violencia contra Palacios, pero que no se hizo nada al respecto mientras la violencia anti-sindical se intensificaba.

Chávez trabajó en una de las plantas embotelladoras INCASA en Retalhuleu y ha sido un prominente dirigente sindical desde la década del 90, tiempo en que ha sido constantemente amenazado. A principios del 2008, después de participar en negociaciones colectivas en la ciudad de Guatemala, Chávez al regresar a su casa esperando que su familia lo recogiera en un paradero de ómnibus, todos fueron atacados por cuatro hombres armados que asesinaron brutalmente a su hijo y sobrino, violaron a su hija de 16 años de edad y desde ese entonces su familia ha sido obligada a vivir escondida.

La violencia anti-sindical es una epidemia generalizada en gran parte de América Latina. En Guatemala, no sólo está generalizada, es eficaz: Sólo el 8% de la fuerza laboral de Guatemala está sindicalizada. Es difícil determinar exactamente qué parte de la violencia generalizada del país tiene la intención de disolver los sindicatos porque muy pocos casos son investigados. Sin embargo, es claro que la violencia anti-sindical ha registrado un fuerte aumento en los últimos años, según un informe citado por el Departamento de Estado de EE.UU que estima que los incidentes de violencia anti-sindical aumentaron un 255% entre 2008 y 2009.

Esta no es la primera demanda relacionada a derechos laborales de empleados de filiales estadounidense de Coca-Cola en Latinoamérica. Los demandantes están representados por Terry Collingsworth, un veterano abogado de derechos humanos y laborales que llevó un caso similar a los tribunales en nombre de los dirigentes sindicales colombianos que alegó que las filiales de Coca-Cola habían colaborado con los paramilitares de derecha para intimidar y matar a los organizadores sindicales. En agosto un tribunal de apelaciones cerró un caso alegando que los demandantes no aportaron pruebas suficientes de la responsabilidad de Coca-Cola en los casos de violencia. Al igual que su predecesor, el caso de Guatemala depende de la capacidad de los demandantes de convencer al tribunal que «Coca-Cola tiene control y participación directa» en las operaciones de sus filiales, en este caso, INCASA.

Como en el caso de Colombia, Coca-Cola niega responsabilidad. En una declaración a The Atlanta Journal-Constitution, Angela Harrell, portavoz de la Coca-Cola expresó: «Mantenemos que no hay verdad en estas acusaciones. El hecho es que no hemos participado. No se tiene conocimiento de la violencia, ni participación en la violencia”. Hasta la fecha, Coca-Cola no ha respondido oficialmente a las acusaciones del juicio.

El caso se basa en un sentimiento anti-corporativo que tiene sus raíces en el activismo de estudiantes y trabajadores locales como “La Campaña Para Detener a la Coca Asesina”. Coca-Cola en los últimos años ha intentado reparar su imagen pública con respecto a los derechos humanos. El director de relaciones laborales globales de Coca-Cola, declaro que todas las embotelladoras de la compañía están obligadas a cumplir con las pólizas de derechos laborales, una declaración muy vaga que aparenta la adhesión de de Coca-Cola a los derechos internacionales.

La última queja sostiene que en reuniones anuales desde el 2005, Coca-Cola ha afirmado que «tiene el control sobre la totalidad de sus embotelladoras y que ejerce este control. . . Coca-Cola puede inspeccionar estas embotelladoras para que cumplan con los convenios y leyes locales concernientes a los derechos humanos internacionales y puede obligar a cumplir con dichos convenios o leyes bajo pena de despojarlos de su franquicia. «Cuando Palacios estaba escondido en Guatemala en enero del 2006, Coca-Cola envió un memorándum acerca de un acuerdo entre SITINCA e INCASA comprometiéndose a «tomar medidas urgentes» si el acuerdo laboral era violado.

Si bien el compromiso de Coca-Cola a los derechos humanos puede ser nada más que una maniobra de auto-publicidad (la oficina de responsabilidad corporativa es manejada a través de su Política Publica y Consejo de Reputación Corporativa) el caso accidentalmente puede haberle acorralado legalmente. Si un tribunal encuentra culpable a Coca-Cola, el caso señalaría a la compañía por la violencia contra los trabajadores y establecería además un precedente legal para la responsabilidad corporativa internacional. Palacios y Chávez no son los primeros en demandar a Coca-Cola, y es poco probable que sean los últimos.

Lisa Skeen es una investigadora asociada a NACLA

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