Cambio en las Pampas: La Agricultura Industrial llega a Argentina

La “soyazation” ha sido una corriente profunda en la actual tensión entre los agricultores de la Argentina y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la primavera de 2008, Fernández, quien siguió los pasos de la política de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, intentó subir los impuestos a la exportación de granos y la soja por encima de la entonces tasa actual, que ya eran tan altos como 35%. La medida generó meses de protestas por parte de los agricultores, que bloquearon las carreteras y las ventas se detuvieron, dando lugar a la escasez de alimentos en las ciudades. Los ingresos por el aumento de impuestos se suponían se destinarían principalmente a los pobres del área urbana. Sin embargo, meses después de que la presidenta levantó los impuestos, el Senado los abolió, dejando las tasas en sus niveles anteriores. Durante el debate, la popularidad de la presidenta decayó. Y mientras ella renunció en su intento por elevar los impuestos aún más, no ha cedido a las demandas, incluyendo una llamada a reducir el impuesto de la soja por debajo del 35%. El partido de Fernández perdió su mayoría en las elecciones congresionales de junio y muchos esperaban que esta humillación la hubiese hecho retractarse.

Recientemente, la legislatura aprobó un proyecto de ley de ayuda de emergencia para los agricultores en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, que ha sido particularmente afectada por la sequía prolongada. La medida incluyó un levantamiento temporal de impuestos a la exportación, pero  la presidenta promulgo  un veto esta semana para eliminar esta ayuda. En respuesta, grupos de agricultores anunciaron una semana de plazo para poner fin a todas las ventas de cereales a partir del viernes.

Aunque el aumento de impuestos inició las protestas, fue simplemente el paso final de una política sistemática de usar la riqueza y generosidad del sector agrícola, el mayor exportador del país, para promover la política peronista. Desde que los Kirchners iniciaron la institucionalización de control de precios sobre la carne de vacuno hace cuatro años, han utilizado esencialmente el desproporcionado papel del sector rural en la economía como una herramienta política. El argentino promedio come más de 150 libras de carne de vacuno al año, el asado del domingo es prácticamente un derecho nacional, así la gente presta mucha  atención al precio de la carne. Antes de las elecciones a mediados del período del 2005, Kirchner instituyó límites de peso para tratar de controlar los precios. Esto inició una serie de medidas, incluyendo el paro temporal de las exportaciones antes de iniciar las cuotas de exportación que se mantienen hasta hoy. Además de estas medidas legislativas, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, “decide mantener los precios bajos más directamente”, dijo Darío Colombatto, un profesor de producción de carne de la Universidad de Buenos Aires.

“Este tipo Moreno,” dijo Colombatto, “va al mercado de Liniers,” el más importante mercado de ganado del país en las afueras de Buenos Aires. “y dicen que a veces pone un arma en el escritorio, como si fuera John Gotti … y dice: Oye amigo, he aquí una lista de los precios a los que tienes que  vender. Si vendes a más, te irás a la cárcel, o hago que te hagan una auditoria muy precisa.” Esta no fue la única vez que oía esta historia.

Como resultado los ganaderos han sido empujados hacia los granos y las semillas aceiteras, que estaban en medio de un auge del mercado en los últimos años. Pero como los precios de los granos se dispararon, los Kirchner vieron en esto una oportunidad. Aún cuando el esfuerzo de aumentar los impuestos a la exportación parezca un legítimo intento para mantener los alimentos accesibles y de controlar la inflación, como afirma el gobierno, o una rapacidad  usual de los agricultores, el efecto de los controles de precios sobre la carne junto con los impuestos a la exportación en granos y oleaginosas ha sido presionar al sector exportador más grande del país por ambos lados. Encima de todo, una grave sequía ha estrangulado la producción durante el año pasado, matando a rebaños y marchitando cosechas.

El cambio a la soja comenzó en la década de 1990 cuando el Presidente Carlos Menem liberalizó la economía. Abrió el país al mercado mundial, y permitió la introducción de la soja genéticamente modificada, que es más barata y más fácil de crecer que cualquier otro cultivo. Pero lo que los agricultores ven como la guerra de Kirchner en su sector, buscar alimentos baratos que aumenten los ingresos gubernamentales, fué lo que dio lugar a este cambio fundamental en la forma en que las Pampas hoy se cultivan.