Alerta: Avalancha transgénica en México

Después, desde las instancias del gobierno se promovió la idea de que los mexicanos tendrían que aprender a “coexistir” con los organismos genéticamente y que no pasaría nada. En este contexto, el congreso mexicano en pleno (diputados y senadores por igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y varias leyes colaterales, como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, los reglamentos de ambas leyes y una batería completa que configura un verdadero blindaje para obstruir la justicia.

En tercer lugar, el gobierno le apostó a la confusión. A ella contribuyó el reglamento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protección al Maíz, que prácticamente desapareció y dejó así una incertidumbre legal que existe aún en torno a si en México existen centros de origen del maíz y sitios donde no hay tales centros, o si todo el país es centro de origen —como lo han venido insistiendo muchísimas organizaciones, comunidades, colectivos, investigadores y gente de buena voluntad.

Que todo México y más sea el centro de origen del maíz para el mundo era y es uno de los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó de 1997 a 2009. Y es algo que la Red en Defensa del Maíz seguirá reivindicando.

Aprovechando la confusión, se instalaron siembras experimentales y piloto en el norte del país de un modo clandestino. Frente a ello, el gobierno mexicano no reaccionó de acuerdo a lo que la ley mandataba en ese momento, sino que, por el contrario, decretó la ruptura de la moratoria, lo que ocurrió el 6 de marzo de 2009. Con la ruptura de la moratoria se instauró un nuevo paso: de ahí en adelante, las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de siembra experimental y siembras piloto en el norte del país con la ley por delante. En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no certificadas”, “semillas pirata”, lo cual es uno de los signos más alarmantes de cómo la biodiversidad en manos campesinas e indígenas está siendo criminalizada bajo la excusa de protegerla.

De aquí en adelante, el discurso cambió. El gobierno emprendió una estrategia doble: por un lado la promoción de leyes estatales que dicen defender el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certificación y la fiscalización de las semillas, los productores y el proceso agrícola. Por el otro, la delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio nacional, abriendo así el espacio para que en el resto del país exista una enorme extensión para promover agricultura industrial y transgénicos.

Ambas estrategias apuntan a lavar la imagen de las políticas estatales e insisten en que son para cuidar del patrimonio genético del país, la multiculturalidad de los pueblos originarios y la diversidad de los maíces, cuando en realidad preparan la erradicación de todo aquello que, en lo tocante a la agricultura, no esté sometido a los controles establecidos por las normas, reglamentos, leyes y reformas constitucionales de un Estado mexicano muy imbricado con grandes corporaciones.

Hace once años que las comunidades que siembran maíz en sistemas complejos como la milpa insisten en que para defender el maíz hay que sembrarlo; que para defender la libertad de las semillas hay que seguirlas custodiando e intercambiando; que la autonomía más primera es sembrar los propios alimentos, y que partiendo de ahí es posible emprender la defensa integral del territorio.

Las empresas buscan quebrar la producción independiente de alimentos. Para lograrlo deben quebrar la relación de la gente con sus fuentes de subsistencia, y por eso buscan quebrar la idea de la comunidad, la defensa territorial, la autonomía de los pueblos.

El acaparamiento de la tierra y el agua es el paso primordial para después cambiar el uso del suelo, inundar de monocultivos, promover programas autoritarios de intensificación de cultivos con mecanización y paquetes de agrotóxicos, lo que expulsa a la población a las ciudades o a los proyectos agroindustriales para invadir en busca de minerales y biodiversidad, predando el bosque o especulando con la compra-venta de bonos de aire en las bolsas internacionales de valores.

Ahora, buscando apoderarse de toda la cadena alimentaria (desde el acaparamiento de la tierra a los canales de comercialización de los supermercados), han decidido imponer los OGM. Lo grave es que no sólo está en juego la agricultura sino la subsistencia misma de la gente. El ataque se ensaña también en quienes, sin producir sus alimentos, son dependientes absolutos de las políticas gubernamentales y empresariales que decidieron correr el riesgo de agudizar al extremo la salud de toda la población urbana en México tan sólo por establecer su control total sobre las fuentes de producción, la producción misma y su procesamiento y distribución.

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