Verifican la Sagarpa y Cofepris que la carne esté libre de clembuterol
Por Matilde Pérez U., La Jornada, 20 de febrero de 2014
Impulsan programa Proveedor confiable en 20 entidades
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) afirmó que el consumo de carne de bovino es seguro, ya que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lleva a cabo inspecciones regulares en rastros municipales para verificar que el alimento esté libre de clembuterol, además de impulsar el programa proveedor confiable, en el que están inscritas 580 unidades de producción ubicadas en 20 estados que representan más de un millón de cabezas de ganado.
Brian Cookson, presidente de la Unión Ciclista Internacional, asentó en una carta que envió a federaciones nacionales de ciclismo, entre ellas de Holanda, Austria y Sudáfrica: Si pedaleas y no quieres arriesgarte para quedar inhabilitado por dopaje, evita consumir carne producida en México.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) Sagarpa sostuvo que ha reforzado las acciones de prevención de riesgo y trabaja con la Asociación Mexicana de Engordadores de ganado Bovino y de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal para desalentar el uso de sustancia prohibidas en la producción de carne.
El año pasado la Procuraduría General de la República y la Cofepris efectuaron operativos, conjuntos en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y estado de México y, hasta octubre, se analizaron 3 mil 197 de las cuales 165 fueron positivas a clembuterol; también revisaron casi 2 millones de bovinos en los rastros TIF.
Este año se actualizarán reglamentos y normas para desalentar el uso de sustancias prohibidas para la engorda de ganado y llevará a cabo una campaña de difusión contra el uso del clembuterol y continuarán operativos en los rastros municipales y estatales y en caso de que se detecten anomalías se aplicará la Ley Federal de Sanidad Animal que establece un castigo con prisión de cuatro a ocho años y multas de 500 hasta 3 mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica donde se cometió el delito.
