Se reconoció el derecho legítimo sobre el medio ambiente: Concha
Por La Jornada, 11 de octubre de 2013
Por primera vez un juez resolvió una medida precautoria después de años de esfuerzos y la sordera de las autoridades, dijo
Pendiente de resolución, la acción colectiva de 53 organizaciones
Un juzgado federal ordenó a las secretarías de Medio Ambiente y Agricultura no otorgar más permisos de liberación al ambiente de maíz transgénico. Esto imposibilita cualquier aval del gobierno a las solicitudes de cultivo comercial del grano en el campo mexicano que presentaron Monsanto y Pionner en tanto se resuelve la acción colectiva que interpusieron 53 organizaciones y ciudadanos.
Con esta primera resolución sobre la acción colectiva se reconoce el derecho legítimo y colectivo de los mexicanos sobre el medio ambiente, plasmado en la Constitución y en tratados internacionales, dijo en conferencia de prensa ayer por la mañana el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez, sostuvo sobre esta orden judicial que los amparos y litigios están en manos de los abogados; ellos tomarán la decisión que corresponda.
En breve entrevista, luego de inaugurar la 36 Conferencia Norteamérica-Unión Europea sobre Agricultura, el funcionario dijo que la aprobación de las siembras comerciales se dará cuando se tenga información científica más amplia.
La acción colectiva se presentó el 5 de julio en el juzgado 12 de distrito en materia civil en el Distrito Federal como demanda para un medio ambiente sano y por la diversidad biológica de los maíces, en contra de las dos secretarías encargadas de otorgar las autorizaciones y las empresas que pretenden realizar los cultivos.
El pasado 20 de septiembre se notificó a los demandantes del establecimiento de la medida precautoria, explicó el abogado René Sánchez Galindo. En tanto, sigue el proceso de la acción colectiva con la notificación a las empresas –las cuales no aceptaron recibir el aviso–, la etapa de conciliación ante el juez, la presentación de pruebas y peritajes, y la sentencia final, agregó.
