Panorama de los plaguicidas en México

La investigación sobre plaguicidas

En general, los datos sobre los daños derivados del uso de plaguicidas en México son parciales y definitivamente insuficientes.

Aunque hay varias razones para esto, es posible que una de ellas sea que registrar y evaluar estos riesgos no es atractivo para los gobernantes, quienes aparentemente piensan que hablar de ellos puede perjudicar la imagen internacional del país, reducir la llegada de capitales o afectar el turismo; sin contar con que los intereses de la industria de plaguicidas y la agroindustria son contrarios a que exista un diagnóstico correcto de estos problemas.

Una consecuencia directa es que, por lo común, no hay fondos para realizar estudios que permitan documentar estos riesgos o, cuando los hay, son insuficientes, por lo que las investigaciones sobre la presencia de residuos plaguicidas en el ambiente y los alimentos en México y sus efectos adver- sos, son parciales y de poco alcance y no permiten tener una imagen precisa de la situación.

De hecho, no existen datos suficientes sobre la presencia de plaguicidas en los diferentes sustratos ambientales del país; tampoco hay estadísticas confiables de las intoxicaciones por plaguicidas que ocurren en las zonas rurales, mucho menos se han realizado estudios epidemiológicos para detectar los efectos crónicos de los plaguicidas en los jornaleros agrícolas.

Cualquier revisión bibliográfica muestra que la gran mayoría de las investigaciones que se han realizado en México no se han dedicado a los productos de uso actual en el país y se han limitado a determinar los residuos de plaguicidas persistentes en alimentos, tejidos humanos o el ambiente, sin evaluar las consecuencias adversas para la salud pública o el equilibrio ambiental, sobre todo a largo plazo, que pueden derivar de dichos residuos.

Al respecto, en los cuadros 1, 2 y 3 se presenta la relación de investigaciones sobre plaguicidas que se han realizado en los estados costeros del Golfo de México en contraste con las que deberían hacerse.

En este caso existe un círculo vicioso: Debido a que no hay datos suficientes y confiables, el gobierno no considera que los problemas derivados del uso de los plaguicidas sean prioritarios; por lo tanto, no le asigna recursos suficientes a su control ni establece una política pública explícita y adecuada al respecto.

Debido a las limitaciones en los recursos, los investigadores carecen de incentivos y apoyo para realizar estos estudios, lo que redunda en que los datos disponibles sean poco representativos y no justifiquen un cambio de actitud en las autoridades. Por lo tanto, el dilema más importante en la investigación sobre plaguicidas en México radica en cómo romper este círculo.

Mecanismos legales de control

En teoría, varios sectores son responsables de que el uso y manejo de los plaguicidas en el país sea correcto. Estos sectores incluyen a las autoridades de todo nivel, productores e importadores, comercializadores, agricultores grandes y pequeños, trabajadores y consumidores.

Las deficiencias en el control surgen cuando uno o más de estos sectores no conoce o reconoce su responsabilidad.

Un factor importante en este caso es que, hasta el momento, el control de los plaguicidas no ha sido una prioridad oficial y, prácticamente sin excepción, las acciones en este campo han derivado de presiones internacionales y no del reconocimiento en el país de la importancia de proteger la salud de la población y la estabilidad del ambiente de los riesgos asociados con el uso de estos productos.

Aunque en todos los países ha habido un retraso entre el momento en que se conocieron los riesgos de los plaguicidas, y aquél en que se emitieron le- yes y reglamentos para reducirlos, en México este retraso ha sido aún mayor, ya que, a pesar de que estos productos se han usado ampliamente desde fines de los años cuarenta y sus riesgos ambientales y para la salud se empezaron a conocer en el mundo a partir de 1962, hasta el momento el país no cuenta con una legislación integral, congruente, actualizada y eficaz para regular su uso.

En este caso, México ha ido siempre a la retaguardia de las tendencias internacionales. Por ejemplo, hacia 1968, cuando en Estados Unidos ya se reconocía la peligrosidad del DDT para el ambiente y, por lo tanto, se estaba cerca de prohibir su uso, México le compró a ese país la tecnología para fabricarlo.