México: Violaciones al derecho humano a la alimentación
Con esta reforma, el Estado mexicano también demuestra que sólo discursivamente acoge las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional“ (de la FAO), que incluyen la adopción de medidas para promover y proteger la seguridad de la tenencia de la tierra, incluyendo la conveniencia de mecanismos jurídicos y otros mecanismos de políticas que permitan avanzar en la reforma agraria para mejorar el acceso de las personas pobres y las mujeres a los recursos, y promover también la conservación y la utilización sostenible de la tierra, con especial atención a la situación de las comunidades indígenas.
Tampoco es real su apoyo a las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (de la FAO) que reconocen “la centralidad de la tierra para el desarrollo”, alientan la promoción de derechos seguros de tenencia y de acceso equitativo a la misma, establecen que las políticas relativas deberían ser congruentes con objetivos sociales, económicos y medioambientales más generales y asegurar que la asignación de derechos de tenencia no constituya una amenaza para los medios de vida de las personas al privarlas de su acceso legítimo a estos recursos.
En este contexto, resultan pertinentes las recomendaciones generales sobre el tema de Proyectos de desarrollo en gran escala y el derecho a la alimentación que emitió el relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, al Estado mexicano en 2011, que señala que el derecho internacional de derechos humanos establece salvaguardias que protegen a las personas de desalojos y desplazamiento arbitrario generados por el desarrollo, y recomienda que las consultas para la evaluación del impacto ambiental no sirvan únicamente para determinar medidas de mitigación sino que tengan un alcance general y abarquen todas las cuestiones pertinentes para las comunidades afectadas por los proyectos, incluidas las opciones relativas a los medios de subsistencia.
Por último, destaca el informe remitido por la National Farmers Union of Canada (una organización nacional de granjeros) al Relator Especial en mayo de 2012, en el que se denuncia la prioridad del gobierno federal respecto de la industria de hidrocarburos -con lo que no contribuye a mitigar el cambio climático-, el que le otorgue primacía al petróleo y al gas sobre la agricultura, causando daños a la tierra y al agua debido a los impactos del fracking, y que los granjeros no sepan qué clase de químicos están siendo vertidos en sus tierras o en sus cuencas hídricas, generando a la vez un impacto en la provisión de alimentos.
