Hay elementos para investigar al ejército sobre Ayotzinapa, dice Mario Patrón, director del CENTROPRODH

Por Red de Comunicadores Boca de Polen, 14 de mayo de 2015

♦ Prevalece la incógnita ¿cuál fue el móvil del ataque contra estudiantes de ayotzinapa?

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El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) dió un su tercer informe a la opinión pública donde presentaron sus primeras conclusiones sobre el trabajo que están llevando a cabo para el caso Ayotzinapa, a petición de los familiares de las víctimas y del Estado mexicano.

Para hacer un resumen e interpretación, entrevistamos a Mario Ernesto Patrón Sánchez, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y comentó que en estas primeras conclusiones “el grupo de expertos no ha podido vincular la idea de que ellos (normalista de Ayotzinapa) llegarían a boicotear un evento publico que organizaba la esposa del presidente municipal (Jose Luis Abarca) porque ellos llegaron tiempo después, versión que se atribuía como móvil y las motivaciones de lo ocurrido la noche del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por otra parte, otra conclusión importante es que la investigación de la Procuraduría General de la República “todavía deja cuentas pendientes”.

La conformación de este grupo, es un acuerdo de asistencia técnica que firma el Estado Mexicano con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con los padres y madres de familia (de los 43 normalistas desaparecidos), a partir de noviembre del año pasado (2014) a raíz de que se ha visto una tendencia del Gobierno Federal para imponer una verdad oficial sobre los hechos de Iguala, Guerrero en medio de esta imposición que lo vemos como representantes legales de los padres de familia.

El grupo experto, evalúa de manera integral las investigaciones, en este tercer informe también menciona como es que el Estado no ha investigado ni a acusado a ningún responsable por desaparición forzada de personas, que a decir de Mario Patrón “implica diluir la responsabilidad, la desaparición forzada es un delito cometido desde las ventajas del poder a diferencia de la delincuencia organizada y secuestro que son las acusaciones que ha formalizado el estado mexicano”.

El motivo del ataque contra los normalistas

Lo que nos dice el grupo experto, “las acusaciones no están bien hechas por qué no está determinada la participación de los actores estatales en un ciclo de desaparición forzada, además nos dicen los móviles no están explicados y en su segundo informe lo que nos dijeron es que los estudiantes deben seguir siendo buscados y se debe de dar certeza de su localización y paradero”.

El defensor de derechos humanos, aseguró que el grupo experto brindo dos lugares nuevos al Estado Mexicano que deben de ser inspeccionados y que hasta ahora no ha sucedido, por otra parte el grupo expertos ha dicho en el curso de sus tres informes que las líneas de investigación necesitan ser profundizadas e incluso ampliadas, “estamos de nuevo frente a un caso en donde no hay una verdad histórica, en donde es un caso aún inconcluso en términos de justicia e impunidad y no mencionemos ya en términos de reparación del daño, debemos de recordar que el grupo expertos tiene facultades para evaluar la investigación concreta de Ayotzinapa pero también para evaluar la política pública que en materia de desaparición forzada hay en nuestro país”.

Añadió el director del Centro ProDh que el GIEI también puede formular recomendaciones estructurales que realmente impliquen las políticas públicas, los programas de gobierno y los marcos auditorios que eviten que estos hechos como el de Ayotzinapa se sigan repitiendo, “Ayotzinapa es la punta del iceberg, es un caso sumamente relevante que da cuenta de la crisis en materia de derechos humanos que vivimos en el país pero no es un caso aislado, estamos hablando de más de 25 mil personas desaparecidas en México en los últimos 8 años que están viviendo esos casos de falta de injusticia e impunidad”.

Las otras acusaciones

El delito de desaparición forzada en México es una legislación aun insuficiente para prevenir y sancionar esta grave violación a derechos humanos.

Si bien el gobierno ha informado que tiene a 106 personas detenidas todas están acusadas por delincuencia organizada vinculada con secuestro o en el supuesto de homicidio mas no de desaparición, cuando la desaparición es un acto ejecutado desde el estado, desde las ventajas del poder o por particulares que actúan con contubernio.