El cambio climático y la Amazonia: un grito de alarma
En países progresistas los argumentos son diferentes: se necesita extraer las riquezas naturales y promover la exportación agrícola para financiar las políticas sociales y en regímenes socialdemócratas se nota en el discurso político una mezcla de los dos argumentos. Pero cualquier que sea el discurso el resultado es lo mismo.
Al oeste de la Amazonia es la explotación petrolera la que avanza en la selva. Basta visitar una región como el Putumayo colombiano para observar los daños enormes de solamente la fase de exploración.
El presidente de Vetra, empresa petrolera canadiense, el señor Humberto Calderón Berti, afirmó en 2014 que a pesar de las dificultades (baja del precio del crudo, oposición de la población, actividades guerrilleras) “no nos vamos del Amazonas, pues es un mar de petróleo que va desde el alto de Macarena y pasa por Ecuador y Perú”. Actualmente la compañía extrae 23 mil barriles diarios en el Putumayo colombiano.
En Venezuela nuevos yacimientos esperan su explotación para contribuir, entre otros, a la política de solidaridad del Alba. En Ecuador el proyecto profético del Yasuní está abandonado, a causa de la falta de apoyo internacional y también de la presión de intereses locales, y la frontera petrolera sigue avanzando. En Perú y Bolivia, los pozos de petróleo y gas se multiplican.
En todas partes, desechos siguen contaminando las aguas y los suelos por negligencias culpables, como en el caso de Chevron (antigua Texaco) en Ecuador, por accidentes de explotación o de transporte o solamente porque las tecnologías limpias son demasiado costosas.
Algunos ejemplos concretos. En Ecuador, son más de 16 mil millones de galones de agua contaminada que fueron enviados por Texaco a los ríos de la Amazonia .
Unas mil piscinas de desechos no dejan de filtrar crudo en los suelos, tras 30 años de la salida de la compañía. En 1993, 30 mil ecuatorianos afectados presentaron en Nueva York un reclamo judicial. Se trata de la catástrofe más grande de derrames en años recientes en los mares.
En Loretto, Perú, el derrame total fue de 2 millones 637 mil barriles (353 mil toneladas). En 1979 fue de 287 mil toneladas (10 veces más que la catástrofe de Exxon Valdez). Hubo afectaciones prácticamente irreversibles, tomando siglos la rehabilitación.
Metales pesados, cadmio, arsénico, plomo, etcétera, superaron de 322 veces los límites máximos permitidos. El estado de emergencia fue declarado: 100 comunidades fueron afectadas, con más de 20 mil personas, sin hablar de las consecuencias sanitarias (cánceres, mutaciones genéticas, abortos) y socio-culturales.
En el mismo país, en 2009, se movilizaron miles de personas en Bagua contra los proyectos extractivos. Destruyendo bosques y ríos y hubo, en la Curva del Diablo, 53 muertos y 200 heridos. Otras dos empresas han recibido 658 millones 879 mil 677 hectáreas en concesión.
Al este son las minas las que comen grandes espacios de la selva. En el estado de Para, norte del Brasil, la empresa Vale ha recibido una concesión de más de 600 mil hectáreas y las explotaciones de minas de cobre y oro se añaden a las de hierro, transformando grandes superficies en paisajes lunares.
La actividad minera se encuentra también en varias regiones del oeste y centro. Así, en Perú, en la cordillera del Cóndor, la firma canadiense Afrodita recortó una parte del parque Ichigkat Muja para actividades mineras. En el lado ecuatoriano, el yacimiento Cóndor-Mirador se encuentra en conflictos con las comunidades indígenas por falta de precaución ambiental y de estudios de impactos.
Desde el sur suben los monocultivos de soya y palma en grandes rectángulos que, vistos desde un avión, parecen como heridas abiertas en el paisaje. El código forestal brasileño explica en su introducción que el país quiere favorecer la “agricultura moderna”, es decir, industrial. El Rey de la soya es el gobernador del estado de Mato Grosso.
Las represas hidroeléctricas ocupan principalmente el centro de la selva amazónica, inundando decenas de miles de hectáreas de tierra forestal. En Brasil, la represa de Itaipu tiene un lago artificial de 200 kilómetros de largo, cubriendo un área de mil 400 kilómetros cuadrados. En el proyecto del río Madeira, en el estado de Rondonia, 10 mil personas fueron obligadas a quitar su hogar.
La hidro-eléctrica Belo Monte, sobre el río Xingu, inundó 500 kilómetros cuadrados, afectando a 40 mil familias. El embalse de Balbina, durante los tres primeros años de su existencia, ha emitido 23 mil 750 toneladas de C02 y 140 mil toneladas de metano.
