Alianza Nacional “De Mérida a Ensenada, transgénicos para nada”

Por Campaña Nacional sin Maíz no hay País, 24 de enero de 2014

• Se unifican los colectivos que han enfrentado con la justicia la complicidad entre el Gobierno de México y los monstruos corporativos de las semillas representados por Monsanto
• Insisten en la responsabilidad que tiene el Poder judicial de la Federación para hacer efectivos derechos que han sido violados con la política pro-transgénicos.
• Realizarán a lo largo del año acciones conjuntas en diversos ámbitos.

El día de hoy 24 de enero, anunciamos a la sociedad y a ustedes, los medios de comunicación, que estableceremos una gran Alianza de dos colectivos que han decidido tomar la ley en sus manos, defender sus derechos y pelear por la justicia. Los integrantes de la demanda de Acción Colectiva maíz así como el Colectivo MA OGM, tenemos ya un largo historial en la resistencia frente a la política gubernamental de convertir a México en un país cuya soberanía alimentaria esté en manos de transnacionales sin escrúpulos, ya que además de ser una política que nos conducirá al desastre  alimentario y ambiental, los procesos de otorgamiento de permisos para siembra de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) han estado plagados de ilegalidades, por lo cual se han interpuesto diversos instrumentos jurídicos, algunos de ellos se encuentran en etapas de resolución, señalo Federico Berrón.

Añadió Berrón que con las acciones legales interpuestas hemos ejercido el principio de justiciabialidad como una herramienta de lucha con base en los derechos que tenemos, que nos conduce al ámbito del Poder judicial, el cual es sumamente complejo pero tiene múltiples posibilidades que se han demostrado con los logros obtenidos con las dos suspensiones de permisos logradas por dos caminos diferentes; la de la soya revocada.

El abogado René Sánchez Galindo explicó que el acceso a la agro biodiversidad sin transgénicos es un derecho humano reconocido por la Constitución, la ConConvención de la Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y la Ley de bioseguridad, se trata de una herencia milenaria, que a su vez, debemos dejar como legado generacional. Esta riqueza ambiental, alimentaria, cultural, saluble y patrimonial beneficia a todas las personas de México y del mundo, por lo tanto, no tiene comparación con los pírricos beneficios que un puñado de personas obtendría con la mal llamada tecnología transgénica, remató el abogado de la asociación civill colectivas.

Por su parte Jorge Fernández, abogado de Indignación y del Colectivo MA OGM, encargado de llevar el caso contra los permisos de soya transgénica en la península , señaló que hasta la fecha se han presentado ante los juzgados federales de Yucatán y Campeche, más de 20 pruebas de distinta naturaleza que acreditan no sólo la violación al derecho a la consulta hacia el pueblo maya peninsular, sino también el riesgo inminente de contaminación de la miel por polen transgénico y del medio ambiente por los herbicidas utilizados para su siembra.

Enfatizó que “es preciso insistir en la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de la Federación para hacer efectivos derechos que han sido violados con la política pro-transgénicos impulsada en la actual administración federal. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio de derechos humanos por parte de la ONU, mismo que esperemos se refleje en el actuar de sus órganos juzgadores.

De especial preocupación es la protección de los pueblos originarios afectados, cuya presencia ha sido negada y omitida por parte del ejecutivo federal al momento de promover y otorgar permisos para la siembra de máiz, soya y otros cultivos genéticamente modificados, de tal manera que no avale y sea cómplice de una política que afecta la soberanía alimentaria, los derechos culturales y el medioambiente del país. El acceso a la justicia, a la alimentación, el derecho a la consulta y la igualdad y no discriminación, son derechos fundamentales que deben ser analizados y protegidos por los jueces federales, atendiendo al estándar más alto de protección a los derechos humanos”.

La actividad agrícola en el sureste de México es muy importante, ya que 20 mil familias de productores de origen maya dependen de ella, y como se ha documentado en diversos estudios, la siembra de soya transgénica es incompatible ocn la actividad apícola por el riesgo inmimente de contaminación de este producto ancestra. Tan es así que la Conabio, la Conamp, el Ine y el Ecosur, entre otras instituciones, desaconsejan la siembra de soya OGM, dados los efectos que para la producción de miel, el medioambiente y la salud podrían producirse, debido no sólo al transgénico en sí, sino al herbicida que es altamente nocivo para la salud, para constatarlo basta ver lo que ocurre en la provincia del Chaco en Argentina. De igual manera, los jueces federales ya cuentan con exámenes de laboratorios internacionales que acreditan que ya existen casos de miel peninsular contaminada por dicha leguminosa, exámenes coincidentes con estudios que han hecho investigadores de El Colegio de la Frontera Sur y que son contundentes en acreditar la imposible coexistencia entre miel y soya OGM. Además, se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, pues la siembra de soya transgénica afecta fundamentalmente el territorio mayha, dijo Leydy Pech, productora de la miel en Yucatán.